Introducción
En las últimas décadas, el avance de gobiernos autoritarios en distintas regiones del mundo ha coincidido con un retroceso acelerado en los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Esta coincidencia no es accidental ni marginal: constituye un patrón histórico y contemporáneo que revela la profunda interdependencia entre autoritarismo y heteropatriarcado. Como han señalado diversas autoras feministas, los proyectos autoritarios requieren orden, obediencia y jerarquías para sostenerse (Fraser, 2016; Corrêa & Graff, 2021). Para imponer ese orden, comienzan por controlar los cuerpos, la sexualidad, la reproducción y la vida cotidiana.
Las mujeres y las personas sexo‑diversas encarnan, en su sola existencia, la posibilidad de vivir de otras maneras, de cuestionar la autoridad, de romper los moldes rígidos que el poder necesita para mantenerse. Por ello, se convierten en el primer territorio donde se ensaya la represión. Este ensayo analiza por qué el autoritarismo siempre va de la mano con el retroceso en derechos de género y diversidad, cómo opera esta articulación y por qué defender estos derechos es defender la democracia misma.
1. El heteropatriarcado como infraestructura del autoritarismo
Carole Pateman (1988) mostró que las sociedades modernas se fundan sobre un “contrato sexual” que asigna a los hombres la autoridad política y a las mujeres la subordinación. Este contrato no es solo histórico: se reactiva cada vez que un proyecto autoritario busca consolidarse. El heteropatriarcado, entendido como régimen que combina patriarcado y heteronormatividad, constituye una infraestructura de poder que los autoritarismos utilizan para reinstalar jerarquías y disciplinar cuerpos.
1.1. ¿Qué es exactamente el heteropatriarcado?
El concepto de heteropatriarcado permite comprender cómo se articulan las jerarquías de género y sexualidad dentro de los sistemas políticos contemporáneos, especialmente en contextos autoritarios. Aunque suele emplearse en debates públicos y activistas, su densidad teórica proviene de múltiples tradiciones críticas: la teoría feminista, los estudios de género, la economía política feminista y la genealogía de Michael Foucault del poder.
En términos generales, el heteropatriarcado puede definirse como un régimen de organización social que combina dos estructuras históricas:
a) El patriarcado, que asigna a los hombres la autoridad política, económica y simbólica sobre las mujeres y los cuerpos feminizados;
b) La heteronormatividad, que impone la heterosexualidad como única forma legítima de vida, deseo y parentesco.
Sin embargo, esta definición básica no captura la complejidad del fenómeno. Para entender su funcionamiento, es necesario analizar cómo opera simultáneamente en tres dimensiones: política, económica y cultural, produciendo un entramado de poder que organiza la vida social y define quién puede existir plenamente como sujeto.
Desde la perspectiva política, el heteropatriarcado establece una arquitectura de autoridad donde la masculinidad —particularmente la masculinidad heterosexual— se convierte en el modelo legítimo de ciudadanía. Pateman (1988) mostró que el “contrato sexual” es el fundamento oculto del contrato social moderno: la autoridad masculina es naturalizada como condición para el orden político.
En este sentido, el heteropatriarcado no solo distribuye roles de género; produce sujetos políticos diferenciados. Los hombres heterosexuales son construidos como sujetos plenos, mientras que las mujeres y las personas LGTBIQ+ son situadas en posiciones de subordinación, tutela o sospecha. Esta diferenciación no es simbólica: se traduce en acceso desigual al poder, a la representación y a la participación política.
En la dimensión económica, el heteropatriarcado organiza la división sexual del trabajo y la reproducción social. Federici (2010) y Pérez Orozco (2014) han mostrado que el capitalismo se sostiene sobre una base de trabajo no remunerado —cuidados, afectos, reproducción cotidiana— que recae desproporcionadamente sobre mujeres y cuerpos feminizados.
El heteropatriarcado garantiza esta distribución desigual mediante normas culturales, expectativas sociales y políticas públicas que naturalizan la responsabilidad femenina sobre la vida cotidiana. De este modo, produce dependencia económica, precarización y disciplinamiento. La heterosexualidad obligatoria también cumple una función económica: organiza la reproducción biológica y social dentro de un marco familiar que facilita la transferencia de costos desde el Estado hacia los hogares.
En la dimensión cultural, el heteropatriarcado produce imaginarios, narrativas y sentidos comunes que legitiman la jerarquía. Foucault (1978) mostró que el poder no solo reprime: produce discursos que definen lo normal, lo aceptable y lo legítimo. Butler (2004) profundizó esta idea al mostrar que el género es una práctica regulada, sostenida por normas que delimitan qué cuerpos pueden ser inteligibles.
El heteropatriarcado opera como un régimen de verdad que define qué formas de vida son válidas y cuáles deben ser corregidas, invisibilizadas o castigadas. La heterosexualidad se presenta como natural; la masculinidad como autoridad; la feminidad como cuidado; la diversidad sexual como amenaza. Este régimen cultural es indispensable para sostener las jerarquías políticas y económicas.
Cuando se articulan estas tres dimensiones, el heteropatriarcado funciona como una tecnología de poder que organiza la vida social en torno a jerarquías rígidas. No es solo un conjunto de normas culturales ni una estructura económica: es un dispositivo que produce sujetos, distribuye recursos, regula cuerpos y define los límites de la ciudadanía.
En contextos autoritarios, el heteropatriarcado se reactiva porque ofrece una infraestructura de poder ya disponible, históricamente sedimentada y culturalmente legitimada. No se trata simplemente de que los autoritarismos prefieran modelos tradicionales de familia o roles de género; se trata de que el heteropatriarcado constituye un andamiaje político, económico y simbólico que facilita la concentración de poder y la disciplina social. En otras palabras, es una tecnología de gobierno que reduce la complejidad social y permite administrar la vida mediante jerarquías rígidas.
En primer lugar, proporciona jerarquías claras que simplifican la gestión del poder. La autoridad masculina y heterosexual funciona como un principio organizador que define quién manda y quién obedece, quién es sujeto político pleno y quién debe ser tutelado. Esta claridad jerárquica es funcional al autoritarismo porque elimina la negociación democrática y reduce la pluralidad de voces que podrían cuestionar el poder.
En segundo lugar, ofrece un modelo de obediencia vertical que se extiende desde la familia hacia el Estado. La estructura patriarcal de la familia —con su distribución desigual de autoridad, trabajo y afectos— se convierte en una microfísica del poder que reproduce la lógica autoritaria en la vida cotidiana.
En tercer lugar, garantiza el control de la reproducción social, es decir, del conjunto de actividades que sostienen la vida: cuidados, crianza, afectos, salud, tiempo, energía. Cuando los autoritarismos recortan políticas públicas, privatizan servicios o desmantelan instituciones, la familia patriarcal absorbe los costos de esa retirada estatal.
En cuarto lugar, facilita el disciplinamiento de cuerpos considerados “peligrosos”. Las mujeres autónomas, las personas trans, las identidades no binarias y las sexualidades disidentes encarnan formas de vida que cuestionan la autoridad, la normatividad y la reproducción del orden.
Finalmente, ofrece un modelo de familia como mecanismo de control social. La familia patriarcal funciona como un dispositivo que canaliza la reproducción social, regula la sexualidad, distribuye el trabajo de cuidados y produce sujetos obedientes.
En conjunto, esta infraestructura heteropatriarcal permite a los autoritarismos gobernar con mayor eficacia: reduce la pluralidad, disciplina la vida cotidiana, precariza la autonomía y legitima la concentración del poder.
2. La ofensiva antigénero: producción del enemigo interno
La llamada ofensiva antigénero es una estrategia política transnacional que busca frenar, revertir o destruir los avances feministas y LGTBIQ+. Corrêa y Graff (2021) han documentado cómo esta acometida anti derechos se articula mediante redes globales que conectan iglesias conservadoras, partidos de extrema derecha, think tanks y gobiernos autoritarios.
La ofensiva antigénero funciona mediante la construcción de un enemigo interno. Bajo etiquetas como “ideología de género”, “feminismo radical” o “lobby gay”, se fabrica la idea de que la igualdad es una amenaza y la diversidad un riesgo. Este enemigo es útil porque permite sembrar miedo, justificar la represión y cohesionar a la base autoritaria.
Este ataque conservador refuerza un orden social jerárquico donde la autoridad masculina, la heterosexualidad obligatoria y la familia patriarcal son las bases de la vida pública y privada. Este orden es político, económico y cultural, y constituye una pieza central en la consolidación de proyectos autoritarios.
3. Mecanismos del retroceso en derechos: anatomía del control autoritario
El retroceso en derechos no ocurre de manera abstracta ni súbita. Se construye mediante mecanismos concretos que reconfiguran la ciudadanía, disciplinan los cuerpos y restringen la vida. Estos mecanismos son simultáneos, interdependientes y estratégicos.
3.1. Reescritura de la ley
Los autoritarismos modifican marcos legales para estrechar los límites de lo que se considera una vida legítima. La eliminación del enfoque de género, la restricción del aborto, la invisibilización de identidades trans en documentos oficiales y la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo son formas de reconfigurar la ciudadanía (ILGA World, 2023).
3.2. Desmantelamiento institucional
El cierre o debilitamiento de ministerios de la mujer, institutos de diversidad, defensorías y programas de prevención de violencia no es una medida administrativa: es una estrategia política. Sin instituciones no hay políticas; sin políticas no hay protección; sin protección no hay derechos.
3.3. Producción estatal de odio
El discurso oficial es una herramienta de gobierno. Cuando un presidente ridiculiza a personas trans, insulta a feministas o acusa a la comunidad LGTBIQ+ de “corromper a la sociedad”, no solo expresa una opinión: produce política pública simbólica.
3.4. Criminalización de identidades
Más de 2.000 millones de personas viven en países donde ser LGTBIQ+ es ilegal (ILGA World, 2023). La criminalización permite controlar la vida íntima, castigar la disidencia y producir miedo.
4. El patrón global: autoritarismo y heteropatriarcado en distintas geografías
Aunque los contextos varían, el patrón es consistente: cada vez que el autoritarismo avanza, los derechos de género y diversidad retroceden.
4.1. América Latina: autoritarismos en crisis democráticas
En América Latina, el avance de proyectos autoritarios ha estado estrechamente vinculado al debilitamiento institucional y a la reactivación de dispositivos heteropatriarcales. Aunque los contextos nacionales difieren, el patrón es consistente: la eliminación del enfoque de género, el cierre de instituciones dedicadas a la igualdad y la proliferación de discursos de odio desde el poder acompañan procesos de concentración de autoridad y erosión democrática
Perú constituye uno de los casos más ilustrativos. En 2025, el gobierno eliminó el enfoque de género de la Política Nacional de Educación, justificando la medida como una “defensa de la familia” y una protección frente a la supuesta “ideología de género”. Esta decisión no solo borró a las personas trans de los documentos oficiales y de las políticas educativas, sino que debilitó la capacidad del Estado para prevenir violencia de género y garantizar educación inclusiva. La medida se produjo en un contexto de crisis política profunda, con un Ejecutivo enfrentado al Congreso y con instituciones debilitadas, lo que permitió que discursos conservadores se consolidaran como herramientas de gobernanza moral.
En El Salvador, el cierre de la Secretaría de Inclusión Social y de la Dirección de Diversidad Sexual se presentó como una “simplificación administrativa”, pero en la práctica significó la desaparición de las únicas instituciones estatales dedicadas a la igualdad de género y a la protección de personas LGTBIQ+. Paralelamente, el Ejecutivo ha utilizado discursos que ridiculizan a personas trans y deslegitiman las luchas feministas, mientras concentra poder mediante estados de excepción prolongados y reformas institucionales que reducen la independencia judicial. El movimiento antigénero se integra así en un proyecto autoritario más amplio, donde la disciplina social y la homogeneidad cultural se convierten en pilares de la gobernanza.
En Guatemala, el avance de iniciativas como la Ley 5272 —que buscaba prohibir el matrimonio igualitario, restringir el aborto incluso en casos de riesgo para la vida de la mujer y criminalizar la educación sexual integral— reflejó la articulación entre fuerzas conservadoras, grupos religiosos y sectores políticos interesados en consolidar un modelo de ciudadanía excluyente. Aunque la ley no llegó a implementarse plenamente, su impulso legislativo evidenció cómo esta tendencia antigénero se utiliza para movilizar bases conservadoras, desviar la atención de crisis de corrupción y legitimar proyectos políticos autoritarios.
En Argentina, el giro político hacia posiciones ultraconservadoras en 2023–2024 estuvo acompañado por la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la reducción drástica de presupuestos para políticas de igualdad y la deslegitimación pública de los movimientos feministas. El discurso oficial ha presentado la agenda de género como un “gasto innecesario” o como una “imposición ideológica”, mientras se implementan políticas de ajuste estructural que precarizan la vida de mujeres y personas LGTBIQ+. Este proceso se inserta en un contexto de crisis económica y polarización política, donde la ola antigénero funciona como herramienta para cohesionar apoyos y justificar la reducción del Estado social.
En todos estos casos, las posturas antigénero no aparecen como un fenómeno aislado, sino como parte de una estrategia más amplia de reconfiguración autoritaria. La eliminación del enfoque de género, el cierre de instituciones y los discursos de odio operan como mecanismos para reinstalar jerarquías heteropatriarcales, disciplinar cuerpos considerados “peligrosos” y reducir la capacidad de resistencia social. Al mismo tiempo, estos retrocesos permiten a los gobiernos concentrar poder, debilitar contrapesos institucionales y gobernar mediante la moralización de la vida pública.
Así, América Latina muestra con claridad cómo el heteropatriarcado se convierte en una herramienta de gobernanza autoritaria: facilita la producción de enemigos internos, legitima la represión, precariza la autonomía y refuerza la dependencia social. En contextos de crisis política, económica o institucional, esta infraestructura heteropatriarcal se reactiva para sostener proyectos que buscan reducir la pluralidad democrática y reinstalar un orden social jerárquico.
4.2. Europa del Este: institucionalización del odio y erosión del pluralismo
En Europa del Este, el avance de proyectos iliberales ha estado acompañado por una ofensiva antigénero profundamente institucionalizada. Hungría y Polonia constituyen los casos paradigmáticos de esta articulación entre autoritarismo y heteropatriarcado, donde las políticas antigénero no son solo medidas aisladas, sino componentes centrales de un proyecto de reconfiguración estatal.
En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha convertido el rechazo a la teoría de género en política de Estado. En 2020, se prohibió legalmente el reconocimiento de las personas trans en documentos oficiales, eliminando la categoría de “sexo” como variable modificable. Esta medida no solo borró identidades, sino que produjo un efecto cascada: imposibilidad de acceder a servicios, vulnerabilidad laboral, exclusión sanitaria y aumento de violencia. Paralelamente, el gobierno aprobó una ley que prohíbe la difusión de contenidos sobre diversidad sexual en escuelas y medios, justificándola como protección de la niñez. En realidad, esta censura funciona como un dispositivo de control cultural que elimina narrativas alternativas y refuerza la hegemonía heteropatriarcal.
En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS) impulsó una agenda conservadora que incluyó la creación de “zonas libres de ideología LGTBIQ+”, donde gobiernos locales declararon que la diversidad sexual era una amenaza para la comunidad. Aunque estas resoluciones no tenían fuerza legal plena, su impacto simbólico fue profundo: legitimaron la discriminación, normalizaron la violencia y reforzaron la idea de que las personas LGTBIQ+ son un enemigo interno. Además, el Tribunal Constitucional polaco restringió severamente el aborto en 2020, incluso en casos de malformación fetal, consolidando un modelo de control estatal sobre los cuerpos de las mujeres.
En ambos países, el retroceso en materia de género y de diversidad sexual se articula con la erosión del pluralismo democrático: captura de tribunales, control de medios, debilitamiento de organizaciones civiles y concentración de poder en el Ejecutivo. La moral conservadora se convierte en un instrumento para justificar la represión, cohesionar bases políticas y presentar la exclusión como defensa de la nación. La diversidad sexual y la autonomía de las mujeres son construidas como amenazas a la identidad nacional, lo que permite a los gobiernos avanzar en su proyecto autoritario sin enfrentar resistencia significativa.
Europa del Este muestra cómo el heteropatriarcado puede ser institucionalizado como política de Estado, convirtiéndose en una herramienta para desmantelar la democracia desde adentro.
4.3. Rusia, África y Asia: criminalización, nacionalismo y control biopolítico
En Rusia, la ofensiva antigénero se ha convertido en un componente central del proyecto nacionalista y autoritario de Vladimir Putin. Desde 2013, la llamada ley contra la “propaganda LGTBIQ+” ha prohibido cualquier representación positiva de la diversidad sexual en espacios públicos, medios y escuelas. En 2022 y 2023, estas restricciones se ampliaron para incluir prácticamente cualquier expresión de identidad LGTBIQ+, convirtiendo la diversidad sexual en una categoría criminal. Esta legislación ha sido acompañada por campañas mediáticas que presentan a las personas LGTBIQ+ como agentes de “decadencia occidental”, reforzando la idea de que la heterosexualidad obligatoria es parte de la identidad nacional rusa. La represión de personas trans, incluyendo restricciones al acceso a tratamientos médicos y prohibiciones de cambio de género legal, constituye una forma de control biopolítico que busca disciplinar cuerpos considerados peligrosos para el proyecto nacional.
En África, varios gobiernos han endurecido leyes coloniales contra la homosexualidad, convirtiendo la diversidad sexual en un campo de disputa política. En Uganda, la Ley Anti‑Homosexualidad de 2023 introdujo penas extremadamente severas, incluyendo cadena perpetua y pena de muerte en ciertos casos. Esta legislación se justificó como defensa de la “moral africana” frente a influencias externas, articulando nacionalismo, conservadurismo religioso y autoritarismo. La criminalización funciona como herramienta para desviar la atención de crisis económicas, corrupción y conflictos internos, mientras se produce un enemigo interno que cohesiona a sectores conservadores.
En Asia Central, países como Uzbekistán y Turkmenistán mantienen leyes que criminalizan la homosexualidad, heredadas del periodo soviético, y las han reforzado en el marco de proyectos autoritarios que buscan controlar la vida íntima y eliminar cualquier forma de disidencia. En Indonesia, el avance de grupos islamistas conservadores ha impulsado restricciones a la educación sexual, persecución de personas trans y censura de contenidos sobre diversidad, en un contexto donde el gobierno utiliza la moral religiosa para consolidar poder y limitar el pluralismo.
En estas regiones, la narrativa anti derechos de las mujeres y de la comunidad sexo-diversa, se articula con discursos nacionalistas que presentan la diversidad sexual como amenaza a la identidad cultural, la soberanía o la estabilidad social. La criminalización se convierte en una herramienta para controlar cuerpos, disciplinar la vida íntima y producir miedo, elementos fundamentales para sostener proyectos autoritarios.
5. La sostenibilidad de la vida: economía política del autoritarismo
La economía feminista ha mostrado que toda sociedad depende de un enorme trabajo —visible e invisible— que sostiene la vida: cuidados, afectos, salud, crianza, alimentación, redes comunitarias. Este trabajo constituye la base material de cualquier proyecto democrático (Carrasco, 2006; Pérez Orozco, 2014). Cuando esta base se precariza, la democracia se debilita, y los autoritarismos encuentran una oportunidad para avanzar.
5.1. Crisis de reproducción social y oportunidad autoritaria
Nancy Fraser (2016) denomina crisis de la reproducción social al momento en que el capitalismo y los Estados dejan de garantizar las condiciones mínimas para vivir. Esta crisis se manifiesta en la privatización de servicios, la precarización laboral, la sobrecarga de cuidados y el agotamiento de cuerpos feminizados. En este contexto, los autoritarismos se presentan como soluciones rápidas y ordenadoras, mientras desmantelan políticas públicas y trasladan la responsabilidad de sostener la vida hacia los hogares.
5.2. La familia patriarcal como dispositivo de absorción
La familia patriarcal funciona como un “colchón de absorción” que sostiene la vida a costa de la desigualdad (Pérez Orozco, 2014). Cuando el Estado se retira y el mercado precariza, las mujeres y cuerpos feminizados cargan con la responsabilidad de sostener la vida sin derechos ni recursos. Esta dependencia refuerza la lógica autoritaria: cuerpos agotados, vidas precarizadas y autonomía limitada.
En contextos autoritarios, la familia patriarcal se presenta como institución moral, natural y necesaria, lo que permite justificar políticas regresivas y excluir de la protección estatal a quienes no encajan en ese molde. La heterosexualidad obligatoria se convierte en un mecanismo para organizar la reproducción social y disciplinar cuerpos disidentes.
5.3. Precarización de personas LGTBIQ+: violencia material
La criminalización y discriminación contra personas LGTBIQ+ no solo producen violencia simbólica: generan precariedad material. La expulsión del empleo, la negación de servicios de salud, la exclusión de la vivienda y la falta de protección estatal debilitan la capacidad de resistencia y refuerzan la dependencia (ILGA World, 2023). La violencia moral se convierte en violencia económica, y la violencia económica en disciplinamiento político.
5.4. Autoritarismo como restricción de la vida misma
Los autoritarismos no solo restringen derechos: restringen la vida misma. Disciplinan la reproducción social, imponen dependencia y atacan la capacidad de sostener la autonomía. La lucha por la igualdad de género y diversidad sexual es, en última instancia, una lucha por la sostenibilidad de la vida. Sin condiciones materiales para vivir, no hay ciudadanía posible; sin ciudadanía, no hay democracia.
6. Conclusiones: cuerpos, democracia y resistencia
El análisis desarrollado a lo largo de este texto permite afirmar con claridad que el retroceso en los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ no es un fenómeno aislado ni un daño colateral de los proyectos autoritarios. Es, más bien, una pieza estructural de su arquitectura de poder. La restauración heteropatriarcal opera como una tecnología política que facilita la concentración de autoridad, disciplina la vida cotidiana, precariza la autonomía y legitima la exclusión. Allí donde el autoritarismo avanza, la igualdad de género y la diversidad sexual retroceden; y allí donde estas luchas se fortalecen, el autoritarismo encuentra límites.
Los autoritarismos necesitan jerarquías, obediencia, miedo y control de la vida íntima. Las mujeres y las personas sexo‑diversas representamos lo contrario: autonomía, libertad, pluralidad, deseo, creatividad, comunidad, resistencia. Por eso somos las primeras en ser atacadas. Nuestros cuerpos son el primer territorio donde se ensaya la represión, porque en ellos se disputa la posibilidad misma de la democracia.
En un contexto global donde los autoritarismos avanzan mediante la moralización del poder, la criminalización de identidades y la precarización de la vida, la resistencia no es una opción: es una necesidad histórica. Resistir implica disputar el sentido común, desmontar las narrativas que presentan la igualdad como amenaza, confrontar la desinformación y construir pedagogías públicas que devuelvan dignidad y legitimidad a las vidas que el heteropatriarcado busca disciplinar.
La resistencia exige también unidad en la diversidad. Los autoritarismos avanzan dividiendo: mujeres contra feministas, feministas contra personas trans, movimientos sociales contra comunidades LGTBIQ+, sectores populares contra agendas de igualdad. La fragmentación es una herramienta de dominación. La unidad, en cambio, es una estrategia de supervivencia democrática. Mujeres, personas LGTBIQ+, movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos y redes comunitarias comparten una misma lucha: la defensa de la vida frente a proyectos que buscan disciplinarla.
La resistencia debe ser activa y pública. Los autoritarismos necesitan silencio, retraimiento y miedo. La resistencia necesita presencia, palabra, ocupación del espacio público, articulación territorial y construcción de alianzas amplias. Implica sostener la esperanza como práctica política, no como ingenuidad, sino como horizonte estratégico. La esperanza es la capacidad de imaginar futuros posibles cuando el autoritarismo quiere convencernos de que no los hay.
En última instancia, la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ es la lucha por la democracia misma. No hay democracia sin autonomía corporal. No hay democracia sin libertad sexual. No hay democracia sin igualdad de género. No hay democracia sin pluralidad de formas de vida. No hay democracia sin cuerpos libres.
Si la democracia está en riesgo —y hoy lo está— la resistencia no es opcional: es un deber histórico.
Un deber que solo puede cumplirse en unidad y diversidad, con la convicción de que defender nuestros cuerpos es defender la vida, y defender la vida es defender el futuro.
Referencias:
Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge.
Carrasco, C. (2006). La economía feminista: una apuesta por otra economía. Revista de Economía Crítica, número 4, páginas 21–40.
Corrêa, S., & Graff, A. (2021). The global anti-gender movement: Contesting gender equality in international arenas. Routledge.
Federici, S. (2010). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de Sueños.
Foucault, M. (1978). The history of sexuality: Volume 1. Pantheon Books.
Fraser, N. (2016). Contradicciones del capitalismo contemporáneo: Crisis de legitimidad y ofensiva conservadora. Verso.
Graff, A., & Korolczuk, E. (2022). Anti-gender politics in the populist moment. Routledge.
ILGA World. (2023). State-sponsored homophobia report: Global legislation overview. ILGA.
Pateman, C. (1988). The sexual contract. Stanford University Press.
Pérez Orozco, A. (2014). *Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital‑vida*. Traficantes de Sueños.
Tamale, S. (2020). Decolonization and Afro-feminism. Daraja Press.
Julia Evelyn Martínez. Economista feminista salvadoreña
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