Desde que la entidad inició en abril un programa de mediación para el alquiler de pisos a familias con dificultades sociales, ningún propietario ha respondido. Cáritas pide que no haya prejuicios y recuerda el derecho a vivienda digna.
En abril de 2006 Cáritas Teruel puso en marcha un programa para que familias con problemas para acceder a una vivienda lo pudieran hacer a través de la mediación de la entidad con los propietarios de los pisos. Desde entonces, 24 familias se han interesado en la iniciativa pero ningún propietario ha llegado a un acuerdo con ellos para alquilarles su vivienda.
«Algunos propietarios se han informado, pero nada más», señala María Pilar Fombuena, trabajadora social de Cáritas en Teruel que explica que, de momento, las 24 familias interesadas en alquilar un piso viven «en viviendas de condiciones mínimas de habitabilidad o compartiendo piso con otras familias».
«Se trata de personas que trabajan y que por lo tanto pueden asumir un alquiler, pero que por sus características personales y sociales tienen problemas para acceder a una vivienda», comenta María Pilar Fombuena. Según Cáritas, el 66,7% de las personas que han demandado acceder a un piso son menores de 35 años y cerca de las dos terceras partes son personas inmigradas.
Como explican desde Cáritas, la idea es que la entidad medie entre propietarios y demandantes durante todo el proceso. Así, Cáritas valora las solicitudes de alquiler, redacta los contratos y hace un seguimiento de las familias durante el periodo que se alquila la vivienda, para evitar que se produzcan abusos.
En la actualidad, y según datos de Cáritas Teruel, en esta ciudad aragonesa hay 2.000 viviendas desocupadas y muchos otros pisos que acogen a familias pero que no ofrecen las mínimas condiciones de habitabilidad. Esto sucede en barrios como el de Pomecia y las Cuevas del Siete, donde varios inmigrantes y personas mayores viven en casas en malas condiciones.
Campaña a nivel nacional
Al proyecto de mediación de Cáritas en Teruel, Cáritas a nivel nacional ha añadido hace unos días una campaña de sensibilización que recuerda el derecho a tener una vivienda digna y que advierte que personas inmigrantes recién llegadas, solicitantes de asilo, adultos solteros, jóvenes, minorías étnicas y mujeres solas con cargas familias son quienes tienen más problemas para encontrar y mantener una vivienda adecuada.
Tener una vivienda digna es un «derecho constitucional» y por ello las administraciones deben contar con «una oferta seria y efectiva de alquiler social destinada a los sectores más vulnerables y empobrecidos» y apoyar la rehabilitación de viviendas antiguas situadas en los centros históricos de las ciudades y que suelen estar ocupadas por personas mayores y con pocos recursos, añaden desde Cáritas.
Derecho a vivienda digna
Para protestar por las dificultades de la población para acceder a una vivienda, miles de personas se manifestaron el pasado 23 de diciembre en una veintena de ciudades españolas.
La de Barcelona fue la movilización más secundada y en ella se congregaron entre 7.000 y 25.000 personas, según datos de la Guardia Urbana y la Plataforma por la Vivienda Digna en Barcelona, respectivamente.
Los convocantes presentaron una Carta de Medidas contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística y destacaron cuestiones como la necesidad de dar uso a las «más de 301.000 viviendas desocupadas en Cataluña» que se registran en el Instituto Nacional de Estadística.