Todas las fuerzas políticas en Chile han asumido de hecho que luego del estallido social de octubre de 2019, el régimen político transicional –las alianzas y los mecanismos mediante los cuales se ha movido la administración civil del capitalismo chileno desde los 90’s- entró en una crisis final.
A diferencia de otras crisis anteriores, la actual muestra que las alianzas, los códigos y las formas en las que se organizó la política chilena una vez finalizada la dictadura cívico-militar, hoy no están cumpliendo su función, a saber, la de entregar cierta estabilidad al gobierno de la burguesía en el país.
El fracaso del piñerismo como alternativa política gobernante, el que hasta hace un año representaba la opción más consistente para conducir los intereses de la burguesía en el país, mostró su debilidad para manejar la crisis social y la que se vive al interior de la clase dominante. Pero más allá del fracaso de este sector político, es el conjunto de la institucionalidad burguesa la que hoy no da el ancho para estructurar un sistema relativamente estable de dominación, como ya lo expresó previamente el bacheletismo. De ahí que resulte necesario para la clase burguesa reconstruir las alianzas y encontrar nuevas formas que permitan enfrentar y encauzar la crisis interna que hoy enfrenta. En ese sentido, el plebiscito, el proceso constituyente y una nueva constitución aparecen como uno de los mecanismos a los que se recurrió con el objetivo de avanzar en la resolución de la crisis que se vive en el seno del bloque en el poder.
La aparición del covid-19 en Chile y el mundo, cambió drásticamente el escenario político y social, pero no las tendencias de fondo de la crisis. Aunque en un primer momento la pandemia parecía ser una oportunidad para que el gobierno retomara el rumbo, o bien, le diera un segundo aire para recomponerse de los acontecimientos de octubre, lo realizado resultó inútil. Si bien se logró aplacar en lo inmediato la protesta social, la crisis política del país se profundiza y convive además con una crisis económica de proporciones, donde además de –por supuesto- ser golpeadas duramente las clases trabajadoras en sus condiciones materiales de vida, también han sido afectadas las clases medias y sectores de la pequeña, mediana y gran burguesía.
Este marco de crisis de la dominación burguesa advierte de la configuración de un nuevo periodo en la lucha de clases del país, periodo signado -en el caso de la burguesía- en recomponer las bases de su dominación y acumulación. Sin embargo, otras fracciones de clase –especialmente las clases medias- también participan de la lucha política buscando sus intereses y desplegando sus estrategias, asumiendo un papel clave en este período.
Efectivamente, en el caso chileno las modernas clases medias lograron -con el pasar de los años- cuajar de una forma relativamente compacta, insertándose institucionalmente y desarrollando reivindicaciones propias que la dotaron de una autonomía relativa respecto de la burguesía que no tenía durante el período transicional. De hecho, fueron las clases medias las que años atrás sacudieron progresivamente la escena nacional con el desarrollo del movimiento estudiantil y el movimiento “No + AFP”, para luego formar parte del movimiento de masas y de la dirección programática del estallido social del octubre recién pasado.
El desarrollo de referentes políticos, como el Frente Amplio y Evópoli, más su creciente participación en el aparato estatal, da cuenta del avance de estas clases y de su aporte a la reconfiguración de la dominación burguesa en curso, renovando en parte al desgastado y desacreditado personal dirigente estatal del período transicional. Aun así, la reconfiguración de la dominación burguesa está abierta y en disputa. Los últimos acontecimientos ocurridos en el país demuestran la existencia de tensiones entre los intereses de la burguesía, el bloque en el poder y la clase dirigente estatal. La autonomización que mostró la burguesía gracias a sus organizaciones empresariales respecto a los partidos, para mostrar su rechazo en torno a la opción del retiro del 10%, junto con la negativa del gobierno al mismo proyecto son claras expresiones de lo anterior.
Por su lado, la clase obrera y los sectores explotados en general han participado en la lucha política abierta por la crisis de la dominación burguesa de manera inorgánica, espontánea y sin un programa que apunte y fortalezca una expresión autónoma, no solo de la burguesía sino de los intereses de las clases medias. Si bien el movimiento de masas que se manifestó en octubre demostró la potencia y necesidad de constituir una fuerza social no solo con presencia obrera sino también con fracciones de clases medias y de pequeña burguesía, también demostró la necesidad de desarrollar una perspectiva socialista que la conduzca.
En este contexto es que resulta necesario repensar las tareas que caben a la izquierda. En primer lugar, es necesario debatir y explicar cuál es la naturaleza de la crisis que se vive, sus alcances y proyecciones y las estrategias de clases en juego. Junto con ello, avanzar en la construcción de un programa mínimo que convoque a importantes sectores de las y los trabajadores a conquistar en lo inmediato mejores condiciones materiales y sociales de vida y desplegar a la vez una estrategia que favorezca su desarrollo como una fuerza políticamente independiente.
Pensamos que en un contexto como el que vivimos es imperante retomar la discusión en torno a los temas candentes que hoy afectan a las y los trabajadores del país. Donde el programa sea aquel instrumento que sirva como expresión de líneas orientativas en torno a la dirección estratégica y táctica a seguir. Todo esto, en pos de facilitar la lucha de las y los trabajadores en las condiciones existentes actualmente.