Luis Bárcenas siguió el guión establecido ante el fiscal anticorrupción y negó la existencia de una contabilidad paralela en el PP. Incluso se sometió a una prueba caligráfica para demostrar que no es su letra la que aparece en los documentos. Ahora, el ministerio público mira hacia los empresarios que, supuestamente, efectuaron los donativos. Ellos […]
Luis Bárcenas siguió el guión establecido ante el fiscal anticorrupción y negó la existencia de una contabilidad paralela en el PP. Incluso se sometió a una prueba caligráfica para demostrar que no es su letra la que aparece en los documentos. Ahora, el ministerio público mira hacia los empresarios que, supuestamente, efectuaron los donativos. Ellos podrían ser la clave para que la investigación siga el camino de la trama Gürtel y termine en la Audiencia Nacional.
Casi tres horas de explicaciones para insistir en la misma tesis. Luis Bárcenas, citado ayer por la Fiscalía Anticorrupción, negó la existencia de una contabilidad paralela en el PP y la veracidad de los papeles filtrados por «El País». Sin embargo, la investigación avanza. El diario de Prisa aseguraba ayer que el Ministerio Público llamará a testificar a los 15 empresarios que aparecen en estos documentos como donantes. Se trata de uno de los recursos con las que cuenta Antonio Romeral, fiscal a cargo del caso, para determinar si existe delito. En ese caso, remitiría el expediente a la Audiencia Nacional española, donde ya se investigan, por separado, las cuentas en Suiza de Bárcenas y la trama Gürtel, relacionada con la supuesta financiación ilegal de Génova. La clave está, precisamente, en los empresarios que supuestamente entregaron fondos al PP. Por una parte, porque si las cuentas son ciertas, revelaría que Génova quebrantó la ley de financiación de partidos políticos, ya que las sumas son muy superiores al máximo establecido. Por otra, por la posibilidad, mucho más difícil de demostrar, de que existiese cohecho, es decir, que obtuvieron ventajas a cambio de fondos.
Por el momento, solo miembros del PP están desfilando por la fiscalía. Ayer fueron Bárcenas y el exdiputado Jorge Trías, que reconoció públicamente la existencia de los sobresueldos. Este fue el primero en declarar. Apenas una hora tras la cual aseguró haberse limitado a «cumplir con su deber». Aunque la gran expectativa estaba puesta en el antiguo tesorero. A falta de 20 minutos de su cita con el fiscal, fijada a las 12.00, Bárcenas llegaba a la sede de anticorrupción en taxi y en silencio. Ni una declaración. Algún espontáneo le recibió con gritos de «chorizo», «ladrón» y «dónde está mi sobre» pero él, acompañado de su abogado, Alfonso Trallero, se mantuvo impasible. Posteriormente, fuentes cercanas a Bárcenas señalaron a Europa Press que negó la veracidad de los papeles y que se sometió a una prueba caligráfica que determinará si es su letra la que aparece en los textos. Bárcenas acudió como imputado, lo que implica que no está obligado a decir la verdad.
Las citaciones, que se llevan con gran discrección, prosiguen hoy con la declaración del extesorero Álvaro Lapuerta, de 85 años, y que llevó las cuentas del PP entre 1993 y 2008.
Los 15 empresarios
Con las posiciones de los cargos políticos fijadas, parece que la investigación podría mirar hacia los supuestos donantes que aparecen en los documentos. Según filtró «El País», el fiscal ya habría tomado la determinación de llamarles para que expliquen su relación contable con el PP. En total, se trata de una quincena de empresarios. Se da la paradoja de que, tal y como publicaba recientemente «Eldiario.es», las supuestas donaciones experimentan picos en los períodos en los que Génova tiene que afrontar citas electorales. Lo difícil es demostrar que, a cambio de ayudas económicas en momentos clave, los donantes obtenían réditos a través de, por ejemplo, concesiones. Lo cierto es que todos, salvo Juan Roig (presidente de Mercadona), están relacionados con la construcción.
Supuestamente, José Luis Sánchez, presidente de Sando, donó 1,5 millones entre 2002 y 2008; Manuel Contreras, de Azvi, 858.000; Juan Miguel Villar Mir (OHL Villar Mir), 530.000, Luis del Rivero (primero vicepresidente y posteriormente presidente de Sacyr Villahermosa), 480.000 y Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), 258.000. Solo este último está imputado por Gürtel y tuvo que deshacerse de la empresa para hacer frente a un pago a Hacienda de 20 millones de euros.
Además de los ya citados, otras constructoras como Ploder, Bruesa, Romero Polo o Rubau aparecen en los papeles. Todas experimentaron incrementos en sus cuentas de resultados durante los períodos donde aparentemente se efectuaron los pagos. Aunque también es cierto que coinciden con los momentos de grandes obras públicas. Cuando avancen las investigaciones de anticorrupción podrá saberse hasta qué punto existen estas conexiones.
El TSJCV abre tres nuevas piezas sobre la trama Gürtel
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que instruye la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP en el País Valencià, José Ceres, acordó ayer a abrir tres nuevas piezas separadas relativas a la visita del Papa, el Grupo Correa y contratos de Orange Market. Estas investigaciones se suman a las otras tres abiertas por presuntos delitos de falsedad documental, electoral y prevaricación en la investigación de esta causa, derivado del conocido como ‘caso Gürtel’.
Así, se ordena la investigación separada de las presuntas irregularidades en la contratación del ente público de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la visita del Papa a Valencia en 2006; las presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas al «Grupo Correa»; y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market.