Ustedes, convencionales, son nuestra última esperanza de tránsito pacífico a una nación con igualdad de derechos y deberes.
Por eso les damos la bienvenida, ustedes son nuestros hermanos. Cuenten con nosotros.
El conservadurismo -de derechas e “izquierdas”- les impidió usar el nombre de Asamblea Constituyente. Pero éso es lo que ustedes verdaderamente son. Una Asamblea del pueblo que dictará la nueva norma magna que regirá leyes, decretos y reglamentos de una república diferente. Por eso lo primero de lo primero es recuperar la identidad. Ustedes son una Asamblea Constituyente, la primera de nuestra historia. Dotada de todos los poderes para escribir una nueva Constitución Política. En definitiva será el pueblo, en referéndum, el que aprobará o rechazará vuestra propuesta. Por eso, la primera definición que les espera es decidir si asumirán la plenitud de sus poderes, rechazando toda sumisión a un orden que es necesario cambiar en sus raíces. Confiamos en ustedes.
La nueva Constitución Política de la República de Chile tiene que colocarse, sin ambages, de lado de los pobres del campo y la ciudad. De los que sufren discriminación social, racial y de género en salud, educación, vivienda, trabajo, salarios, pensiones, etc. Necesitamos que todo chileno que lo merezca, sin perjuicio de su origen, pueda ser juez de la Corte Suprema, comandante en jefe del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, diputado o Presidente de la República. Igualdad de derechos y deberes, es la medida democrática de la nueva Constitución que esperamos los chilenos.
Recuperado su carácter de Asamblea Constituyente, la “Convención” tiene que tomar partido por los pobres, por los que fingen ser “clase media” por un salario de 400 mil pesos y un auto usado. Ellos son la mayoría de nuestro país. Y hay los extremadamente pobres, los miserables de esta sociedad: las 81 mil familias que sobreviven en 969 campamentos de tablas, cartones y plástico, sin agua potable ni baño, los esperpentos de niños y ancianos vagabundos del barro y la desesperanza.
¿Cómo tolerar una Constitución que admite que en tiempo de pandemia y aumento de la pobreza, un puñado -entre ellos el presidente de la República- hayan aumentado sus riquezas en miles de millones de dólares?
Ustedes, constituyentes, tienen el deber de poner fin a la injusticia social desechando el modelo neoliberal que nos estrangula. Ustedes pueden escribir el mandato supremo que obligue a leyes e instituciones a ceñirse a una época de cambios. La nueva Constitución permitirá al pueblo demandar, sin obstrucciones leguleyas, los derechos que les son negados. Las instituciones civiles y militares, hoy en crisis profunda, tendrán que adaptarse a las nuevas reglas.
La Constitución -esperamos- consultará el mecanismo antigolpista que permita remover, mediante plebiscito, los gobiernos corruptos que traicionan sus promesas. Del mismo modo, la Constitución democrática seguramente abrirá paso a la iniciativa popular en materia de leyes y desbrozará el camino legislativo eliminando el Senado y el Tribunal Constitucional, que hoy enmarañan y facilitan el cohecho y prevaricación de las instituciones.
Una Asamblea Nacional con diputados que reciban salario similar al de un trabajador, y una Corte Suprema con magistrados de confiable probidad, deberían ser la vía de tránsito de las nuevas leyes de la República. Una amplia mayoría ciudadana espera que la nueva Constitución reconozca la autonomía de los pueblos originarios y el orgulloso mestizaje del pueblo chileno.
El derecho a manifestarse pacíficamente, a disentir y expresar opiniones críticas al gobierno y a la Asamblea Nacional, a formar sindicatos y partidos políticos, a profesar y practicar la religión que cada cual desee, el aborto libre, el derecho a formar familia por matrimonios del mismo sexo, etc., serán sin duda derechos que incluirá la nueva Constitución.
Asimismo, hay un derecho que, sin duda, será motivo -como lo es hoy- de profunda discusión. La libertad de expresión. Esta, sin dudas, debe ser amplia en todos los terrenos. El rango y amplitud de la libertad de expresión, debe ser sometido a escrutinio en la Convención. El derecho a informar y opinar, cuyo hermano gemelo es el derecho a estar informado, debe ceñirse a ciertas reglas para ser auténticamente democrático.
La información cumple una función social. Por lo tanto -como la salud o la educación- no puede ser un negocio privado. La propiedad de los medios televisivos, radiales, escritos y digitales no puede estar en manos de emperadores de la opinión pública. Tiene que ser la propiedad plebeya de cooperativas, organizaciones sociales, partidos políticos, municipalidades, congregaciones religiosas, etc., apoyados por el Estado si se ven excluidos de publicidad privada. Los periodistas, que obedecen normas de ética profesional, tienen que ser los que dirijan los medios, no los gerentes y agencias de publicidad como ahora. La información crea corrientes de opinión política y esa noble función, repetimos, no puede ser un negocio más en el abanico de intereses de grandes empresarios. El pluralismo informativo y de opinión es absolutamente necesario en esta época de cambio social y político. Pero los magnates de la prensa deben ser relevados de una tarea que es de responsabilidad colectiva si queremos avanzar resueltamente hacia el futuro.
Compatriotas constituyentes:
¡Rompan las cadenas que intenta imponerles el sistema!
¡Cumplan un deber de lealtad con la heroica lucha del pueblo chileno para llegar a este umbral de libertad!