La empresa amenaza a sus 33 repartidores en Cantabria: o empeoran sus condiciones o se quedan sin empleo
CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo «las actitudes intimidatorias y de presión contra las representaciones sindicales» que no quieren firmar el nuevo Acuerdo de Interés Profesional (AIP).
Perder su empleo o sus condiciones laborales. Esta es la disyuntiva que les plantea Bimbo a sus repartidores; 33 en Cantabria y 800 en todo el Estado. Se trata de antiguos empleados que la empresa convirtió en autónomos económicamente dependientes (TRADE) y de los que ahora quiere prescindir si no suscriben un Acuerdo de Interés Profesional (AIP) que Bimbo acaba de firmar con UGT Donuts y ATA, representación sindical de la antigua Panrico, compañía que compró en 2016.
El acuerdo, que no ha tenido en cuenta a los sindicatos de Bimbo, supone un recorte de salarios, pone en riesgo su salud laboral y amplía la jornada laboral a 60 horas semanales; algo «razonable» según la empresa. En Cantabria, además, Francisco Flores, secretario general de la sección sindical Bimbo a nivel estatal, denunció el pasado 29 de diciembre a la empresa ante la Inspección de Trabajo. «La empresa incurre en prácticas antisindicales vulneradoras del derecho fundamental de libertad sindical» y «está protagonizando actitudes intimidatorias y de presión contra las representaciones sindicales de CCOO y UGT en Bimbo con la finalidad de que firmen el nuevo AIP, y si no firman amenaza (…) con que si no se produce la firma ni la adhesión el día 8 de enero no nos dejarán trabajar». Por eso, la Federación de Industria de CCOO pide que dé a lugar a la incoación de un expediente sancionador por «infracción muy grave» contra Bimbo.
El AIP que acordó Bimbo con las representaciones sindicales de la antigua Panrico no fue suscrito por CCOO ni por UGT Bimbo porque «precariza las condiciones laborales y vulnera los derechos». «Bimbo no quiere repartidores, quiere esclavos», ha denunciado Francisco Flores, que considera que lo que está pasando ahora es la conclusión de un proceso que inició en 2011, «cuando la empresa cambió mediante un ERE su red comercial, obligó a los trabajadores y trabajadoras a suscribir un contrato mercantil, y utilizó la figura de TRADE para legalizar la situación».