Según ha explicado la formación, se comprometen a revisar el acuerdo para «hacer cumplir los derechos laborales de los trabajadores»
En el marco de la mesa de traspaso de funciones establecida por el equipo saliente de Xavier Trias y la formación de Ada Colau, Barcelona En Comú ha decidido revisar cuatro expedientes que consideran «temas clave para la ciudad». Uno de ellos es el referente al contrato del Ayuntamiento con Telefónica que, explican, caduca en los próximos días y «no renovarlo implicaría una parada del servicio». Por ello, han decidido reducir la duración prevista de 12 meses a 6, para, una vez constituido el nuevo consistorio, revisar el acuerdo con la multinacional para «hacer cumplir los derechos laborales de los trabajadores».
Barcelona En Comú es una de las formaciones políticas que ha firmado el «Compromiso de las Escaleras», aprobado también este jueves por el Parlament e impulsado a partir de la huelga que llevan a cabo desde hace dos meses empleados de las contratas de Movistar. El documento reclama 40 horas semanales de trabajo y dos días de descanso para todos los trabajadores, y los partidos firmantes se comprometen a trabajar por hacer cumplir estas condiciones, si es necesario dejando de contratar desde la Administración con las empresas que las incumplan.
Por otra parte, Barcelona En Comú ha informado de que revisará el proyecto de ampliación del centro comercial La Maquinista, que ha suscitado una gran oposición entre el pequeño comercio de la zona. Uno de los objetivos, señalan, es «evitar poner en peligro la futura escuela La Maquinista». La formación de Ada Colau también quiere establecer mecanismos de renegociación de la deuda del consistorio con los bancos y valorar mejores ofertas de financiación, así como revisar la actual composición de Fira 2000, la empresa instrumental de la Fira de Barcelona, una remodelación que «debe liderar el nuevo gobierno», defienden.
«Cabe destacar que gran parte de estos expedientes son de gestión ordinaria y se deben aprobar de forma urgente antes del 13 de junio. No renovarlos implicaría parar los servicios, no pagar aquellos prestados, como las nóminas de trabajadores y trabajadoras, o poner en peligro la viabilidad de algunas entidades», subrayan en un comunicado.