La publicidad institucional debe regirse por nuevos criterios que, además de transparentes, contribuyan a la pluralidad informativa mediante el amparo a los medios independientes y sean beligerantes con la concentración mediática
Hay veces que las coincidencias las carga el diablo y eso sería la confirmación de que «las coincidencias no existen» como diría un investigador de la novela negra.
Casi al mismo tiempo que la señora Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, hacía realidad la transparencia de los dineros de la llamada publicidad institucional, el Parlamento Europeo daba a conocer el informe llamado Análisis comparativo de la libertad y el pluralismo de medios en los estados miembros de la Unión Europea. Todos los españolitos, salvo los que miran para otro lado, hemos visto en nuestras comunidades la utilización corrupta de los dineros destinados a la publicidad institucional. Como también hacían con las subvenciones a la prensa en las comunidades donde existen y que han servido para pagar favores personales, silenciar voces de la oposición o de la ciudadanía rebelde y, en muchos casos, para llevar al cierre por inanición a medios que las sustentaban.
Otras veces, y no pocas, esos apoyos corruptos llegaban a través diversos entramados con empresas corruptibles en forma de publicidad para sostener esos medios afines. Yo mismo he llegado a trabajar en los años ochenta en uno de estos medios, donde cada vez cobrábamos merced el maletín que llegaba de una de esas empresas cómplices.
La señora Carmena ha contado a los madrileños como se ha gastado esos dineros del Ayuntamiento madrileño en 2016 y ha roto con la vergonzosa opacidad de años. Una opacidad que, sin embargo, no ruboriza a algunos beneficiarios de esos dineros que siguen campando por las tertulias televisivas con rostro imperturbable.
En la presentación de esos datos la alcaldesa estaba acompañada por la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, quien al describir esos datos ha asegurado que se «ha acabado con el reparto a dedo» y que esas inversiones se han regido en función de los datos de audiencia ofrecidos por el Estudio General de Medios (EGM) y, para Internet y medios digitales, por Comscore.
Todo muy positivo para comenzar a limpiar, pero insuficiente para una sanidad real.
Esto lo dicen desde Europa
El estudio mencionado al principio, que fue elaborado a petición del Parlamento Europeo y coordinado por el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS, según sus siglas en inglés) concluyen que «los sistemas mediáticos sufren la existencia de una red de relaciones no transparentes entre los poderes políticos y económicos en varios países que provoca fallos sistémicos en los mercados de medios y se traduce en disfunciones de la democracia en esos países.»
Se me ocurre que los costes de estos estudios, quizá se podrían ahorrar, ya que sus conclusiones suelen ser obvias; pero tampoco está mal que todo lo que creemos ver sea certificado por organizaciones independientes.
El CEPS, teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo tiene competencias «en materia de medios y de libertades», le recomienda una serie de medidas para promover y garantizar la pluralidad informativa.
Entre esas recomendaciones se hallan: «- una directiva específica sobre las ayudas estatales a los medios; – la revisión de la directiva de servicios audiovisuales para incluir la obligatoriedad de que los estados consigan y mantengan el pluralismo; – la creación de una base de datos transparente con información sobre los propietarios directos e indirectos de los medios y los cruces de propiedad; – la actualización de la directiva de comercio electrónico en los aspectos referidos a la responsabilidad de las plataformas sobre contenidos de terceros; -el desarrollo de proyectos educativos para crear a largo plazo un sistema libre, plural y democrático de medios, y – el desarrollo de investigaciones sobre factores individuales que afectan al pluralismo y sobre las nuevas formas de comunicación de masas a través de la red.»
Que las cosas son mucho más complejas que el reparto transparente de los dineros de la publicidad, aunque esté muy bien.
Hay que echarle ganas e ideas
Si atendemos la decisión de la edil madrileña y algunas recomendaciones de la CEPS vemos que la coincidencia existe y se hace evidente que en Madrid aún nos quedamos cortos.
Es cierto que algunas de las recomendaciones que se hacen al Parlamento Europeo pueden atufar a «bolivarianas» para la caspa del profesionalismo periodístico y ya no digo para los medios beneficiarios de la corrupción: dirán que se atenta contra la libertad de prensa. Ya le sabemos el discurso; vayamos a lo nuestro…
Lo que está en el fondo de este estudio es la necesidad de frenar el riesgo, denunciado en todos los foros independientes, de que la concentración de los medios -como ocurre con la televisión comercial española- siga llevando «a la exclusión de los circuitos informativos de la mayoría de la ciudadanía, a la unilateralidad de las informaciones, a la marginación de las voces críticas con el poder y a la uniformización y al empobrecimiento culturales».
Alguna vez, no muchas, suena un disparo del lado de la justicia, así nos ha llegado la bendición de los nuevas herramientas digitales y con ellas la posibilidad real de ejercer la libertad de prensa por los periodistas.
Tenemos una valiente punta de lanza de nuevos medios independientes nacidos a punta de EREs de periodistas que han invertido sus indemnizaciones en dignidad y de ciudadanos conscientes de su derecho a la información que los apoyan mediante crowfunding, suscripciones o iniciativas cooperativas.
Que yo sepa, solo la agrupación que apoya a Ada Colau señala en sus propuestas que el Ayuntamiento de Barcelona «debe favorecer el surgimiento y la consolidación de medios representativos de los diferentes colectivos de la ciudad, y debe respetar a las empresas de comunicación ya existentes, pero los recursos municipales no deben servir para apuntalar a los medios de los grandes grupos de comunicación ni para obtener su complicidad o su connivencia.»
Leído esto, no les extrañe el empeño de los grandes medios tradicionales por culpar a la edil barcelonesa de todos los males del mundo.
Asimismo, la agrupación Barcelona en Comú sostiene que las subvenciones a los medios deben tener en cuenta que las empresas que las reciban «deberán estar al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal de los trabajadores» y sostiene que las ciudadanía tiene «derecho a conocer a los verdaderos propietarios de los medios de comunicación privados que leen, escuchan y ven».
Propuestas que guardan una coincidencia casi textual con las recomendaciones a los Estados europeos que hace en su informe la CEPS.
Publicidad institucional proactiva
El criterio anunciado en Madrid por Rita Maestre es correcto, pero resulta viejo e insuficiente cuando es formulado por una agrupación devenida del 15M. Sin duda que se deben tener en cuenta los criterios de penetración de los medios que marcan los datos de audiencia, pero este es un criterio que responde de manera pura y dura a las reglas de libre mercado.
Un libre mercado que es lo menos parecido a la libertad y que, por lo mismo, no garantiza el derecho a la competencia en igualdad de condiciones, que potencia a los grandes medios, que castiga las iniciativas emprendedoras y que perjudica el desarrollo del pluralismo informativo.
Entiendo que a la publicidad institucional se deben aplicar nuevos criterios para que, además de servir a la eficaz y obligada difusión de las actividades de la Administración a la ciudadanía, también sirva para buscar el equilibrio entre los medios para que se fomente el pluralismo y la diversidad de las opiniones. Aquellas «voces múltiples» de las que habla el informe MacBride.
Esto puede hacerse con total transparencia y legalidad si los ayuntamientos de las plataformas que se proclaman del cambio llevan ese cambio a las normativas que rigen los criterios de la publicidad institucional.
Bastaría con nuevas normativas que contemplaran que un porcentaje de esas inversiones publicitarias o de las subvenciones a la prensa se aplicara con criterios de discriminación positiva y se destinaran a facilitar la supervivencia de los nuevos medios independientes mediante un cupo de esos dineros que escape a los criterios de la injusta economía liberal.
Los gobiernos municipales tienen mucha más capacidad de las que ellos mismos se reconocen, deben estudiar nuevas fórmulas de distribución de esos dineros y ponerlos a trabajar en favor de los derechos de la ciudadanía.