Esta es la traducción al castellano del texto que se podía leer en una de las camisetas realizadas por la cooperativa de presos y presas de la cárcel de Rebbibia (Roma): «Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá giustiziato». Si alguien se animara aquí a sacar esas camisetas, seguro que se forraba. Iruñea, 26 de […]
Esta es la traducción al castellano del texto que se podía leer en una de las camisetas realizadas por la cooperativa de presos y presas de la cárcel de Rebbibia (Roma): «Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá giustiziato». Si alguien se animara aquí a sacar esas camisetas, seguro que se forraba.
Iruñea, 26 de septiembre de 2012. La mayoría sindical vasca convoca convocado un huelga general contra las reformas del Gobierno. En su transcurso, mientras participaba en uno de sus piquetes informativos, me dirijo en dos ocasiones a la policía para interesarme por sus razones para retener a un joven y golpear a una sindicalista. A pesar de identificarme como diputado, los policías me sueltan varios porrazos. Decenas de testigos presenciaron los hechos, recogidos luego por numerosos medios. Incluso el «Financial Times» inglés llegó a publicar una fotografía de los mismos en su primera página.
Denunciados lo anterior, el Juez acordó el sobreseimiento y archivo de la denuncia por dos razones. En primer lugar, porque a pesar de admitir que «el denunciante esgrimió ante los funcionarios policiales su condición de parlamentario español», el Juez estimó que «es evidente que no se encontraba realizando ninguna función propia de su condición». Que el Presidente Rajoy acuda a una final de la selección española de fútbol o la ministra Fátima Báñez vaya a la procesión del Rocío a solicitar la intercesión de la virgen para que el paro disminuya, sí que se considera como algo propio del cargo, pero formar parte de un piquete informativo en una huelga general, no, eso sí que no.
La segunda razón para archivarlo fue entender que mi petición de explicaciones a la policía obstaculizó e impidió su actuación, motivando «que los funcionarios policiales emplearan frente a él también la fuerza necesaria para apartarlo». Sin comentarios. ¡Paso palabra!
Recurrido el Auto judicial, la Audiencia Provincial de Navarra estimó parcialmente el recurso interpuesto señalando que no hubo evidencia alguna en mi conducta de «resistencia o actitud peligrosa alguna» y rechazando que «la actuación de los agentes cuando golpean al denunciante tuviera su origen en el cumplimiento de un deber» que pudiera eximirlos de responsabilidad.
En junio de 2014 se celebró el acto de la vista oral del juicio de faltas por lesiones imputadas a los policías (se rechazó nuestra petición de calificarlos como delito), pero éste se suspendió tras comprobarse que el Juzgado (¡…!) no había llamado a declarar a uno de los agentes. Y ahora, pasados dos años de todo aquello, el Juez ha declarado finalmente la prescripción de las posibles faltas por no constar que en la actuación judicial haya habido una imputación concreta de los hechos y haber transcurrido más de seis meses desde su comisión. El juez, sin embargo, no señala quién es el responsable judicial de tanto desatino ni ordena la apertura de expediente alguno al respecto.
En aquella huelga general varios jóvenes fueron acusados de atentado contra agente de autoridad. Al de doce días, por medio de un juicio rápido, ya habían sido condenados a dieciséis meses de prisión. Sin embargo a otro joven, Aingeru Zudaire, a quien una pelota de goma le reventó un ojo como consecuencia de lo cual ha perdido prácticamente la visión del mismo, se le archivó su denuncia contra la policía. Recurrido el caso, se consiguió que éste siguiera adelante, pero aún no se ha celebrado el juicio.
Hace unos días el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para varios ecologistas miembros de Mugitu!, colectivo de desobediencia civil contra el TAV, por arrojar en Toulouse (Francia) tres tartas de nata contra la presidenta del Gobierno de Navarra. Nadie allí les acusó de nada, pero aquí no les perdonaron. Aquí, endulzar la cara de Yolanda Barcina es delito, y de los gordos. Aporrear a un diputado de Amaiur, no, por supuesto.
La Audiencia Nacional, a pesar de llevar cumplidos ya cinco años de los seis a los que fueron condenados, acaba de negar la libertad provisional a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. A pesar de ser los principales artífices del proceso de paz y normalización democrática impulsado en Euskal Herria, su peligrosidad parece ser bastante mayor que la de Rodríguez Galindo, Barrionuevo, Vera, Sancristobal.., condenados en su día por los crímenes del GAL (torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones,…), quienes no llegaron a cumplir siquiera ni la décima parte de las condenas que les fueron impuestas.
La Audiencia Nacional también denegó este año la extradición solicitada por la jueza argentina, María de Servini, por crímenes de lesa humanidad, contra los torturadores franquistas Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño» y Jesús Muñecas. Según la A.N., sus torturas no formaban parte de un «ataque sistemático y organizado a un grupo de población». Es decir, ellos no eran parte activa, consciente y voluntaria de una Dictadura que desaparecía, torturaba, encarcelaba y reprimía al conjunto de la sociedad, sino, a lo más, casos aislados que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. ¿Dirá ahora lo mismo la Audiencia Nacional ante la nueva petición de detención y extradición contra veinte altos cargos (ministros -Martín Villa, Utrera Molina,..-, militares, policías, jueces,…) de la Dictadura franquista?
La Transición no solo nos legó una Monarquía, un Ejército, una Policía y una Banca que fueron sostén de una dictadura criminal, sino también una Judicatura que acató dócilmente sus leyes y calló ante sus atropellos. Después de aquello, sus togadas señorías fueron recolocadas sin depuración alguna en la nueva Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc.., y allí crearon escuela. No sorprende por ello la actitud benévola de la actual judicatura en relación con los desmanes realizados por las llamadas fuerzas de seguridad, cuya impunidad es total. Y no lo digo yo, que conste, sino que lo afirman las reiteradas condenas (desapariciones, torturas,…) al Estado español hechas por distintos Comités de la ONU y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Lo dicho, «»Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá giustiziato».
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