El desenterramiento y análisis de restos lo costearán los familiares, ya que las denuncias de casos anteriores a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia Provincial. Hasta el momento, las miles de denuncias presentadas en juzgados de toda España por el presunto robo de bebés durante el franquismo y los años ochenta apenas han […]
El desenterramiento y análisis de restos lo costearán los familiares, ya que las denuncias de casos anteriores a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia Provincial.
Hasta el momento, las miles de denuncias presentadas en juzgados de toda España por el presunto robo de bebés durante el franquismo y los años ochenta apenas han conseguido la exhumación de una veintena de sepulturas. Sin embargo, ahora en la ciudad de Cádiz se van a abrir 49 de una sola tacada. Lo han logrado los afectados aprovechando que el cementerio municipal está en fase de traslado y gracias a la autorización del Ayuntamiento. Pero el desenterramiento y análisis genético de los restos que se encuentren lo costearán ellos mismos, puesto que las denuncias de los casos sucedidos con anterioridad a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia de Cádiz por prescripción del delito, contradiciéndose así con el criterio de otras instancias judiciales del resto del país.
El pistoletazo de salida lo dio la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien en una reunión con la asociación SOS Bebés Robados mostró la disposición del Ayuntamiento a que, dentro del proceso de desmantelamiento del cementerio de San José y traslado de tumbas al mancomunado, los familiares pudieran recuperar los restos que desearan. Un portavoz municipal ha confirmado a Periodismo Humano que el Consistorio prestará «toda la colaboración posible» en esta tarea a los afectados por el presunto robo de bebés en la capital gaditana, para su posterior venta en adopciones ilegales.
Gracias a esto, se han presentado hasta el momento 49 solicitudes, correspondientes a otros tantos casos ya archivados por los juzgados. Es por ello que el coste de toda la operación tendrá que ser sufragado por los familiares, y no por la Administración de Justicia, que sí se hace cargo en cambio de dos exhumaciones actualmente en marcha en este mismo cementerio, ordenadas por el Juzgado. La concejala de Izquierda Unida (IU) Blanca Marzán ha intercedido para prestarles el servicio gratuito de una arqueóloga. El laboratorio New Bio Technic (NBT) realizará el análisis de ADN de los restos que se obtengan. Para que todo ello tenga validez ante los tribunales, la apertura de tumbas tendrá que realizarse en presencia de un notario. SOS Bebés Robados de Cádiz ha calculado el coste total en unos 2.000 euros por familia.
Su presidenta, Chary Herrera, es también una de las solicitantes de exhumación, en concreto de la supuesta tumba de su hermana, nacida el 10 de enero de 1975 en la clínica San Rafael, adonde se había trasladado el personal del hospital Fernando Zamacola (actual Puerta del Mar) por encontrarse éste en obras. Tras nueve meses de gestación, la niña nació sana, pero en su denuncia a la Fiscalía cuenta que sus padres apenas lograron tenerla media hora, pues «vienen contínuamente enfermeras a llevársela para enseñarla, les dicen que les han dicho que es muy bonita y quieren enseñarla otra vez, y ellos se sienten orgullosos pero les resulta extraño que se la lleven continuamente».
A las tres de la madrugada del 11 de enero vuelven a por la niña porque, dicen, está muy enferma. La siguiente comunicación con sus padres, según cuenta Chary, fue de un médico para informarles que su hija había fallecido por un fallo del corazón, y que el hospital se encargaría del entierro. El padre pidió verla, pero recibió la negativa del equipo médico arguyendo que estaba ya preparada para la sepultura. Finalmente, tras mucho insistir, su padre consiguió que le enseñaran un cuerpo envuelto completamente en vendas dentro de un cajón frigorífico. El matrimonio no fue avisado del entierro, que les cuentan se practicó en una fosa común del cementerio de San José tres días después.
Los padres quedaron desolados y con la sospecha de que alguien se había quedado con su hija, al verla «tan bonita», pero en aquella época el acatamiento de la autoridad estaba sellado a fuego en la población española, especialmente en las familias más humildes. Y así quedaron las cosas hasta que la hermana menor, Chary, acudió al Registro Civil en 2009. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el certificado de defunción, firmado por un ginecólogo, señalaba como causa de la muerte «prematuriedad», al nacer con sólo siete meses de gestación. Por si fuera poco, en el libro de defunciones del cementerio consta como causa de la muerte la «maceración», un proceso que daña al feto unas dos semanas antes del parto debido al líquido amniótico. Tres explicaciones distintas para una defunción presuntamente falsa. El hospital les dijo que no guardaban ningún historial médico anterior al año 2000, que se habían perdido.
Su hermana recibió supuestamente sepultura el 14 de enero de 1975. Sólo en ese mes, y hasta el 10 de febrero, consta en el cementerio gaditano el enterramiento de nada menos que 28 fetos, todos procedentes del antiguo Fernando Zamacola. Algo que, a juicio de los abogados de SOS Bebés Robados, es «una cifra desorbitada» que apunta a la «comisión de delitos no sólo de forma puntual, sino como una trama organizada».
Otro de los que espera la exhumación de la supuesta tumba de su hermano es Jesús Alcina. Su madre dio a luz el 28 de enero de 1983 mediante cesárea en el mismo hospital Zamacola, pero no llegó a ver al bebé porque le comunicaron que habia fallecido por «malformaciones incompatibles con la vida». Sin embargo en ninguna ecografía, la última de ellas dos semanas antes del parto, aparecía tal anomalía. Antes al contrario, indicaban que el niño estaba «encajonado» y no se apreciaba «ninguna malformación». Es más, en el test de Agbar sobre salud del feto, en una clasificación del 0 al 10, su hermano alcanzó un 8.
«Mis padres no consiguieron verlo ni con vida ni sin vida», se lamenta con rabia Jesús, puesto que fue supuestamente enterrado de forma inmediata por el hospital en las fosas comunes del cementerio que ahora se van a abrir. De hecho, lo que puso en guardia a la familia Alcina sobre el presunto robo de su bebé fue la llegada a su domicilio de un carta certificada, remitida por el propio cementerio, en la que se les entregaba un resguardo del pago de 400 de las antiguas pesetas por los gastos del funeral a nombre de su padre, Luis. Cantidad que el padre nunca pagó, y de hecho su firma en el resguardo aparece falsificada.
Huellas franquistas
El documento de legajo de aborto obtenido por la familia en 1983, en plena democracia, tiene el escudo preconstitucional. Viene firmado por el mismo funcionario del Registro Civil que suscribe un duplicado del libro de familia expedido también por aquel entonces, y en cuya portada figura igualmente el escudo de la España franquista, coronado por una cabeza de águila y el lema «una, grande, libre». Jesús Alcina sospecha que estos documentos, sobre plantillas distintas de las vigentes en democracia, fueron emitidos expresamente para su familia, y para otras afectadas por el robo de bebés, por la misma organización criminal que realizaba las adopciones ilegales, con posibles tentáculos en diversos organismos oficiales. Se trataría por tanto de documentos falsos.
Un supuesto nada descabellado es que algún ataúd aparezca vacío. Es lo que le sucedió a Josefa Rincón, cuando trasladó el féretro de su hijo recién nacido del nicho del San José al cementerio mancomunado. Al abrirlo, en 2001, se encontró con que dentro no había nada, «sólo un trozo de gasa con un esparadrapo». Un sepulturero les dijo que, al ser un bebé, no perduraban los restos, «y nos lo creímos», recuerda ahora con asombro. Al saber de la multitud de casos denunciados o en busca de evidencia, más de 350 sólo en la provincia de Cádiz, Josefa ha puesto los hechos en conocimiento del juez.
Ella rememora con amargura cómo dio a luz mediante cesárea el 11 de mayo de 1984 en el Zamacola. Nació un varón de 5,5 kilos que no paraba de llorar, «toda mi familia lo vio». Sin embargo, una hora después del parto les comunicaron que el bebé había muerto por encharcamiento de pulmones. «Un niño con encharcamiento no llora con tantas ganas», arguye. Al igual que a Jesús, le dieron otras dos posibles causas del fallecimiento, contradictorias con la primera: en el Registro Civil, que tragó líquido amniótico, y en el cementerio por ser prematuro. El médico no le dijo nada. «Salió corriendo y no volvió a entrar en la habitación hasta que yo salí del hospital», denuncia.
Así que, con resignación, «lo enterramos nosotros, pero no nos dejaron ver el cuerpo». En realidad lloraron a un ataúd vacío. En la licencia de enterramiento figura el nombre de uno de los facultativos, de iniciales J.L.M.O., como mandatario. Un nombre que también se cita en al menos otros treinta casos de presuntos bebés robados en Cádiz, al igual que el de otro doctor, con iniciales M.C.C. Ambos ejercen todavía y, en teoría, darán cuenta de sus actos ante el juez. Si es que el Juzgado no archiva las denuncias por considerar que ha prescrito el delito.
Delitos de lesa humanidad
El cierre de casos por prescripción fue una práctica habitual de los juzgados al principio de aparecer las denuncias de bebés robados. Sin embargo, diversas audiencias provinciales, como las de Barcelona y Huelva, han revocado autos de archivo de los juzgados y han reabierto diversos casos de supuesta sustracción de recién nacidos apoyándose en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que el delito de detención ilegal es permanente. Así, el plazo de prescripción no empieza a correr mientras los presuntos culpables mantengan el engaño y mientras en los registros oficiales permanezca la falsedad documental que lo ampara. Ése es sin duda el caso del robo de bebés.
Dentro de la propia provincia de Cádiz, los juzgados de Jerez y Algeciras están aplicando esta interpretación. Sin embargo la Audiencia de Cádiz, reunida en pleno el pasado 10 de febrero, decidió continuar con la doctrina de la prescripción, contando el plazo a partir de que el niño supuestamente robado cumpliera la mayoría de edad, a los 18 años, y aunque éste desconozca siquiera que haya sido adoptado. En todo caso, aplican otros 15 años porque el delito lo cometiera un funcionario público. Así que, para la Audiencia de Cádiz, toda detención ilegal cometida antes de 1979 está prescrita como delito, aunque sus autores sigan vivos, mantengan el engaño y la víctima continúe creyéndolo en la actualidad.
La Audiencia gaditana fundamenta su criterio en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que absolvía al ex juez Baltasar Garzón del delito prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo. En esa sentencia el Supremo se refiere a la prescripción de un delito de detención ilegal perfectamente conocido por la víctima, ya adulta en el momento de ser raptada, y cuyos autores están necesariamente muertos, pues está hablando de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y la posguerra. Unos supuestos muy diferentes de los del robo de bebés, a los que en ningún caso se refiere expresamente el Supremo en esta sentencia.
Pero, aunque fuera así, las más recienten interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un delito de lesa humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código penal, y por tanto jamás prescribirían. Según el jurista Miguel Ángel Rodríguez, este delito contra la humanidad «de inicio fue político». Se refiere al entramado legal del franquismo que facilitó la segregación infantil y la sustracción o eliminación de la custodia de las madres sobre sus hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que cualquier mujer reclusa sólo podían quedarse con sus hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otra familia. En la mayoría de los casos no se llegaba a esperar ese plazo. Bastaba detener durante unas horas a la madre, acusada normalmente de sedición, para arrebatarle a su bebé. La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con nuevos apellidos.
Mediante este engranaje, y según la investigación realizada en su momento por Garzón, se robaron a sus familias unos 20.000 niños en España entre 1940 y 1955, para darlos en adopción a familias adeptas al régimen. «Después -prosigue Rodríguez- aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio». De hecho, en la propia provincia de Cádiz hay datados casos desde 1938 hasta 1991. A su juicio, «con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política», porque «lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima», requisitos que se darían en esta tragedia colectiva sufrida en nuestro país.