Tal día como hoy, hace dos semanas, entraba en vigor el alto el fuego permanente de ETA. Ayer, Joseba Permach hizo balance de lo acontecido durante este periodo, para concluir que el Estado español, con el PSOE a la cabeza, mantiene una actitud de «chantaje y sabotaje permanente» a «las expectativas de paz», al impedir […]
Tal día como hoy, hace dos semanas, entraba en vigor el alto el fuego permanente de ETA. Ayer, Joseba Permach hizo balance de lo acontecido durante este periodo, para concluir que el Estado español, con el PSOE a la cabeza, mantiene una actitud de «chantaje y sabotaje permanente» a «las expectativas de paz», al impedir que la formación abertzale haga política. Batasuna abrirá una ronda con otros agentes para buscar fórmulas que garanticen ese derecho.
Dos detenidos por la Ertzaintza uno de ellos enviado a prisión; encarcelamiento de Arnaldo Otegi; fianzas millonarias para el propio portavoz de Batasuna, Juan Joxe Petrikorena y Juan Mari Olano; prohibición de un acto en el que se iba a presentar un programa político; amenaza de imputación según indicaba ayer «El Mundo» contra la nueva Mesa Nacional de Batasuna.
Dos semanas después de que entrara en vigor el alto el fuego permanente de ETA, éste es el balance verificado por Batasuna acerca de la actuación durante este periodo del Estado español y de su máximo responsable en la actualidad, el Gobierno liderado por el PSOE.
Joseba Permarch, quien compareció ayer en Donostia junto a Marije Fullaondo, aseguró que para cualquier ciudadano de Euskal Herria resultaba «impensable imaginarse hace 15 días que el Estado español, con el PSOE a la cabeza», iba a «responder a las expectativas de paz con el chantaje y sabotaje permanente».
Al otro lado de la balanza situó la «impresionante manifestación» celebrada en Bilbo el pasado sábado y las declaraciones llegadas desde otras partes del mundo jefes de estado o el propio Papa Benedicto XVI incluidos abogando por «la apertura de un proceso de paz y soluciones».
Ante estas dos realidades, Permach denunció que «hay formaciones políticas que pretenden retrasar la puesta en marcha de un proceso democrático», aunque resulta «más que evidente que los ciudadanos y ciudadanas piden que se ponga en marcha cuanto antes una mesa de formaciones políticas para ir a las raíces del conflicto y buscar una solución».
Situación estructural
En este contexto, Batasuna estima necesario «garantizar» su derecho a la participación política y «el respeto a los derechos civiles y políticos». Para ello, la formación independentista quiere abrir una reflexión «con todos aquellos agentes políticos, sindicales y sociales que afortunadamente han reivindicado estos últimos días el derecho que tiene Batasuna a hacer sus actos políticos».
Permach explicó que la cuestión no se limita a dar «una respuesta urgente» a un hecho puntual como la prohibición del acto del Kursaal, sino de una situación estructural «mucho más importante, el derecho a la participación política que tiene Batasuna y un sector social importantísimo», algo que «hay que garantizar si queremos sacar adelante las expectativas».
Durante el turno de preguntas se le pidió que concretara sus manifestaciones sobre aquellos que, a su juicio, pretenden «retrasar» la puesta en marcha de una mesa.
Para Permach, «hay formaciones que dicen que lo único que toca en estos momentos es ‘verificar’ no se sabe qué voluntad, cuando en este país todo el mundo sabe que si ETA ha dicho que declara un alto el fuego permanente quiere decir que declara un alto el fuego permanente». Recordó como ejemplo que el PSOE no dudó de ETA cuando la organización armada rechazó cualquier implicación en los atentados del 11-M en Madrid.
Permach abundó en el tema y aseguró no entender por qué desde algunos formaciones «no se hable de la necesidad de poner cuanto antes en marcha esa mesa. En estos quince días se han puesto más barreras y obstáculos para iniciar un proceso democrático que en cualquier plazo anterior de quince días desde que gobierna Zapatero».
Interrogado acerca de quienes dicen que Batasuna convocó el acto del Palacio Kursaal con «mucha publicidad», recordó que el anuncio se realizó a través de una comparecencia similar a la de ayer y a todas las que esta formación ofrece casi a diario.
«Batasuna está llevando a cabo su labor política, algunos de esos actos se ilegalizan y algunos otros no, como esta rueda de prensa», apostilló.
Se insistió en la posibilidad de que la izquierda abertzale «cree un nuevo partido» o «cambie de siglas», tal y como han sugerido José Luis Rodríguez Zapatero o Cándido Conde-Pumpido.
Un debate ficticio
«Parece que hay quien pretende plantear un debate sobre partidos o sobre siglas. En estos momentos, hay una conculcación permanente de derechos civiles y políticos en lo que es la actividad de Batasuna y del conjunto de organizaciones de la izquierda abertzale; un apartheid político y una situación institucional que no representa la voluntad popular, el juicio 18/98», enumeró.
«Toda una realidad prosiguió que pone en evidencia la no existencia de condiciones democráticas. Y a toda esa realidad es a la que debe responder el PSOE si tiene un mínimo de voluntad y responsabilidad ante la situación que se está abriendo en Euskal Herria».
Permach explicó que lo que se reivindica es «el derecho a hacer política, nuestro derecho y la legitimidad de poder apostar por el camino de los últimos meses y años, que es intentar traer cuanto antes a EuskalHerria un escenario de paz, justicia y democracia donde todos los proyectos políticos puedan ser defendidos. Y que Batasuna pueda defender su proyecto político de forma pacífica y democrática. Es el PSOE el que debe valorar cómo acaba con una estrategia de ilegalizaciones».
El portavoz abertzale comentó que «parece que ahora nosotros tenemos que interpretar la Ley de Partidos. ¿Se le está diciendo a la Mesa Nacional de Batasuna que puede cambiar el nombre y punto final, cuando en este país se ha ilegalizado a Herritarren Zerrenda, a Aukera Guztiak, a AuB y a 253 plataformas?», se preguntó.
Ziarreta pide el final de la Ley de Partidos
Unai Ziarreta, secretario general de EA, se mostró ayer muy crítico con la decisión de Grande-Marlaska, aunque recordó que la prohibición tiene su origen en la Ley de Partidos, una norma que «nace del Pacto Antiterrorista».
«El alto el fuego permanente es un paso histórico por parte de ETA y ahora el Gobierno español debe dar algún paso. La derogación de la Ley de Partidos sería un paso importante por parte del Gobierno y un paso decisivo para sortear los diferentes obstáculos que se van a presentar a partir de ahora», apuntó en una entrevista en TVE. El dirigente de EA subrayó que «no se puede pedir a Batasuna que participe y se integre en la vida política, y luego prohibir sus actos».
No obstante, matizó que resulta equivocado pensar «que porque Batasuna entre en el Parlamento Vasco o pueda realizar sus actos se va a solucionar el conflicto vasco». Tampoco si el debate se centra en «un nuevo Estatuto con unas cuantas competencias más».
«Por ahí no vendrá la solución permanente del conflicto. Nos tenemos que centrar en el derecho a decidir que tiene este pueblo, y en el asunto de la territorialidad. Me imagino que el PSE o el PP llevarán [a una mesa de partidos], con toda legitimidad, la Constitución y el Estatuto. Pero no cabe duda de que la sociedad quiere una solución definitiva al conflicto, y para ello debemos tratar dichos temas», añadió. Ziarreta expuso que «normalización» es «el que todas las ideas se puedan defender y tener la posibilidad de ponerlas en práctica», algo que, apostilló, no se permite con el actual marco político.
Más rechazos
Los partidos políticos Zutik y Batzarre, así como Gazte Abertzaleak las juventudes de EA denunciaron ayer la prohibición del acto del Kursaal y defendieron el derecho de Batasuna a hacer política.
LAB tilda la prohibición de hecho «grave y preocupante»
LAB tildó de «grave y preocupante» la prohibición del acto del Kursaal y subrayó que «mantener la agresión permanente contra la izquierda abertzale, aunque se disfrace de decisión jurídica, es totalmente irresponsable y deja entrever una falta de voluntad real del Gobierno de Zapatero de abordar un proceso político». El sindicato reclamó la derogación de la Ley de Partidos e instó a la sociedad vasca «a no dejarse llevar ni derrotar por estrategias inaceptables y a defender el derecho de todos a ejercer y defender con libertad cualquier proyecto».