El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 de la USAF (US Air Force) que portaba cuatro bombas termonucleares, colisionó con un avión cisterna en el transcurso de una operación de reabastecimiento en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería). De las cuatro bombas, dos impactaron contra el suelo y liberaron unos nueve kilos […]
El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 de la USAF (US Air Force) que portaba cuatro bombas termonucleares, colisionó con un avión cisterna en el transcurso de una operación de reabastecimiento en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería). De las cuatro bombas, dos impactaron contra el suelo y liberaron unos nueve kilos de plutonio que el viento se encargó de diseminar por una amplia zona.
Los norteamericanos hicieron una limpieza cosmética. Por orden expresa del entonces secretario de Estado, Dean Rusk, se llevaron a EEUU tan solo 1.000 metros cúbicos de material radiactivo que contenían unos 270 gramos de plutonio. El resto de material radiactivo lo dejaron abandonado al aire libre, salvo una superficie de 103,6 hectáreas que se molestaron en tapar con tierra. También escavaron dos fosas clandestinas, una de 1.000 metros cúbicos y otra de 3.000 metros cúbicos donde enterraron materiales contaminados.
El Gobierno de Franco y el de EEUU acordaron engañar a la opinión pública diciendo que los terrenos estaban limpios y firmaron un acuerdo llamado Proyecto Indalo por el cual se comprometían a investigar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos, en la flora, en el ganado, en los alimentos, en la fauna silvestre y doméstica y en el medio ambiente en general, pero sin tomar ninguna medida paliativa. Es decir utilizaron a Palomares como un laboratorio en vivo sin el consentimiento de sus habitantes.
Los agricultores, desconociendo que sus tierras estaban contaminadas de plutonio las cultivaron durante décadas, mientras los científicos españoles y estadounidenses aprovechaban para analizar las consecuencias de estos trabajos agrícolas en la salud humana sin advertir a sus protagonistas de que estaban siendo utilizados de cobayas. Estas investigaciones ilícitas se llevaron a cabo durante la dictadura y la democracia, con gobiernos de derechas y de izquierdas.
Como muestra de las investigaciones llevadas a cabo por el CIEMAT, sucesor de la Junta de Energía Nuclear y responsable de lo que está sucediendo en Palomares, voy a citar algunas frases de la investigación llevada a cabo en noviembre de 1999 por tres científicos del CIEMAT, J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón: «…en 1988 se construyó una balsa de riego con amplia movilización de tierras, situada a unos 500 m de la estación de muestreo de aire. En la Tabla 5 se muestran las concentraciones en masa de partículas y de actividad de Pu, así como la actividad específica de polvo en suspensión en Palomares y el factor TF calculado en este periodo… en Palomares las concentraciones másicas en aire aumentan en el periodo de construcción de la balsa… las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas en Palomares».
Por supuesto a los trabajadores que construyeron esa balsa y otra contigua, durante meses, nadie les advirtió de que estaban trabajando en una nube de polvo radiactivo que el viento se encargaba de esparcir por la zona. Incluso las tierras radiactivas eran transportadas en camiones sin cubrir que iban esparciendo polvo radiactivo a lo largo de su recorrido, según explicaba el responsable del CIEMAT, E. Iranzo, en sus informes periódicos enviados al Dr. Chester Richmond, director del Laboratory for Biomedical and Environmental Sciences.
La situación actual no ha variado gran cosa, la única medida paliativa que se ha adoptado ha consistido en expropiar y vallar parte de la zona radiactiva. Esta medida se comenzó a adoptar con la publicación del artículo 130 de la Ley 62/2003, cuyo contenido se aprobó ocultando deliberadamente a la opinión pública que los terrenos a vallar estaban en Palomares. Cualquier lector curioso puede apreciar fácilmente el engaño leyendo el citado artículo 130 de la Ley 62/2003 (puedes hacerlo aquí).
La necesidad de limpiar Palomares no surgió por problemas morales, sanitarios o de cualquier otra índole similar, no. El Gobierno de turno decidió iniciar los trámites para limpiar Palomares por la presión de la burbuja inmobiliaria y consiguiente necesidad de limpiar los terrenos radiactivos porque nadie compra un adosado con plutonio en la planta baja. El plan de limpieza de Palomares, que por cierto ha sido declarado confidencial, está paralizado a la espera de que los EEUU decidan llevarse el plutonio, cosa que obviamente no están dispuestos a hacer.
Por tanto, según el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear, la limpieza de Palomares depende exclusivamente de que los EEUU decidan llevarse el plutonio propiedad de la USAF, algo que evidentemente no va a ocurrir a medio plazo.
El problema para los habitantes de Palomares, turistas y consumidores europeos y nacionales de productos hortícolas en general, es que el plutonio 241 emite radiaciones alfa de escasa penetrabilidad pero con el paso del tiempo ese plutonio 241 se está transformando en americio 241 que emite radiaciones gamma de mucho mayor alcance.
Según el científico del CIEMAT Carlos Sancho, la transformación de plutonio 241 en americio 241 alcanzará sus máximas cotas dentro de diez años. A partir de entonces, si no se ha procedido a limpiar la zona, los habitantes de Palomares deberían evacuar el pueblo, algo que se debió de hacer en 1966 pero que no se hizo para evitar la alarma y para que los norteamericanos pudiesen disponer de un laboratorio en vivo.
La culpa de que los EEUU no se lleven el plutonio y el americio es de los sucesivos gobiernos españoles, que les importa tanto Palomares como el asesinato del periodista Couso en Bagdad. A principios de este siglo se celebraron varias reuniones en los EEUU para limpiar Palomares. La delegación española iba encabezaba por un agregado militar del Ejército de Tierra que no sabía absolutamente nada de Palomares, mientras los norteamericanos enviaban a altos responsables del Departamento de Defensa. Lógicamente los norteamericanos al ver tan escaso interés por parte española se desentendieron del tema.
Por esas fechas se estaba negociando el despliegue del escudo antimisiles en Rota. Las conversaciones las llevaba el general Cachinero por parte española. Un representante de Ecologistas en Acción y Teresa Mendizábal, científica del CIEMAT, se entrevistaron con el entonces JEMAD, el general Julio Rodríguez, al que pidieron que el general Cachinero incluyese el plutonio de Palomares en las negociaciones del escudo antimisiles. La respuesta vino del propio presidente Zapatero: «Las contrapartidas del escudo antimisiles serán exclusivamente los puestos de trabajo que se van a crear en Rota». Zapatero entonces estaba purgando la ofensa de no haberse levantado al paso de la bandera americana.
Posteriormente, cuando los norteamericanos pidieron instalar una fuerza de reacción rápida de 3.000 soldados en la Base de Morón, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, le pidió al ministro de Defensa que negociara también el plutonio de Palomares. La respuesta de Morenés fue: «Bastantes problemas tiene España como para enturbiar las relaciones con EEUU por una menudencia». Los 3.000 soldados de Morón se instalaron a cambio sólo de la construcción de unas viviendas.
La sumisión de los sucesivos gobiernos españoles a los intereses de los EEUU no es nueva. En el año 2002 el Gobierno autorizó que, el servicio de información de la Navy, NCIS, y el de la USAF, AFOSI, operasen como policía judicial en España de tal forma que si un militar norteamericano comete un delito, no será la policía española quien lo investigue sino la NCIS o la AFOSI, pudiendo incluso ser la jurisdicción norteamericana quien juzgue el caso. Recomendamos a los roteños que tengan mucho cuidado de no tener ningún roce con un militar norteamericano porque pueden verse absolutamente indefensos en su propio país.
El 6 de abril de 2017 destructores con base en Rota lanzaron 59 misiles Tomahawk sobre Siria. La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, dijo al día siguiente que se había enterado por la prensa. Los EEUU nos metieron en la guerra de Siria sin consultar y el Gobierno español lo aceptó resignadamente.
En junio de este año el Gobierno de EEUU impuso aranceles a productos agrícolas españoles como castigo por la retirada de la fragata Méndez Nuñez de la flotilla de acompañamiento del portaaviones Abraham Lincoln cuando se adentró en el Golfo Pérsico. La tibia respuesta del Gobierno español fue llamar al embajador americano, noticia que duró unas horas, sin embargo los aranceles unilaterales siguieron vigentes. En el tema de los aranceles, al igual que con otros muchos, han tenido que ser los ciudadanos de a pie los que se defiendan de los abusos norteamericanos. En este caso la asociación Asemesa ha conseguido anular los aranceles arbitrarios en el Tribunal Federal de Comercio Internacional de EEUU mientras el Gobierno español mira sumiso para otro lado.
Recientemente el Gobierno español ha permitido, sin autorización del Congreso, el despliegue de seis helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk en Rota. La disculpa para saltarse el trámite parlamentario ha sido que no se trata de ampliar los efectivos militares sino de cambiar cuatro destructores antiguos por otros más modernos que transportan helicópteros.
Hace unas semanas el Ministerio de Defensa lanzó un globo sonda diciendo que en vez de cuatro destructores podrían traer hasta seis, con ocho helicópteros. Si se amplía el número de destructores de la Navy sería buen momento para proponer de nuevo, como medida compensatoria, que se lleven el americio de la USAF a los EEUU. Esta iniciativa la tendremos que proponer los ciudadanos, salvo que el nuevo Gobierno cambie su política servil por otra algo más propia de un aliado.