Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
La semana pasada los medios de comunicación nos ofrecieron otro capítulo de la campaña contra las clínicas privadas que practican abortos, con motivo de las irregularidades en torno a la investigación sobre el hospital llamado Isadora. Las clínicas privadas han denunciado «acoso organizado» contra ellas, en esa campaña que empezó en Barcelona (Países Catalanes) y que ha tenido continuación en la Comunidad Autónoma de Madrid (España), que gobierna el PP.
El objetivo del proceso emprendido en período electoral era dar un vuelco a la opinión pública. Socializar la sospecha de que las clínicas privadas vulneran la ley e interrumpen embarazos avanzados. Han pasado las votaciones, pero existe la sospecha de que el PP, con la ayuda de la Iglesia católica, mantenga ese lema para hacer oposición. Sin embargo, en caso de que siga la estrategia que Justa Montero ha denominado dramatización contra el aborto, podemos llegar a la situación de los Estados Unidos, donde, como consecuencia de violentos conflictos, el derecho a interrumpir el embarazo ha reculado en muchos estados.
Violación, taras graves del feto o riesgo físico o psíquico de la embarazada son las excepciones que recoge el Código Penal español para no penalizar la interrupción del embarazo. Esa ley se aprobó en 1985, en la primera legislatura del gobierno socialista, y en aquella época el Tribunal Constitucional la dio por buena. Desde entonces se ha debatido más de una propuesta de ley en el Congreso español, pero ninguna ha salido adelante (en 1998 la propuesta de ley del PSOE para aumentar las oportunidades de abortar no prosperó por un voto, ya que no aparecieron todos los diputados socialistas, entre ellos el propio Felipe González). En la última legislatura también han fracaso todas las propuestas y José Luis Rodríguez Zapatero no ha querido hacer campaña a favor del aborto.
La ley vigente tiene grandes lagunas, por ejemplo: si las taras del feto no se detectan durante las primeras 22 semanas, no se puede abortar, a pesar de que se sepa que el bebé morirá pocas horas después de nacer o que, aunque no muera, vivirá con taras graves. Pero el error más grave es de otro tipo: la ley no nos reconoce expresamente el derecho a interrumpir el embarazo. A causa de la ambigüedad del artículo tercero, está en manos de la policía y los jueces de instrucción sancionar a las clínicas y a las propias mujeres. En los expedientes abiertos a las clínicas de Madrid y Barcelona, han llamado a declarar a las pacientes, sus nombres han aparecido en la prensa y se ha vulnerado su intimidad.
Según datos oficiales, sólo el 3% de los abortos se practica en hospitales públicos; todos los demás se realizan en clínicas privadas. En los sistemas públicos de seis comunidades autónomas del Estado español, además, como en el caso de Navarra, no se practican abortos, excusa formal de objeción de conciencia de los médicos mediante. Es de esperar, como consecuencia de la campaña de acoso a las clínicas privadas y a las mujeres que quieren abortar, la proliferación de prácticas clandestinas y la puesta en peligro de la salud de las mujeres.
Son muchos los grupos de mujeres que reivindican el sistema basado en los plazos vigentes en la mayoría de países europeos: durante las doce primeras semanas de embarazo ─en los Países Bajos ese plazo es de 24 semanas─ decide la mujer y, en la mayoría de legislaciones, el riesgo para la salud de la embarazada o la existencia de taras puede alargar ese plazo sin límite.
Hace tiempo que se supo que para ser libres, las mujeres debemos controlar la reproducción. Eso dicen las normas internacionales cuando reconocen que la mujer tiene derecho a tener hijos. Se pide que la interrupción voluntaria del embarazo salga del Código Penal y se regule expresamente y, al tiempo, que se mejore la educación sexual y se extienda el uso de anticonceptivos. El PSOE prometió una ley de educación sexual cuando estaba en la oposición, pero, como ha sucedido con la despenalización del aborto, parece que se ha olvidado de ella en su viaje al centro.
* Itziar Alkorta es profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco
Berria, 9 de abril de 2008
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=harian&data=2008-04-09&orria=023&kont=008