CAF participa en la construcción de líneas de tranvía en los Territorios Ocupados Palestinos al servicio de la potencia ocupante.
Se ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta (1) por parte del grupo EHBildu, con respuesta por escrito, en el que se pide al Gobierno de Sánchez “si tiene información o mecanismos de observación y persuasión sobre posibles violaciones del derecho penal, del Derecho Internacional Humanitario u otras normas realizadas por empresas españolas en otros países?”
Además, se pregunta si ”¿el Estado tiene cauces donde se pueden presentar denuncias por parte de terceros sobre presuntas violaciones por parte de empresas españolas de Derechos Humanos y derecho internacional?
Las preguntas se han hecho por la decisión de la dirección de CAF de participar junto a la empresa israelí Shapir en la construcción y ampliación de líneas de tren ligero desde la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias sionistas próximas. Hay que recordar que los trabajadores de CAF, por medio del comité de empresa de Beasain, mostraron su rechazo a la decisión de la gerencia y la reclamaron que desistiera de estar en ese proyecto.
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe señala que el 8 de agosto del año pasado, CAF anunció a bombo y platillo que había ganado el concurso organizado por las autoridades israelíes para ese proyecto que, claramente, es contrario a las resoluciones de las Naciones Unidas y a la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe que la potencia ocupante, en este caso Israel, expropie, expulse población autóctona y que cree asentamientos y desplace población propia al territorio conquistado. Otras empresas del sector, para evitar un deterioro de su imagen corporativa y evitar ser excluidas en otros concursos internacionales, ni siquiera se presentaron al concurso que ganó el tándem CAF y Shapir.
La pregunta, en su enunciado señala que existe el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que remarca que la protección y la promoción de los derechos humanos constituyen una prioridad del Estado español, que España es signatario de las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales o que están en vigor los artículos 608, 611.5 y 613.1h del Código Penal que contemplan sanciones ante conductas gerenciales o empresariales no acordes con la legalidad.
De hecho, por todas esas actividades en los territorios ocupados palestinos Shapir, la empresa socia de CAF, está incluida en la relación, hecha pública el 12 de febrero de 2020, de las 112 empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2) considera que facilitan la ocupación de territorios palestinos.
En noviembre del año pasado el parlamentario de Elkarrekin Podemos-Unidos Podemos, Íñigo Martínez preguntó a la consejera del gobierno vasco, de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia por este mismo tema. Ésta, sin mencionar que la administración vasca es propietaria del 1,24% de las acciones, despreció la pregunta y afirmó que CAF cumplía los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con ética, transparencia, con los derechos humanos o la igualdad. obviando que las infraestructuras que hace CAF en los Territorios Ocupados fortalecen los bantustanes y el apartheid israelí sobre los palestinos y ocultando a sus inversores sus atropellos. La actividad de CAF y sus filiales, como CAF Signalling, se está haciendo en plena implantación y reforzamiento de la anexión del actual gobierno israelí de Netanyahu y Gantz sobre gran parte de Cisjordania.
Este tipo de preguntas y otras serán formuladas en la próxima Junta de Accionistas de CAF que se celebrará el 13 de junio en Beasain, tanto presencial como virtualmente.