Uno de los mitos más persistentes de los últimos años es el que separa a la sociedad civil buena y al estado perverso. La sociedad civil es, en este mito, un mero agregado de individuos con poco poder, necesitados de defenderse de las intromisiones de los políticos. Pero esto es sólo un mito. En realidad […]
Uno de los mitos más persistentes de los últimos años es el que separa a la sociedad civil buena y al estado perverso. La sociedad civil es, en este mito, un mero agregado de individuos con poco poder, necesitados de defenderse de las intromisiones de los políticos. Pero esto es sólo un mito.
En realidad lo que queda fuera de la esfera pública es una estructura social compleja, con instituciones y entidades organizadas que detentan a su vez cotas variables de poder y recursos económicos. Ello es evidente en la esfera económica, con un mundo empresarial dominado por grandes grupos multinacionales y una clara jerarquía entre empresas (y más evidente aún en el interior de cada una de ellas). Pero también en otros ámbitos de la vida social, donde las entidades e instituciones difieren por su tamaño, presencia e influencia social, etc. También por la composición social de sus miembros. Esta es la sociedad civil que funciona, la que tiene impacto en la vida pública y el conjunto de la sociedad y no la masa amorfa de individuos aislados en la que piensan los economistas y científicos (¿?) sociales ultraliberales.
Barcelona es una sociedad rica en instituciones privadas. También, por suerte, en movimientos sociales de base. Pero para cualquiera que analice el día a día de la ciudad se hace evidente que no todas las entidades tienen un mismo poder, que unas tienen más reconocimiento que otras, más presencia en los medios, más influencia política y social. Y al final la sociedad civil acaba en muchos casos siendo un eufemismo para reclamar la sumisión del poder político a los intereses de estos grupos de presión, a menudo conectados con grupos de poder empresarial.
Lo percibimos hace un par de años en la Audiencia pública municipal en la que se discutía la bondad de una «Ordenanza del civismo» que a ojos de muchas personas imponía un código de convivencia autoritario y clasista. Fue una sesión larga y con muchas voces concordantes de activistas vecinales, sindicalistas, trabajadores sociales, «okupas», miembros de ONGs -particularmente los que se ocupan de personas en situación de exclusión- y otra variopinta gama de personas implicadas socialmente. Pero la verdadera clave la dio, casi al final, el contundente argumentario de un elegante representante de los comerciantes de Passeig de Gràcia -la calle con el comercio más elitista de la ciudad-: que todos los que habíamos intervenido antes éramos unos insensatos sin representatividad social y que el Ayuntamiento debía escucharle a él, que era quién expresaba las verdaderas aspiraciones de la ciudadanía. Hablando en plata sólo unas elites merecen ser escuchadas y formar parte de esta sociedad civil que tiene derecho a controlar las decisiones políticas.
Y realmente la intervención de esta sociedad civil se deja sentir como una pesada loza que condiciona las opciones públicas. En unos pocos días hemos tenido nuevos ejemplos de cómo estos intereses privados, aparentemente no económicos, fuerzan decisiones que afectan a la vida cotidiana de la gente sin poder. Vale la pena ponerle nombres y poner ejemplos.
Acto I. Proyecto de hotel junto al Palau de la Música. Se trata de construir un nuevo edificio moderno, con plazas de aparcamiento, en un barrio denso y de difícil movilidad. La nueva obra implica el derribo de tres edificios catalogados en el patrimonio histórico y la pérdida de suelo para equipamiento. Como este último se debe compensar, se ofrece a los promotores del hotel trasladar la calificación de equipamiento a un edificio que ¡ya es propiedad pública! O sea que se le regala al promotor un dinero gracias a una recalificación gratuita de suelo. El beneficiario y promotor no es otro que la Fundació Orfeó Catalá, gestora del emblemático Palau de la Música y teórica promotora de la cultura. Una de las instituciones de referencia de la burguesía y que ahora parece necesitada de dinero y trata de conseguirlo por la vía del pelotazo (al que también se apuntan los Hermanos de La Salle propietarios de una parte de los edificios a recalificar). Como justificación, la Fundació alega que los músicos necesitan un hotel cercano al Palau, olvidando que si algo hay en las cercanías son hoteles.
Acto II. Proyecto de remodelación del Miniestadi del F.C. Barcelona. Este es un clásico, la recalificación de los terrenos deportivos para transferir fondos a unos clubes de futbol que viven en permanente estado de despilfarro. La directiva del Barça encuentra su mejor argumento en su rival local, el RCD Espanyol, al que hace unos años se le permitió transformar un campo de fútbol en pisos de lujo para cubrir una deuda contraída fundamentalmente con su principal accionista (la familia Lara, propietaria del grupo de medios Planeta-Antena 3). Aquí la justificación es la necesidad de financiar la remodelación del Nou Camp (antes de contar con el dinero ya se preseleccionó un faraónico proyecto de Foster, seguramente para meter presión) y en consonancia la recalificación es mucho más voluminosa (1625 viviendas, 60% de renta libre). Un proyecto modesto si se compara con el que hace años presentó la directiva de Núñez, pretendiendo construir un gran centro de ocio, o si se mide con los «macropelotazos» de Real Madrid o Valencia. Pero totalmente inaceptable en una zona carente de equipamientos y forzada a sufrir las enormes molestias que generan las semanales llegadas de hinchas los días de partido. El poder mediático del Barcelona, especialmente a través de la prensa deportiva, le permite presentar como una «necesidad» lo que no es más que especulación y oportunidades para nuevos despilfarros. Un factor común en los dos casos es la utilización de arquitectos estrella (Tusquets y Foster) como señuelos para legitimar intelectualmente la operación.
Acto III. Tranvía de la Diagonal. Barcelona recuperó el tranvía y ha sido un éxito. Pero tiene un problema: no une los extremos de la ciudad. Lo lógico es utilizar la Avenida Diagonal, que como su nombre sugiere permite el recorrido más directo entre el NE y el SO de la ciudad. Pero el tranvía sólo circula en sus extremos porque el Ayuntamiento temió el impacto que podía tener un medio de transporte que competiría con el coche privado. Por fin, cuando el éxito del tranvía es incuestionable y han arreciado demandas sociales a favor de su extensión, se decidió que por fin tendríamos un tranvía que uniría los extremos de la ciudad y las poblaciones vecinas. Pero el «partido del coche» es inasequible al desaliento, liderado por el todopoderoso RACC (Real Automóbil Club de Catalunya), siempre atento a bloquear cualquier proyecto que atente contra la hegemonía del automóvil, con su enorme masa de socios generada por una amplia oferta de servicios. La campaña ha empezado a tener éxito y ahora se anuncia la posible convocatoria de un referéndum para aprobar el proyecto. De realizarse sería la primera vez que en la ciudad se toma tal decisión y aunque la medida suene a democracia directa, más bien parece una maniobra para conseguir un plebiscito anti-tranvía. Ya han empezado a circular los rumores que aseguran que el proyecto generará un aumento de tráfico en los barrios próximos a la Diagonal, orientados a sembrar el rechazo al proyecto. Aunque nadie ha explicado quién debería tener derecho a opinar sobre el mismo: ¿sólo los vecinos de los barrios limítrofes?, ¿toda la población de Barcelona?, ¿los habitantes de las poblaciones limítrofes que usan este medio de transporte? …
Que existan instituciones que persiguen intereses «egoístas» es natural. Qué existan oponentes a las propuestas ecologistas también. Lo que ya no es aceptable es el doble rasero con el que son tratados unos y otros sectores. Porque frente a estas «instituciones civiles» que exigen prebendas o bloquean proyectos, existe otra sociedad civil que está impugnando estos proyectos. Como la que agrupa a la campaña contra el Hotel del Palau, o la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts opuesta al proyecto del FC Barcelona, o la Plataforma por el Transporte Público que se ha movilizado a favor del tranvía. Y todas tienen características comunes: suma de entidades e instituciones (incluidos los sindicatos) que tratan de organizar y representar a la gente corriente, muchos activistas voluntarios organizados y por libre, algunos profesionales ilustrados,… y una buena respuesta social cuando sus propuestas llegan a la calle. La batalla es desigual pero no siempre acaba con derrota.
Pero cada vez resulta más evidente que, al menos en el plano urbano, las propuestas de los movimientos sociales tienen que hacer frente a la suma de intereses económicos e «instituciones respetables» que conforman la estructura de poder de las sociedades capitalistas, incluida este conglomerado de técnicos y profesionales de élite que constituye su estado mayor intelectual. Y vencer las reticencias de unos políticos siempre más dispuestos a escuchar las propuestas de la gente «educada» que las que vienen de la calle. A dar más peso a la participación del Liceo o la tribuna del Barça, que a la que emana de los mecanismos municipales de participación o la que exigen las movilizaciones sociales. Estamos ante nuevos pulsos en los que se ventilan intereses contrapuestos y calidad democrática.