«Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven de este mundo son éstas: el aire, el agua de la lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente.» Alfonso X el Sabio. Siete Partidas, texto del siglo […]
«Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven de este mundo son éstas: el aire, el agua de la lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente.»
La costa es un recurso totalmente estratégico para el país, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental. Las fuertes presiones que gravitan sobre la costa han originado un importante y rápido deterioro de los ecosistemas que está ocasionando una fuerte disminución del capital natural y de los servicios que origina a la comunidad. Además está suponiendo una privatización de recursos comunes que beneficia solo a unos pocos y es además una grave amenaza para los propios sectores económicos afectados (una masiva construcción supone un grave riesgo para el turismo).
El litoral es un recurso de muy compleja gestión: comprende unos 500 municipios, 23 provincias y 10 Comunidades Autónomas. Los 8.000 kilómetros de litoral delimitan una pequeña franja territorial, del orden del 4,25% de la superficie del país (hasta los primeros 5 km.), pero que en cambio concentra el 30% de la población. Sobre esta franja descansan además varios sectores clave de nuestra economía, de los cuales el principal es el turismo (el 80% de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral), pero entre los que también están sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinado tipo de agricultura, energías renovables, etc. Si se añade la existencia de algunos valiosos espacios protegidos (como Doñana o el delta del Ebro), estamos delante de uno de nuestros más valiosos recursos estratégicos.
Sin embargo en los últimos 20 años la presión sobre este recurso ha aumentando dramáticamente a través de la ocupación masiva del territorio, que ha avanzado a un ritmo frenético desde la Costa Brava hasta las de Cantabria y el País Vasco, afectando negativamente a la funcionalidad física y ecológica del litoral. En efecto, con los datos del proyecto Corine Land Cover obtenidos a partir de imágenes de los años 1987, 2000 y 2005 se observa que el ritmo de construcción en la costa en los dos primeros kilómetros de litoral se multiplicó por4 entre el periodo 1987-2000 y el periodo 2000-2005, pasándose de un crecimiento de superficie artificial de 1.520 ha. anuales en el primer caso (excluyendo las Islas Canarias) a uno de 6.152 ha. anuales en el siguiente periodo. La media entre 1987 y 2005 fue de 2.800 ha. anuales, o lo que es lo mismo un ritmo de 8 ha./día transformadas.
Para analizar este tipo de procesos se suele utilizar lo que se conoce como un modelo de presión-estado-respuestas, propuesto por la OCDE y la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) y que permite detallar y tener en cuenta las principales fuerzas motrices, los impactos -irreversibles en muchos casos-, las presiones, el papel del Estado y las respuestas de las administraciones y la sociedad civil. Partiendo de indicadores básicos para la franja del litoral, como el incremento de la superficie artificial o la pérdida o ganancia de ecosistemas clave, se analiza las respuestas y estrategias llevadas a cabo por los diferentes niveles de la administración.
Así, se observa como el modelo de ocupación del litoral se ha caracterizado por cinco fases, vinculadas al ciclo de desarrollo urbanístico en la costa:
exploración
creación de infraestructuras
expansión
intensificación
maduración y saturación,
donde políticas públicas como la realización de infraestructuras de alta capacidad, la habilitación de nuevos aeropuertos de bajo coste o de grandes superficies comerciales, o la declaración de espacios protegidos han jugado un papel clave en la configuración del espacio en gran parte del Mediterráneo (en comunidades como Catalunya o la Comunidad Valenciana la superficie artificial en los dos primeros kilómetros de litoral alcanza ya casi un 40% del total, mientras que entre 1987 y 2005 hay provincias como Huelva o Valencia que han más que duplicado su superficie artificial a lo largo de esos dos primeros kilómetros).
El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación y que sigue amenazando una parte importante del litoral español es claro: aumento de presión de la construcción, aumento de presión turística, degradación del patrimonio ambiental y de la calidad de vida y finalmente abandono del turismo por otros entornos mejor conservados. Algunos municipios han multiplicado el número de viviendas por 10 o por 100 sin los necesarios servicios públicos existentes (guarderías, hospitales, centros de ocio) pero también sin depuradoras de aguas residuales, adecuada gestión de residuos, etc., situación que ha generado urbanizaciones que la mayor parte del año acaban quedando vacías.
Y la única alternativa desarrollada hasta el momento es también conocida: control de la construcción bajo parámetros razonables, mantenimiento de los recursos ambientales y de la calidad de vida también bajo estándares razonables, buscando el consiguiente mantenimiento del turismo y de los procesos productivos tradicionales (como la pesca).
Ha sido pues la falta de planificación, de transparencia y de rendición de cuentas el principal peligro para la sostenibilidad de este frágil ecosistema. Y si bien es cierto que podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y municipios, es evidente que la mayor parte ha evolucionado hacia pautas menos sostenibles.
A estos hechos hay que añadir, en un escenario previsible de cambio climático, los procesos de «rigidización» del Mediterráneo y de «mediterranización» del Cantábrico, que pueden hacer peligrar importantes zonas urbanizadas en áreas con escasez de agua, así como los riesgos en urbanizaciones cercanas al mar producidos por una subida del nivel del mar y del cambio en la dinámica litoral. Será pues necesario estudiar zona a zona cuales pueden ser los impactos esperables.
Lúgubres perspectivas futuras
Aunque la actual crisis económica ha motivado una fuerte reducción en el ritmo de urbanización y construcción del litoral, existe un importante riesgo de que el propio proceso de recuperación económica, tal como ha sido concebido, vuelva a poner en marcha un mecanismo de privatización y apropiación de nuestra costa, pues la principal amenaza para su futuro es la superficie recalificada y ya declarada como urbanizable (aunque no esté urbanizada) y la realización de nuevas y mayores infraestructuras – casi siempre públicas – que permiten posteriormente la colonización mediante desarrollos urbanísticos.
Si, a modo de ejercicio de simulación, se proyecta hacia el futuro las tasas de cementación del litoral mencionadas al inicio de este artículo, se observa como transcurridos solamente 104 años será la totalidad de la costa mediterránea la que ya estará 100% edificada, escenario que alcanzará a la costa atlántica-sur tras 184 años y a la atlántico-cantábrica tras 457.
El peligro de estos rápidos aumentos de la superficie artificial, que implican una superación de la capacidad de carga en numerosos puntos concretos, tiene además una materialización bien clara en términos de la pérdida de las funciones y los servicios que producen estos ecosistemas. Se trata de una amenaza directa a la sostenibilidad futura de nuestro entorno: a la sostenibilidad social (con la desconexión y la falta de servicios públicos en las urbanizaciones salidas de la nada), económica (agotamiento y destrucción de un recurso finito en el plazo de unas pocas generaciones, el sector turístico enfrentado y eventualmente expulsado por el de la construcción) y ambiental (cambios en la dinámica litoral, «rigidización» de la costa, pérdida de biodiversidad, etc.).
España tiene todavía una de las costas más diversas y excepcionalmente valiosas de Europa. El potencial de uso de los recursos naturales, la biodiversidad, el propio desarrollo de los sectores económicos y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras están determinados por el alcance y los modos de esta ocupación del litoral, razones más que suficientes para cargarnos con la responsabilidad de llevar a cabo una gestión racional e inteligente. Dicha gestión implicaría una consideración del recurso como público, una coordinación de los diferentes niveles administrativos, una integración de políticas que afectan al litoral, un aumento de zonas protegidas (tanto en superficie terrestre como marina), de limitación de superficies a construir y, en definitiva, una visión basada en la sostenibilidad que considerara el litoral no como un recurso a explotar pero que no es renovable, sino como una recurso que es necesario conservar para las generaciones futuras bajo determinados criterios de funcionalidad, diversidad y justicia.
Fernando Prieto del Campo es profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá y asesor científico de SOS Paisajes de Mar. Xavier Fontcuberta Estrada es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, experto en evaluación de políticas públicas y miembro de la Red Renta Básica.