Realmente estamos ante una perversión del ejercicio y desarrollo de la democracia porque cuando en el juego democrático se hace trampa, habrá de todo menos democracia. Ni siquiera hace falta recurrir al disimulo o a la ingeniería financiera, todo a la luz del día y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA, […]
Realmente estamos ante una perversión del ejercicio y desarrollo de la democracia porque cuando en el juego democrático se hace trampa, habrá de todo menos democracia. Ni siquiera hace falta recurrir al disimulo o a la ingeniería financiera, todo a la luz del día y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA, o en Boletín de la comunidad que corresponda o en el BOE.
El gobierno asturiano aprobó los 4.262 millones de euros de los Presupuestos de gastos de 2008 prorrogando los de 2007 con un decreto ley al no haber conseguido la mayoría necesaria en el parlamento regional, pero, por si esto fuera poco, sólo unos días después el Presidente Areces, del PSOE, firma con el Presidente de la patronal García Vigón, con el secretario de CCOO Justo R. Braga y con el secretario de UGT Antonio Pino un «Acuerdo de Concertación Social» (que denominan con todo lujo «Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias», ACEBA), por un período de cuatro años y por un importe de 3.691 millones de euros, casi tanto como los Presupuestos generales.
La pregunta obvia de ¿Quién gobierna en Asturias? tiene una única respuesta: la patronal y dos dirigentes sindicales cuyos respectivos sindicatos CCOO y UGT –como los sueldos y gastos de sus dirigentes– no se financian, en absoluto, con las cuotas de sus afiliados de los que no dependen para nada, sino de los presupuestos del Estado, del gobierno autonómico y de estos «Acuerdos» firmados que, en lo democrático, son fraudulentas. Todo ello al margen de sus afiliados, a espaldas del resto de los sindicatos, de todas las organizaciones sociales y de cualquier debate o participación ciudadana y sindical.
En cuanto al contenido del Acuerdo, al cumplimiento y al seguimiento de esos 3.691 millones, como fácilmente se deduce, escapa de la decisión y control del parlamento asturiano y, por supuesto, de los afiliados a CCOO y UGT en cuyo nombre se ha firmado, teóricamente. Son muchos los «Acuerdos de Concertación» firmados pero nunca se ha sabido y comprobado, tampoco ahora una vez más, ni el destino ni en qué consisten los «beneficios» y «bienestar» que dicen promover y tampoco hay modo de saberlo con documentación acreditada. En estas condiciones cuando las cuentas no están claras cualquier conjetura es posible y válida, es dinero público del que habría que dar cuenta de hasta el último céntimo de euro, pero más bien se habla –y se piensa, cómo no– de que así se financian a los sindicatos con lo que se mantiene el «bienestar y la paz social» pero sólo para los dirigentes firmantes de CCOO y de UGT y, por supuesto, para la patronal por la vía de las condiciones de empleo y por la precariedad concertada en estos «Acuerdos».
Esta forma -secreta y arbitraria- de negociar los recursos presupuestarios que habrían de contribuir a mejorar las prestaciones sociales, dan origen a una nueva clase social, sindical y política, a una nueva realeza que acapara los recursos, los medios y el poder. Por un lado, lejos de los ciudadanos por la marginación que hacen del Parlamento y, por otro, lejos de los trabajadores por la marginación de los afiliados a los sindicatos firmantes CCOO y UGT y mucho más a los sindicatos y otras organizaciones sociales que ni siquiera llegan a firmar. Ni unos ni otros pueden conocer el contenido de los acuerdos y menos a participar, aunque fuera de lejos, ni en los acuerdos ni en los contenidos.
El gobierno asturiano del PSOE no ha tenido, ni tiene, oposición seria. Al PP le va bien la política socialdemócrata del PSOE y a IU que, se ha empeñado más en entrar en el poder que en discutir los contenidos, se quedó fuera del gobierno a pesar de que en la pasada legislatura colaboró y participó en todas todas las medidas socialdemócratas del PSOE, discrepando en muy pocas ocasiones en los medios de comunicación, pero no nunca en los hechos.
Aún hay que añadir que una buena parte de los presupuestos van destinados a financiar actividades que, debiendo ser públicas, fueron privatizadas lo que constituye, además, una dejación de las funciones públicas y un fraude en cuanto a la «irregular» contratación de los nuevos gestores, responsables y trabajadores de esas actividades públicas privatizadas que se ejercen lejos del control del Parlamento o de cualquier otro organismo de la Administración.
La privatización que se está realizando no tiene límites, va desde el control de la seguridad hasta cuestiones tan sensibles para cualquier Administración o Gobierno, como son los contenidos contables, administrativos, concursos, sanidad, etc, que pasan a ser controlados por la empresa informática Accenture, una multinacional con acceso y manejo de toda la información más sensible del gobierno, todo ello previa marginación de los informáticos funcionarios de la administración que han sido relegados.
Los Presupuestos -el gobierno– consideran como empresas públicas a 20 Sociedades Anónimas, que si bien su capital social es público, en todo o en parte, no así su gestión y dirección que, desde luego, no ha de rendir cuentas en el parlamento ni a los funcionarios de la Administración, lo mismo que la selección de su personal que es arbitraria y sin ningún control. El presupuesto asignado a estas S. A. mercantiles es de 326 millones de euros. Lo mismo sucede con las 6 Fundaciones con un presupuesto de gastos de 37 millones de euros, sin que se mencione a la Fundación del los Premios Príncipe de Asturias con muchos millones de euros a cargo de los Presupuestos.
Por otra parte, es difícil saber cual es el importe de los servicios públicos subcontratados fuera de la administración y mucho más cuando estas tareas las realizan o se interponen las mencionadas Sociedades Anónimas consideradas como públicas.
En las administraciones municipales, más de lo mismo, subcontratan y crean Sociedades Anónimas con presupuestos municipales y con personal nombrado a dedo, todo ello fuera del control de los funcionarios municipales y del pleno municipal.
Cuando el sistema electoral, la ley electoral y la ley D’Hont son discriminatorias y determinan el bipartidismo. Cuando sólo pueden presentarse a las elecciones quienes tengan recursos, medios, medios informativos y, sobre todo, dinero y poder ¿Merece la pena presentarse cada cuatro años a depositar una papeleta, impresa de antemano, en la que ya todo está escrito y nada se puede modificar