La propuesta de reforma constitucional exprés pactada por el PSOE y la derecha es el mayor atentado contra el Estado de bienestar en la larga historia de todas las políticas de ajuste económico realizadas en España. El PSOE y la derecha argumentan que, de la misma forma que una familia no puede gastar más de […]
La propuesta de reforma constitucional exprés pactada por el PSOE y la derecha es el mayor atentado contra el Estado de bienestar en la larga historia de todas las políticas de ajuste económico realizadas en España.
El PSOE y la derecha argumentan que, de la misma forma que una familia no puede gastar más de lo que ingresa, se debe obligar al Estado a que no gaste más de lo que ingresa. Tal argumentación oculta, como explica el catedrático Vicenç Navarro, que la gran mayoría de las familias gastamos anualmente más de lo que ingresamos, debido al crédito. Cuando una familia se compra una casa o un coche pide prestado dinero y lo paga en varios años. Lo mismo ocurre con el Estado, que invierte en carreteras, centros de salud o escuelas públicas para mejorar el presente y el futuro de la ciudadanía, no sólo de hoy, sino de las generaciones que nos sigan, necesita endeudarse para financiarlo. El argumento de que «es injusto dejarles una deuda pública a nuestros hijos», oculta que nuestros hijos requieren estas inversiones para que les dejemos un mundo mejor, argumenta este experto. Negarle al estado la capacidad de endeudarse es semejante a que se les dijera a las familias que no pueden endeudarse.
El PSOE y la derecha hablan de «estabilidad presupuestaria» y de «limitar el déficit público» pero lo que quieren consagrar en la Constitución es que «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones estarán incluidos en los presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta» sobre el pago de pensiones, el pago del desempleo, el pago de los salarios de los empleados públicos, el gasto en sanidad y en educación. Ninguno de estos gastos incluye esta especificación en la actual Constitución, por lo que estarán por debajo de esa prioridad. De esta forma, en la nueva Constitución, la prioridad será el ajuste presupuestario y la deuda, no el empleo ni la política social. Irán antes los mercados que el presente y el futuro de la ciudadanía.
El PSOE y la derecha arguyen que «no podamos gastar tanto», que «no podemos gastarnos lo que no podemos pagar», que «debemos equilibrar gastos con ingresos». Lo que ese argumento oculta es que el origen del déficit público no han sido los gastos públicos, sino los ingresos.
Como demuestra el profesor Navarro, no sólo nuestro gasto público social es mucho más bajo (74% del promedio de la UE-15) de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que España tiene (94% del PIB per cápita de la UE-15), sino que nuestra deuda pública es menor que el promedio de la Unión Europea de los 15. Además la deuda pública es mucho menor -60% del PIB- que la deuda privada de las familias y de las empresas -189%-.
El problema es que durante estos años el déficit público ha ido en aumento debido a una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo: en el 2010 las rentas del trabajo pagamos cuatro veces más impuestos que los beneficios del capital; mientras la población trabajadora paga impuestos en porcentajes similares a sus homólogos en la UE-15, la gran empresa, la banca y las rentas superiores pagan impuestos en porcentajes mucho menores -del 10% al 17%- que los de sus homólogos en el promedio de la UE-15.
A esto se añaden las concesiones que tanto PSOE como PP han ido haciendo a la Banca y a las grandes corporaciones y a las rentas más altas, como la inyección de dinero público a la Banca, el no gravar las SICAV, la privatización de empresas públicas rentables (que eran una fuente de ingresos públicos), el no perseguir el fraude fiscal (el 80% del fraude fiscal, 88.000 millones de euros, lo realizan esos sectores), la rebaja de impuestos a la patronal, la reforma laboral, el impuesto del patrimonio a las personas con más riqueza (eliminado por el PSOE), la financiación de la iglesia católica (7.000 millones de euros anuales), etc.
Por tanto, lo que deberíamos constitucionalizar son mecanismos para aumentar la recaudación de quienes no pagan, no pagan de acuerdo a sus ingresos o de quienes evaden impuestos. Porque lo que se necesita, como argumenta el economista Juan Torres, es recuperar los ingresos, no rebajar el gasto público que es un estimulante del crecimiento económico, evitando claro está el despilfarro y la corrupción. Pero lo que el PSOE y la derecha quieren constitucionalizar es que las deudas de la especulación financiera, del rescate bancario y de la evasión fiscal los paguemos los trabajadores y trabajadoras, consagrando en la Constitución para el futuro que será prioritario y habrá que anteponer el reducir ese déficit a los gastos sociales y las políticas de empleo.
El PSOE y la derecha presentan la reforma como «un mensaje claro a los mercados para calmarlos». Es lo mismo que se ha dicho con cada medida antipopular, sin que de ellas se siguiese calma alguna, como demuestra el sociólogo José Luis de Zárraga, sino el fortalecimiento y la exacerbación de las exigencias de los mercados, que son insaciables y que nada les parece suficiente para engordar su cuenta de beneficios. Unos mercados cada vez más alejados de cualquier objetivo relacionado con el bien común.
Y lo más grave es que esta reforma se quiere hacer de espaldas a la ciudadanía. Hacer una reforma constitucional es una decisión del máximo rango que sitúa la cuestión en el terreno de los principios, por encima de las leyes y las políticas. Ante un cambio tan de fondo en nuestra Constitución, que afecta al Título Preliminar de la Constitución que define a España como Estado social al restringir el margen de maniobra que tiene el Estado para gestionar su economía y consolidar políticas de ajustes y recorte de derechos sociales, es necesario un referéndum vinculante.
Como denuncia Jueces para la Democracia no podemos permitir que se banalice el valor y significado de los textos constitucionales, que no son simples leyes que configuran opciones económicas coyunturales, que se pueden modificar con negociaciones opacas entre las cúpulas de dos partidos imponiendo a los demás el voto disciplinado. Representar no es sustituir la voluntad de quien es representado. Se necesitan debates de calado, con tiempo para escuchar las voces de los diferentes agentes sociales, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente. Sólo así es posible construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Esta es la verdadera democracia: que la ciudadanía se pronuncie ante algo que les va a afectar tan profundamente, a ellos y a las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.