La debilidad en la conducción del proceso de reformas que la Nueva Mayoría y Michelle Bachelet propusieron al país, se hace cada vez más evidente. Una primera manifestación de notable inseguridad política y de cobardía en la utilización de su mayoría parlamentaria, se produjo con la reforma tributaria. Sin ninguna necesidad, el gobierno cocinó el […]
La debilidad en la conducción del proceso de reformas que la Nueva Mayoría y Michelle Bachelet propusieron al país, se hace cada vez más evidente. Una primera manifestación de notable inseguridad política y de cobardía en la utilización de su mayoría parlamentaria, se produjo con la reforma tributaria. Sin ninguna necesidad, el gobierno cocinó el proyecto con la derecha y el empresariado e hizo importantes concesiones, incluyendo el blanqueo de capitales. De ese modo ratificó que continuaría aplicando la política de los consensos que ha instalado un co-gobierno permanente entre la centro-izquierda y la derecha (incluidos empresariado, Iglesia y fuerzas armadas). El co-gobierno ha esterilizado todo intento serio de reformar el modelo instaurado -mediante terrorismo de Estado- por la dictadura.
La línea aplicada en su segundo gobierno por la presidenta Bachelet confirma su apego al sistema heredado. Más allá de discursos para la galería -que intentan salvar la imagen de los partidos de la coalición-, esto significa compartir la administración del Estado y un reparto amistoso de los beneficios de la caja fiscal. Su más reciente iniciativa -la reforma laboral-, también se ubica en esa dirección. Se orienta a transitar el sinuoso camino de negociaciones que está recorriendo la reforma educacional. Ese trayecto de «purificación» limará las aristas que aún pudieran inquietar al empresariado. Admisión elocuente de los verdaderos propósitos de la reforma laboral fue la visita de los ministros de Hacienda y Trabajo al cardenal-arzobispo de Santiago para darle a conocer el proyecto y recibir su bendición. El prelado ha sido tenaz crítico de la reforma educacional, que se ha modificado según las exigencias de la Iglesia, importante operadora de la educación privada. Por otra parte, por primera vez en la historia de la clase trabajadora chilena la presidenta de la CUT y el presidente de la Asociación de Bancos han coincidido en la defensa de la reforma del Código del Trabajo. El banquero Awad, a diferencia de dirigentes empresariales que utilizan la confrontación para precipitar el repliegue reformista, ha demostrado una visión de largo alcance. Son innegables los beneficios que obtendrá el capitalismo con la modernización del Estado y las relaciones laborales que plantea la Nueva Mayoría, cuyos partidos son hoy parte del sistema.
Mientras la derecha se debate en el pantano de la corrupción puesta al desnudo por el caso Penta -que en los próximos días debería llevar a la cárcel a empresarios y políticos-, la Nueva Mayoría no atina a crear un método que le permita cumplir la misión que le asignaba la historia. ¿Es que no puede o no quiere? Hay una incapacidad intrínseca en esos partidos para generar liderazgos reformadores. Sufren el rechazo de la mayoría ciudadana y un proceso de descomposición por el abandono de principios y valores éticos. Es el costo de su subordinación al sistema. Pero, ¿cuál era la misión histórica de la Nueva Mayoría? Sin duda, la modernización democrática del Estado mediante sucesivas reformas de profundidad y extensión cada vez mayor. El eje de esa tarea es el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente.
El deterioro de la Concertación abrió paso a la Nueva Mayoría que, en los hechos, formalizaba la incorporación al gobierno del Partido Comunista -hasta entonces solo acompañante electoral para sortear escollos del binominal-, y de un par de partidos de bolsillo. La NM se dotó de un programa de reformas que consideraba «maduras». Esto quería decir -en el sofisticado lenguaje político chileno- que no suscitarían rechazo del sector ultraconservador del empresariado ni de las fuerzas armadas. Pero aún así, con un programa que alentaba entusiasmos alicaídos, Bachelet fue elegida solo por una porción ciudadana. Una abstención del 60% dio la espalda a la política. Hasta ahora ese hecho sustancial no es reconocido por los dos bloques que administran el país. En vez de lanzarse a la reconquista del respaldo popular, poniendo al centro del debate el cambio democrático de la Constitución, la NM se enredó en transacciones y conciliábulos con la derecha moribunda. Las reformas que eran necesarias se han hecho ahora muy urgentes. Pero no serán posibles mientras en el camino permanezca el obstáculo insalvable de la Constitución pretoriana.
La NM tampoco demuestra voluntad o capacidad de hacer verdaderas reformas. Sus propuestas en lo tributario, educacional y laboral -para no hablar del reparto de cupos parlamentarios entre compadres en que ha parado la eliminación del binominal-, no llevan a democratizar el Estado. Sólo son parches y remiendos. La misión reformista de la NM ha cedido el paso a un objetivo inferior. Su tarea se reduce a calafatear las junturas del Estado que filtran agua. Como reformista consecuente, la NM habría ganado un lugar honorable en la historia. Como calafatera no tiene otro destino que ser superada -y más tarde olvidada- por una fuerza anticapitalista que conquiste con su ejemplo y ética la conciencia y el corazón del pueblo
Editorial de «Punto Final», edición Nº 821, 9 de enero, 2015