Resulta altamente preocupante que la Capitanía Marítima del Puerto de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, impida que pueda zarpar de dicho Puerto el buque de la organización humanitaria Proactiva Open Arms. Invoca razones técnicas sobre las características de la embarcación y las limitaciones que de ellas se derivan. Es de sobra sabido que dicho […]
Resulta altamente preocupante que la Capitanía Marítima del Puerto de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, impida que pueda zarpar de dicho Puerto el buque de la organización humanitaria Proactiva Open Arms. Invoca razones técnicas sobre las características de la embarcación y las limitaciones que de ellas se derivan. Es de sobra sabido que dicho buque, pese a su limitada capacidad para incorporar personas a bordo, lleva cinco años navegando por el Mediterráneo para, en sus tareas de observación y vigilancia, auxiliar a náufragos en peligro inminente de perder la vida. Como exige el art. 98 de la Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar.
Es una de las muchas iniciativas solidarias hoy presentes, para afrontar las oleadas de refugiados que, en condiciones más que deplorables, huyen de la miseria, el hambre y las guerras de sus países de origen, tanto en Oriente Medio como en África.
Y resulta extraño, por no emplear un término más ofensivo, que precisamente ahora se obstaculice una actuación de tan alto contenido solidario. ¿Será porque Open Arms pone en evidencia las carencias de la Unión Europea ante el problema migratorio? Porque ya lleva, al menos, cinco años dedicada a esta tarea humanitaria. Prueba de ello es que, en 2016, los fiscales progresistas (UPF) le otorgaron un premio de reconocimiento, «dada la importancia de su labor en el rescate de personas migrantes en aguas del Egeo». Eran los tiempos de los flujos migratorios a Grecia y del antidemocrático Tratado que la UE pactó con Turquía. Los mismos fiscales que, ahora, han condenado la actual actitud de Fomento por «impedir por estos medios que las ONG puedan realizar las tareas de auxilio humanitario y denuncia frente a las costas de Libia…». Y, añaden, con acierto, que la decisión de Fomento de bloquear dicho buque «pretende suplir la falta de política europea».
Y, en efecto, es gravemente reprochable que la UE, destinataria de esas travesías por medios completamente vulnerables, no haya hecho uso de forma continuada y rigurosa de la facultad que le otorga el art. 43 del Tratado de la Unión para emplear «medios civiles y militares» para «misiones humanitarias y de rescate». Es significativo que nunca se haya denunciado ni se hayan exigido responsabilidades jurídicas por esa gravísima y reiterada omisión ante las miles de personas que perdieron la vida por una total ausencia de auxilio de la UE.
Por otra parte, la decisión de Fomento, ejecutada por el Capitán del puerto barcelonés, representa «una violación grave y persistente» de los valores de la UE proclamados en el art. 2 del Tratado de la misma. Como son la «dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, y el respeto de los derechos humanos». Valores comunes a una sociedad que dice estar caracterizada por «el pluralismo, la prohibición de discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres». Principios y valores que la decisión administrativa adoptada respecto a la salida del puerto por la referida embarcación no han sido respetados respecto a las personas eventualmente afectadas por tal decisión.
Como, igualmente, resulta obvio el manifiesto incumplimiento de la directiva respecto al trato y acogida que debe darse a las personas vulnerables tal como lo exige la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. El art. 21 de esta directiva describe quiénes se consideran las «personas vulnerables» a estos efectos: «Menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital femenina».
Pero hay algo más grave. En septiembre de 2015 se aprobaron por el Consejo Europeo dos decisiones. La primera, la 2015/1523, de 14 de dicho mes. La segunda, la 2015/1601 del 22 del mismo mes. Ambas se adoptaron con el propósito de abordar «la situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países» en Grecia y en Italia. La situación, obviamente, se agrava cada día. En la primera de ellas se hace constar «la reciente situación de crisis en Mediterráneo» y el reconocimiento de «flujos migratorios excepcionales», que se reflejan en los siguientes datos. En 2014, «más de 170. 000 inmigrantes llegaron a Italia de forma irregular» con un aumento del 277% respecto al 2013. A Grecia llegaron «más de 50.000 inmigrantes irregulares», con un aumento del 153% respecto a 2013. Se acordaron «reubicaciones» que, salvo contadas excepciones, no se cumplieron. Ahora, un destacado miembro de la Unión impone trabas a misiones humanitarias, como las que llevan a cabo Open Arms.
El Ministerio de Fomento, sin dilaciones ni argumentos técnicos pertinentes, debe, ya, autorizar la salida del puerto de Barcelona de tal embarcación. Estamos, sin la menor duda, como dijo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de 10/12/2015, ante «una situación excepcional de catástrofe humanitaria», que genera, según razonaba dicha sentencia, «un movimiento de refugiados», que requiere de una respuesta inmediata allí donde viven situaciones de máximo riesgo para su salud y, sobre todo, para su vida. Como son las aguas cercanas a Libia y próximas a nuestra frontera sur.