Los Cabildos Transfronterizos por la Paz son una herramienta de participación popular en construcción. Surgen de la migración y el exilio colombiano en Europa para elaborar un relato de la memoria y participar en la Mesa de Diálogo de Quito entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, que el 16 de mayo comienza […]
Los Cabildos Transfronterizos por la Paz son una herramienta de participación popular en construcción. Surgen de la migración y el exilio colombiano en Europa para elaborar un relato de la memoria y participar en la Mesa de Diálogo de Quito entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, que el 16 de mayo comienza su segundo ciclo tras 52 años de conflicto armado. «La comunidad colombiana en el exterior ha estado siempre invisibilizada, desde la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011», afirma el miembro de Cabildos Transfronterizos y del Congreso de los Pueblos, Fabián Torres García, en entrevista realizada en la sede del comité de solidaridad CEDSALA en Valencia. Frente al silenciamiento, los cabildos plantean la organización de las comunidades migrantes y en el exilio.
Entre el 13 y el 16 de abril tuvo lugar en Zurich una primera reunión entre una veintena de representantes de diferentes cabildos europeos: Inglaterra, Francia, Suecia, Suiza, Cataluña y Euskal Herria. Además de la participación política en los procesos de La Habana y Quito, se trataron otras cuestiones como el patriarcado, la organización del movimiento de mujeres, la historia del conflicto social y armado en Colombia, el colonialismo, el racismo y las pedagogías comunitarias. Los cabildos transfronterizos asumen el método asambleario y la participación directa. Se proponen como una red horizontal y en el que cada persona o grupo pueda construir su «espacio cabildario», y estos se vinculen a otras experiencias.
En el encuentro de Zurich, las organizaciones, personas migrantes y exiliadas manifestaron su solidaridad con el pueblo kurdo y con Nekane Txapartegi, considerada «prisionera política en Suiza y amenazada de deportación». Destacaron la «diversidad» del exilio y la migración colombiana, de manera que ésta incluya como sujeto político a las víctimas del conflicto pero también a quienes se trasladaron a Europa para trabajar, estudiar o fueron víctimas de la trata de personas, entre otras. Los cabildos se construyen, en síntesis, «desde la pluralidad y los entornos locales». En uno de los seminarios de formación política prescribieron algunas lecturas que orientan sobre su impronta ideológica. Se trata de los libros «Colonialidad del poder. Eurocentrismo y América Latina», del sociólogo peruano Aníbal Quijano; «Dispersar el poder», del periodista Raúl Zibechi; y el texto colectivo «Metiéndole pueblo a la paz. Para la participación de la sociedad en el proceso Gobierno-ELN».
La campaña ciudadana «Me haces falta. Derechos para la Colombia exiliada» estimó en más de cinco millones el número de colombianos que viven en el extranjero. De esta cifra, entre 500.000 y 1,5 millones son refugiados, peticionarios de asilo, exiliados políticos, migrantes forzados y víctimas de discriminación por orientación sexual o trata de personas. Un mínimo de dos millones de personas añadidas se vieron forzadas a emigrar por razones económicas, según la citada fuente. Además, tras 60 años de conflicto armado, ACNUR calcula que Colombia registra la cifra de 7,4 millones de desplazados internos, de los que el 10% corresponde a comunidades afroamericanas y el 3% a poblaciones indígenas.
En 2016 Colombia era el país con mayor número de desplazados internos del mundo, por delante de Siria, Afganistán y Somalia, según los datos de Naciones Unidas. Esta realidad no ha desaparecido con el paso del tiempo, ni con la rúbrica de los acuerdos de paz entre el ejecutivo y las FARC. Así, ACNUR informa que en el primer trimestre de 2017 se produjeron 25 desplazamientos «masivos» (más de 50 personas o 10 familias a la vez), con cerca de 4.700 personas afectadas.
Además de la elaboración de un relato sobre la memoria del exilio y la migración y la «agenda» de propuestas para los diálogos de Quito, se trata, afirman los Cabildos Transfronterizos, de fortalecer a la sociedad en el ejercicio político democrático «más allá de las negociaciones entre el gobierno y las insurgencias». Asimismo, informan en la página Web, se trata de reivindicar derechos y garantías para la mejora de las condiciones de vida de los migrantes y exiliados en Europa. Por ejemplo, un «plan de retorno» para quienes pretendan volver a Colombia o ejercer una migración «de ida y vuelta» sin pérdida de derechos, ni en Colombia ni en los países en los que actualmente residen. La demanda incluye una solución a los problemas de «papeles», trabajo, empleo y salud en los países de acogida. «Pero hay muchas organizaciones, y en el cabildo tampoco queremos ser los representantes de toda la emigración», matiza Fabián Torres, de 35 años, quien en 2015 se acogió al Programa de Protección Temporal para Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
«Nuestra propuesta ya fue enviada a Quito», subraya el activista, «al igual que hicieron los colombianos en la migración y el exilio de América Latina y Norteamérica». ¿Espera que los interlocutores se muestren receptivos? «Con los Acuerdos de La Habana se abrió un poco el camino, pero todavía falta…», responde el defensor de derechos humanos. «Tal vez con mayor acompañamiento, con más «carne» del movimiento social, no hubiera vencido el «no» en el plebiscito del dos de octubre de 2016 para refrendar los Acuerdos de La Habana».
Sobre las conversaciones entre el ejecutivo y el ELN, «entran planteando que se van a hacer con la participación de la sociedad, lo que nos lleva a observar el proceso con optimismo», sostiene Fabián Torres García. Es en una de las mesas temáticas, sobre migración y exilio, donde plantean que los cabildos se conviertan en «elemento dinamizador», Así, la voz de los Cabildos Transfronterizos, todavía en fase de construcción de tejido asociativo y comunitario, y en la búsqueda de una coordinación europea, introducen una perspectiva -según afirman en sus textos- «antipatriarcal·, «anticolonial» y «anticapitalista». En la forma de organización también destacan una participación diferenciada de las mujeres y de las generaciones que, nacidas en la emigración y el exilio, se consideran víctimas del conflicto.
Pero las demandas de participación se producen en medio de un «ambiente muy tenso», señala Fabián Torres, porque continúa el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De hecho, viene incrementándose el fenómeno del paramilitarismo, los desplazamientos (forzados) de población y los crímenes, a pesar de las negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas. El pasado 10 de marzo ACNUR informó, citando a autoridades locales, que la batalla por controlar la región de la Costa del Pacífico entre «grupos armados irregulares» terminó con el desplazamiento de 3.549 personas (913 familias) desde el inicio de 2017. En la misma zona se produjo, durante 2016, el desplazamiento forzado por la violencia de 11.363 personas (3.068 familias). Territorios destacadamente afectados por la violencia son Bajo Colima, la zona rural de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca; el litoral San Juan, Lloró, Alto Baudó y Domingodó, en el Chocó; Timbiquí (Cauca) y Santa Bárbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital (área rural de Tumaco), en Nariño.
«Muchos casos quedan hoy en la impunidad», zanja Fabián Torres. Entre los ejemplos recientes, señala el secuestro el pasado siete de abril de una mujer vinculada a la familia de Marylén Serna Salinas, defensora de derechos humanos y una de las voceras del Congreso de los Pueblos. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. El Congreso de los Pueblos detalló en un comunicado que la mujer violentada, de origen campesino, fue forzada por tres sujetos armados a subirse en un vehículo, donde le cubrieron la cabeza con una bolsa para a continuación golpearla e inyectarle una sustancia en el brazo. Además de sufrir torturas, a la mujer se le interrogó por su relación con la dirigente del Congreso de los Pueblos y el paradero de ésta.
Los Cabildos Transfronterizos también trabajan en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y la solidaridad con las víctimas en Colombia, así como en la memoria frente a la impunidad. Torres García recuerda el caso de Carlos Pedraza, dirigente del Congreso de los Pueblos asesinado en enero de 2015 al recibir un disparo en la cabeza. El cadáver apareció en el municipio de Gachancipa, a 60 kilómetros de Bogotá. «Se dice que fueron los paramilitares, estamos presionando para que actúe la unidad de investigación de la Fiscalía», señala el activista.
El «goteo» de casos no cesa. El periódico Resumen Latinoamericano informó que el nueve de mayo agentes de la Policía Nacional perpetraron un atentado contra las comunidades indígenas en el municipio de Corinto (Cauca). Como consecuencia de los disparos realizados con fusiles, resultó herido el periodista independiente Pedro García Leal y perdió la vida -cuando era trasladado a una clínica de Cali (Valle del Cauca)- el comunero indígena nasa Felipe Castro Basto. Pero los cabildos tampoco son ajenos al papel que el modelo extractivista de Santos otorga a las transacionales. «El modelo económico no fue negociado en La Habana, ni tampoco lo está siendo con el ELN», afirma Fabián Torres García. Es como si el gobierno hubiera establecido un «cerco», añade, en el que se dijera: «Estos son los intocables».
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