Desde este viernes y hasta el domingo, los impulsores de una ILP para una Renta Garantizada Ciudadana hacen un ayuno en Barcelona con el objetivo de juntar las firmas necesarias para el debate de la ley en el Parlamento catalán. Plaza Catalunya sigue hablando. Sigue actuando. La lucha social que en 2011 ocupó el centro […]
Desde este viernes y hasta el domingo, los impulsores de una ILP para una Renta Garantizada Ciudadana hacen un ayuno en Barcelona con el objetivo de juntar las firmas necesarias para el debate de la ley en el Parlamento catalán.
Plaza Catalunya sigue hablando. Sigue actuando. La lucha social que en 2011 ocupó el centro neurálgico de Barcelona vuelve este fin de semana a plantar sus tiendas para hacerse visible y buscar nuevos apoyos. No se trata ahora de las reivindicaciones globales y masivas del 15-M sino de un proyecto puntual, surgido de aquellos encuentros: la demanda de una Renta Garantizada Ciudadana (RGC). Integrantes de diversos movimientos de trabajadores en paro, sindicatos, partidos y organizaciones sociales de Catalunya han constituido una plataforma para la promoción de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que inste al gobierno de Artur Mas a buscar una solución para las más de dos millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en esta comunidad.
El proyecto de ley por una Renta Garantizada fue presentado, después de un año de trabajo y con la moción de respaldo de 26 ayuntamientos, en enero de 2013 ante el Parlamento catalán. Muy a pesar del gobierno de CIU, que interpuso un informe de oposición para frenarla, la ILP fue admitida a trámite el 12 de marzo y ahora es necesario conseguir 50 mil firmas para que la ley se debata . Esta es la misión que persiguen los miembros de la plataforma impulsora de la iniciativa con un ayuno y una serie de actividades informativas en el centro de Barcelona durante tres días.
Catalunya ya cuenta con una ayuda para quienes no disponen de ingresos suficientes, la Renta Mínima de Inserción (RMI) , pero en consonancia con su política de recortes sociales, el Govern sacó un Decreto en agosto del 2011 que limita su acceso. «Ya no es suficiente demostrar que estás sin empleo, ahora un asistente social tiene que constatar que eres una persona con ‘dificultades de inserción social y laborales añadidas’. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que está claro es el objetivo: impedir que los parados puedan acceder a ese derecho» explica Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ante la previsión de un incremento considerable de las demandas de RMI a raíz de la crisis económica y el disparo de la tasa del paro, el gobierno de Mas decidió cerrar el grifo y supeditar la ayuda a los presupuestos de la Generalitat. Mediante el Decreto 7/2011, la Renta Mínima de Inserción ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una ayuda que sólo se otorgará si hay dinero. «Tenemos más de 5 mil expedientes aprobados que no cobran la prestación porque dicen que exceden el presupuesto de la Generalitat» denuncia Toledano.
La propuesta de la ILP supondría la aplicación de un artículo (el 24.3) que ya está presente en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, por el cual se establece como derecho la percepción de una renta garantizada para quienes se encuentren en situación de pobreza. A diferencia de la prestación vigente, la RGC que las organizaciones sociales están exigiendo no limitaría la duración de la ayuda a 5 años, aumentaría la cuantía de 426 euros para toda la unidad familiar a 664 para cada miembro desempleado y, principalmente, restauraría a este subsidio la condición de derecho inapelable.
Mientras que desde la Generalitat se estima en 3.600 millones de euros el costo de la implementación de la ILP, el informe elaborado por el Catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jordi Arcarons, cifra en 2 millones de euros el dinero público que habría que destinar para esta ayuda . «La Consellera de Bienestar Social de la Generalitat considera que no se dispone de dichos recursos, pero nosotros creemos que es un problema de voluntad política. Este subsidio más que un gasto es una inversión para reactivar la maquinaria de consumo y producción» afirma Isidro Marías, miembro de otra de las agrupaciones que promueven la ILP, la Asamblea de Derechos Sociales de Sant Cugat. «Me indigna que sobre de todo en las tiendas, que en esta comunidad haya recursos más que suficientes y, sin embargo, se deje a gente con hambre» concluye este activista que atiende una de las mesas informativas instaladas en Plaza Catalunya.
El lema del ayuno es «Rescatemos a las personas» en contraposición a la política que la plataforma promotora de la ILP denuncia como beneficiaria exclusiva de intereses financieros. «Mientras que los gobiernos obedecen a las directrices de la troika y utilizan los recursos públicos para rescatar a los bancos, es hora de actuar colectivamente para poner en el centro de la acción política las necesidades fundamentales de la ciudadanía» reclaman los portavoces de la iniciativa. Según Diosdado Toledano, la verdadera motivación de los recortes sociales es la paulatina devaluación de los salarios «para forzar a la gente a que trabaje por nada». Por eso, su demanda no es sólo la implementación de una Renta Garantizada sino una política que asegure trabajo digno para todos. Así lo sostiene también, Joan Mestres, miembro de la Asamblea de parados de Barcelona que este fin de semana acampa en Plaza Catalunya para apoyar la promoción de la ILP. «Llevo 4 años sin empleo y ya he agotado todas las prestaciones. Mi mujer también está en el paro y tenemos un hijo a cargo. No podemos vivir con los 426 euros del RMI que nos da la Generalitat, así que aquí estamos, luchando junto a todos los que se encuentran en la misma situación para revertir un drama social que en este país es cada vez más grave».
Fuente: http://www.publico.es/468218/avanza-en-catalunya-la-ilp-por-una-renta-garantizada-ciudadana
MANIFIESTO DE APOYO A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. RESCATEMOS A LAS PERSONAS
El nuevo modelo económico y social que se está implantando desde hace cuatro o cinco años provoca unas bolsas de pobreza y marginación impensables. Este modelo, impuesto por la Unión Europea y el gran capital, ha roto unilateralmente el » pacto social » del llamado estado de bienestar, vigente desde finales de la II Guerra Mundial, y lleva a mucha gente hacia un punto de pobreza de no retorno, abocada a la exclusión ya una situación personal de indignidad, humillación y sufrimiento. Es el camino de millones de personas en Grecia, Chipre, Portugal y España.
Según el Instituto Catalán de Estadística hoy en Cataluña 2.200.000 personas, casi el 30% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza. Una cuarta parte de la población activa está en paro. 225.000 familias tienen todos sus miembros en paro y casi 100.000 de ellas no tienen ningún ingreso. 550.000 personas (el 65% del total de parados) no percibe ningún subsidio, y las previsiones del Servicio de Ocupación de Cataluña es que pronto serán más del 70 %. Casi 300.000 niños y niñas, el 29% de la población infantil, vive por debajo del umbral de la pobreza y en las escuelas han empezar a notarse los efectos de la malnutrición. Nunca habíamos pensar poder llegar a una situación así.
El paro entre los jóvenes duplica la tasa de paro del total de la población. El cobijo familiar que algunos pueden tener amortigua en parte las consecuencias de pobreza en las que se verían abocados, pero supone una sobrecarga para las economías familiares que no puede mantenerse, ahogadas por la reducción de ingresos. Se ha truncado también la todavía reciente tendencia a la incorporación de la mujer al trabajo y se ha vuelto a hacer evidente su vulnerabilidad tanto en relación al trabajo como en cuanto a las prestaciones sociales que percibe.
A esto hay que sumar otros aspectos como los recortes, las listas de espera, la privatización de servicios o la pérdida de la vivienda. Sólo en cuanto a los desahucios, por ejemplo, según el Consejo General del Poder Judicial durante el 2012 los juzgados ordenaron en Cataluña 25.422 procesos de desahucio (72 por día), mientras siguen habiendo te 80.000 pisos vacíos.
Esta situación de profunda pobreza tiene otra cara bien visible, el incremento de la desigualdad social, los ricos cada vez lo son más, y la pobreza afecta cada día que pasa a más gente, que cada vez es más pobre.
Ante esta catástrofe humana y social la ILP para la Renta Garantizada de Ciudadanía pretende ser una medida de protección de la vulnerabilidad de las personas socialmente más débiles: todo el mundo tiene derecho a unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente.
Cuando se habla de crisis normalmente se habla de cifras o con porcentajes. Pero detrás de cada una de estas cifras hay una cara, son personas con nombre y apellido, esperanzas frustradas algunas de las cuales podemos tener muy cerca. Se trata de un dolor profundo y que afecta a todos los sectores de la población, en primer lugar los que ya antes estaban en riesgo de exclusión pero también las nuevas formas de pobreza que afecta de manera indiscriminada a jóvenes, ancianos, mujeres, adultos sin trabajo, que día a día ven como van perdiendo posibilidades de mantener su dignidad. Se ven obligados a afrontar sin medios una situación nueva que se les ha imposibilidad repentinamente. Normalmente es un sufrimiento escondido, por el sentimiento de fracaso y humillación que supone, que se vive en la soledad de uno mismo o en la intimidad de la familia.
Con la ILP para la Renta garantizada de ciudadanía se quiere hacer visible esta situación, desculpabilizar las víctimas y protegiéndolas. Es pues un proyecto de obligada solidaridad ciudadana. Pero es también una propuesta política. En las presentes circunstancias es una denuncia a todas las administraciones y autoridades en su conjunto, que en lugar de proteger a los ciudadanos, y especialmente a los más vulnerables, han decidido rescatar a la banca, los banqueros y sus estafas, antes de que las víctimas, las personas estafadas .
El artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, vigente desde el año 2006, establece: «Las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna «. A pesar del Estatuto de Autonomía reconozca el derecho a una Renta Garantizada de Ciudania , la inactividad del Parlamento de Cataluña a la hora de regularlo legalmente ha hecho necesaria la Iniciativa Legislativa Popular , que quiere hacer efectivo el cumplimiento del Estatuto .
El derecho de cada ciudadano y ciudadana, en lo que les es fundamental para la vida, no puede depender de cuestiones administrativas, que haya o no consignación o disponibilidad presupuestaria. Se trata del derecho individual a una vida digna, anterior a cualquier otro derecho. En consecuencia, para las autoridades es una obligación previa a cualquier otra obligación.
Por ello, apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular para regular la Renta Garantizada de Ciudadanía. La dignidad colectiva de una sociedad no se mide por las posibilidades que tienen los sectores económicamente más acomodadas, sino por el respeto y la estima con la que son tratados los sectores más castigados.