Hacer un análisis de clase de la sociedad colombiana es como escribir su historia. En aras del debate que de alguna manera se ha abierto [1] frente a si existen dos sectores enfrentados al interior de la oligarquía colombiana (expresión para identificar a la cúpula de las clases dominantes que ejercen el poder monopólico del […]
Hacer un análisis de clase de la sociedad colombiana es como escribir su historia. En aras del debate que de alguna manera se ha abierto [1] frente a si existen dos sectores enfrentados al interior de la oligarquía colombiana (expresión para identificar a la cúpula de las clases dominantes que ejercen el poder monopólico del Estado), me voy a permitir exponer el siguiente cuadro (sintético) de sectores y subsectores de esa clase dominante que hoy conforma una parte mínima de la sociedad colombiana.
Antes de avanzar es muy importante aclarar que no se puede hacer una fotografía plana y simple de la composición de clases de Colombia ni de ninguna sociedad y que por el contrario hay que ver ese cuadro en «movimiento», con unas clases y sectores de clase que se intrincan y superponen, por efecto de que esos sectores de clase son producto de momentos determinados de desarrollo económico y social de la sociedad. Muchos de esos sectores evolucionan y algunos subsectores se mantienen con características del pasado. Además, de acuerdo al impacto de nuevos fenómenos sobrevinientes, esas clases y sectores de clase nuevamente son «movidas» (transformadas) por circunstancias específicas como pueden ser la guerra o conflicto armado interno, la intervención de la economía del narcotráfico, la presencia territorial de transnacionales, las transformaciones estructurales del aparato productivo, las mismas leyes gubernamentales, etc., etc.
Es decir, el cuadro es un esquema para aproximarnos a la realidad a fin de hacer un análisis de un instante o momento, que debe ser mirado a la luz de la complejidad y del desarrollo desigual y combinado.
Las clases dominantes
Las clases dominantes colombianas han sido encabezadas históricamente por los grandes propietarios tradicionales de latifundios, que hoy se han visto acompañados de grandes terratenientes emergentes que han resultado de la apropiación – muchas veces «legal», otras ilegal, pero siempre forzada – de tierras despojadas a campesinos en las últimas seis (6) décadas. Esos grandes latifundistas se dividieron desde mediados del siglo XIX entre aquellos que entablaron grandes negocios con los capitalistas ingleses en ascenso y aquellos que mantuvieron una economía de subsistencia y servidumbre en sus grandes extensiones de tierra.
A lo largo de la historia surgieron burguesías, una industrial durante el siglo XX al calor del desarrollo industrial del mundo pero especialmente durante las décadas de los años 40s al 70s por efecto de la política de sustitución de importaciones. También, se fortaleció una burguesía burocrática, intrincada con diferentes sectores de clase, con base en la administración del precario «Estado del Bienestar» que se alcanzó a desarrollar en los países latinoamericanos. Entrelazada con esas burguesías crecía la burguesía bancaria que al fundirse en los años 80s y 90s del siglo pasado (XX) con la burguesía industrial y agro-industrial – alimentada también por los dineros provenientes del narcotráfico – se convierte en la burguesía financiera transnacionalizada que hoy domina la nación, y que está representada por unos cuantos grupos y conglomerados económicos que hoy se dan el lujo de explayar sus inversiones a Centroamérica y las Antillas, a varios países de Sudamérica y a los mismos EE.UU.
Todos estos subsectores, latifundistas tradicionales y emergentes, burguesía industrial y agro-industrial, burguesía burocrática, burguesía bancaria y financiera, son las clases dominantes en Colombia que conforman una oligarquía reaccionaria y neoliberal. Todas ellas, hacen parte de la oligarquía antinacional y entreguista de los intereses soberanos del pueblo colombiano. En eso no puede haber la menor duda.
Sin embargo en aras de comprender el momento político que se vive en Colombia, en aras de poder entender la coyuntura actual, es necesario visualizar dos grandes bloques de esa oligarquía, que se enfrentan básicamente por dos tipos de intereses: el valor de la renta del suelo y la lealtad a la política ultraderechista de los EE.UU.
Esos dos bloques son: los latifundistas tradicionales que se han puesto a la cabeza de terratenientes emergentes, especuladores rentísticos [2] y campesinos ricos re-convertidos en ganaderos extensivos, por un lado, y por el otro, la burguesía transnacionalizada, que se ha puesto a la cabeza del conjunto de la burguesía y de la pequeña burguesía alta, que aspira a convertirse en burguesa con base en el aprovechamiento – iluso – de la internacionalización de la economía (globalización neoliberal, TLCs. y otros convenios comerciales).
A la burguesía transnacionalizada – comprometida en continuar con el proceso de reprimarización de la economía – le interesa introducir una serie de cambios en el sector agropecuario, no para beneficiar a los pequeños y medianos productores agropecuarios o para darle la mano a los campesinos sin tierra (desplazados y no desplazados), sino fundamentalmente para bajar el costo de la renta de la tierra, que se ha convertido en un alto costo de la producción agropecuaria, especialmente la que les interesa a ellos, o sea, la de agrocombustibles (caña de azúcar y palma aceitera). Es más, posiblemente estén interesados en el mercado de alimentos transgénicos para exportación (soya, maíz, otros), en los cultivos agroforestales y en la producción de otros cafés (robustas) para competir en el mercado mundial tomando como escenario las tierras de los Llanos Orientales.
Para poder hacerlo necesitan «modernizar el mercado de tierras» y «pacificar» el campo. De allí la gran necesidad de resolver el problema del «desarrollo agrario integral» y hacerlo a la par con la terminación del conflicto armado interno. Tales políticas apuntarían a disminuir o debilitar el poder del latifundismo ganadero, que más que basar sus ganancias en los procesos productivos, viven y juegan con base en la renta del suelo. Esa burguesía lo que necesita es hacer viable los «agro-negocios» y no cualquier clase de agro-negocio, sino los vinculados al gran capital internacional y a los mercados globales de la energía y los alimentos.
Por otro lado, esa burguesía transnacionalizada tiene un nuevo pensamiento geopolítico que la aleja de las posiciones ultraconservadoras del latifundismo ganadero. Es una burguesía que en coordinación con las burguesías del resto de Latinoamérica – especialmente las de Brasil y Argentina – ha adquirido conciencia de sus propios intereses con respecto a los de la burguesía imperial estadounidense. De allí que hayan asimilado (entendido a su manera) los esfuerzos de los gobiernos revolucionarios (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Cuba) y «progresistas» (Brasil, Argentina, Uruguay) por la integración de un bloque latinoamericano, y que para jugar en ese bloque han constituido su propio sub-bloque con México, Chile, Perú y Colombia, jalonando a países de Centroamérica.
De allí podemos comprender el por qué la política del gobierno colombiano – que representa en lo fundamental los intereses de esa burguesía transnacionalizada – se ha distensionado frente a los países del ALBA, no sólo pensando en los negocios comerciales puntuales que se habían visto conmocionados y obstaculizados por la política de confrontación de Uribe, sino pensando en el largo plazo frente a los bloques de poder económico que es necesario consolidar a nivel global para poder jugar con fuerza en los mercados internacionales de las materias primas y otros productos (comodities).
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la burguesía transnacionalizada si bien es reaccionaria y nada progresista, en la coyuntura actual debe posar de «progresista» para poder apoyarse en amplios sectores populares para derrotar políticamente (y en parte económicamente) al latifundismo ganadero. De allí los esfuerzos del gobierno de Santos por impulsar la política de la restitución de tierras a los desplazados y de reparación de las víctimas del conflicto, pero dichos esfuerzos los limita a la legalidad institucional – y no a la movilización de los sectores sociales comprometidos en dichos planes -, y por ello son políticas que se quedan a medio camino, obstaculizadas por el aparato burocrático y las condiciones reales de violencia y presión armada que existe en el territorio real y concreto, por parte de los actores violentos que han despojado de la tierra a los campesinos pobres.
Esa situación de relativa debilidad de la burguesía transnacionalizada es la que hace posible que los sectores democráticos y populares puedan diseñar una política de «alianza parcial» con la burguesía transnacionalizada y de unidad de acción con su gobierno, siempre sobre la base de empujar nuestras propias propuestas y garantizar nuestra independencia y autonomía política. En la práctica, el sólo hecho de que la insurgencia esté negociando en La Habana, crea condiciones para forzar al gobierno a comprometerse en el terreno con las comunidades que logren organizarse y movilizarse.
NOTA: En un próximo artículo analizaremos el campo de las clases subordinadas – trabajadores, campesinos, pequeña burguesía y sectores medios
NOTAS:
[1] Ver: Alberto Pinzón Sánchez. «Algo más sobre la oligarquía latifundista y financiera trasnacionalizada»:http://www.
[2] Es importante tener en cuenta que en los últimos años – por efecto de la crisis capitalista mundial – está en operación un proceso de inversión global en compra de tierras, que se ha convertido en un fenómeno especulativo de acaparamiento de tierras de orden global.
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