El autor explica la conexión entre pensiones y presupuestos y cómo la crisis es usada para amenazar derechos conquistados.
En medio de una crisis particularmente devastadora en nuestro país, con el paro encaminándose a los cinco millones, los poderes económicos y la derecha política han desatado una nueva ofensiva contra las pensiones en un alarde de cinismo que raya la provocación. Los causantes (reales e ideológicos) de la crisis se atreven a servirse de ella -demandan «reformas profundas» sin ton ni son- para golpear a las víctimas, sabiendo que los trabajadores no tienen nada que ver ni tienen nada que aportar a su solución, en una demostración concluyente de que para la burguesía la lucha de clases es permanente. El PSOE, hasta ahora, se resiste a admitir las propuestas que hay sobre el tapete, pero no hay que pasar por alto que son destacados socialistas los que encabezan instituciones que sirven de arietes en la ofensiva: el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, y el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia.
Está fiablemente demostrado que en el futuro no habría problema con las pensiones, a pesar del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, si hubiese un crecimiento de la economía que fuera suficiente para absorber el paro y mantenerlo en cotas soportables.
Hay que darle la razón al Banco de España y a la Comisión Europea: si sigue aumentando el paro y la economía permanece largo tiempo postrada, como es muy probable, habrá un problema en la Seguridad Social. Pero inmediatamente conviene afirmar que no cabe hablar de una crisis financiera de la Seguridad Social, sino, si la hubiera, de una crisis financiera del Estado, del cual la Seguridad Social es una parte. Desde el Pacto de Toledo se impuso la división de fuentes, haciendo de la caja de la Seguridad Social un compartimiento estanco engañoso que no debe confundir: el Estado es único y hay que contemplar conjuntamente sus ingresos y sus gastos. Las pensiones pueden cubrirse con las cotizaciones, pero también con otros ingresos, incluso con impuestos progresivos, aunque esto fuera mucho pedir. En sentido contrario, las cotizaciones han cubierto en el pasado otros gastos del Estado como la sanidad pública, o ha ‘sostenido’ al régimen agrario deficitario. En realidad, sólo en 8 de los 27 países de la UE se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones.
El objetivo de esas propuestas es reducir en el futuro los gastos en pensiones por la doble vía de disminuir el número de pensionistas, aumentando la edad de jubilación, y reducir el montante de cada pensión ampliando el número de años para determinar la base reguladora, de los 15 actuales hasta toda la vida laboral. No se indaga en el corazón del problema: que en este país hay muchas pensiones, millones, manifiestamente insuficientes, que el gasto en pensiones es considerablemente más bajo que en la media europea y que, en la peor de las previsiones, las pensiones requerirían a lo sumo el porcentaje del PIB que ya dedican a ellas otros países de la UE. Como media, el gasto en pensiones en los países de la UE es del 12% del PIB. En España no llega al 9%. Cabe complementar esta información con el hecho de que el gasto público total es inferior al 39% del PIB, mientras que en la Europa de los 15 es del 46%, una diferencia que se concentra sobre todo en los gastos sociales.
Por otro lado, resulta de una inoportunidad extrema airear ahora este tema, en pleno huracán de la crisis económica: la inseguridad desatada agudizará la depresión y cabe preguntarse, con más de cuatro millones de parados, si lo que reclama la situación es prolongar la vida laboral o reducirla para dar encaje a los jóvenes desempleados.
Hasta ahora el Gobierno ha sostenido que no aplicará medidas restrictivas sobre los derechos de los trabajadores. Pero no es de fiar, incluso si se admite que lo afirma de buena fe, porque su desconocimiento de la crisis es tan profundo que el brusco choque con la realidad puede llevarle a giros abruptos y sonadas renuncias, y porque no tiene fuerza política para resistir una dura ofensiva de la derecha.
Otro tanto puede decirse de las direcciones sindicales: no son fiables, aunque se juegan arrastrar al fango a los sindicatos si consienten las agresiones. En todo caso, corresponde a los trabajadores y a los sectores anticapitalistas prepararse para evitar, con sus luchas y movilizaciones, que el gobierno y las direcciones sindicales flaqueen y que la derecha se atreva a desencadenar una confrontación social abierta.
Pedro Montes es economista