El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales ( sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar […]
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales ( sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar parte del dinero del Fondo de Reserva de las pensiones a gestores privados para diversificar sus inversiones, con el fin de mejorar su «rentabilidad «.
Comunicado de ATTAC-España:
ATTAC-España quiere expresar su desacuerdo con este anteproyecto de Ley, y alertar a la opinión pública sobre las consecuencias previsibles del mismo . Por ello manifestamos:
- Que la determinación de invertir en operaciones de renta variable (es decir, especulativas) hasta el 30% del patrimonio total del Fondo de reserva de Pensiones, es una decisión muy grave que conlleva un riesgo económico cierto para los interesas ciudadanos y que consideramos completamente inasumible.
- Por otro lado, ATTAC se manifiesta abiertamente en contra de que la administración de esta cartera de inversiones públicas se quiera hacer externa y se ponga en manos de gestoras privadas, es decir de bancos y de compañías aseguradoras. Ello significaría un paso más hacia una privatización de hecho de fondos públicos de los españoles y al reforzamiento de la gran banca, otorgándole una capacidad de maniobra, tanto económica como política, de difícil control, a pesar de las medidas cautelares que se quieren proponer. Hemos visto recientemente que estas medidas siempre son difíciles de aplicar cuando se trata de defender los intereses ciudadanos.
- Esta nueva cesión al sector privado de parcelas de la administración pública, significaría igualmente que esos fondos públicos van a servir para lucrar a los gestores de las futuras comisiones derivadas del manejo de los dineros del Fondo y que van a suponer centenares de millones de Euros anuales para sociedades, asesores y comisionistas beneficiarios de esta concesión.
En definitiva, son una vez más los criterios de la rentabilidad bursátil y del mercado los que , a juicio del Gobierno y de nuestros agentes sociales , se quiere primar a la hora de gestionar el futuro de la «hucha» de las pensiones. Una hucha de más de 40.000 millones de euros – el 4,1% del PIB español – que hemos ido llenando todos los españoles y cuya gestión, distribución de excedentes y control de los mismos se escapa cada vez más a la voluntad y decisiones de los ciudadanos . Mientras tanto en nuestro país persisten unos niveles medios de pensión indignos e indefendibles y unos desequilibrios y déficits inaceptables en materia social y de distribución de los recursos económicos.
Si el Gobierno persiste en aprobar unilateralmente este proyecto ATTAC promoverá una movilización ciudadana. Un cambio de esta envergadura en la utilización financiera de los fondos del sistema de pensiones requeriría en todo caso un amplio debate en la sociedad, preguntándoles a los ciudadanos españoles qué destino quieren dar a esas importantes sumas de dinero
Nuestra propuesta alternativa para garantizar el futuro de las pensiones es que el gobierno corrija las políticas fiscales que viene realizando y que implemente medidas necesarias para incrementar el erario público. En este sentido debería dejar de rebajar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas y compañías transnacionales, las cuales multiplican sus beneficios año tras año. También debería aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital financiero, así como los recursos de la administración tributaria para combatir la evasión y el fraude fiscal, medidas que asegurarían un incremento muy significativo del erario público.
Que las pensiones estén garantizadas y no peligren, sólo depende de la voluntad política de los gobiernos para implementar sistemas fiscales más justos. En ese sentido si llegara a darse una situación de déficit en los fondos de pensiones públicos, este habría de ser cubierto con partidas de los presupuestos generales del Estado. Unas pensiones dignas son un derecho de los trabajadores, más allá del sistema de satisfacción intergeneracional, y que debe de ser garantizado.
ATTAC-España, 1 de Mayo de 2007