El affaire de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que el PP pide la dimisión del Alcalde hispalense; las maniobras de adjudicación de suelo en Majadahonda, Murcia, Ponferrada o Valladolid, denunciadas por el PSOE como escándalos de cuestiones urbanísticas de responsables municipales del PP; los procesos judiciales de la Fiscalía anticorrupción […]
El affaire de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que el PP pide la dimisión del Alcalde hispalense; las maniobras de adjudicación de suelo en Majadahonda, Murcia, Ponferrada o Valladolid, denunciadas por el PSOE como escándalos de cuestiones urbanísticas de responsables municipales del PP; los procesos judiciales de la Fiscalía anticorrupción en las tramas de blanqueo de dinero de grupos mafiosos en la Costa del Sol con la connivencia de Notarios, que podrían explicar, según la denuncia de IU en Málaga, el boom urbanístico y la recaudación millonaria del impuesto de transmisiones patrimoniales (que se multiplicó por 8 en los últimos cuatro años), cambios de propiedad fraudulentos en los que cada venta supone un blanqueo, no detectados por cierto por la Junta de Andalucía como señaló IU; la actuación desgraciada de los poderes públicos en El Carmel de Barcelona, escandalosamente reprobable para la percepción ciudadana y que la Justicia dirá hasta qué punto, por acción u omisión, existió negligencia, prevaricación o quizás comportamientos deliberados en busca de financiación espuria de organizaciones políticas, y que atañen al «tripartito» y especialmente al PSC y a CiU…. junto a la aparición de un código de buenas prácticas del gobierno socialista, entre otros avatares del mundillo institucional dominante en el discurso mediático, ponen de nuevo en el escenario discursivo de la ciudadanía crítica española varios elementos esenciales de debate sobre a) la calidad de nuestra democracia, b) la legitimación social de los decisores políticos, c) las necesarias reformas en serio, que aún continúan pendientes tras más de un cuarto de siglo de vida democrática, y d) la corrupción y la integridad como sinónimo de ética de los políticos y de los servidores públicos.
Como señala la prestigiosa organización Transparencia internacional (TI) , en su Libro de Consulta (Source Book 2000) sobre un «Sistema Nacional de Integridad», argumentando a favor de reformas gubernamentales, «la corrupción socava el desarrollo democrático, dificultando el desempeño de instituciones públicas y el uso óptimo de los recursos. Fomenta el encubrimiento y las restricciones. En última instancia, les niega el desarrollo y la posibilidad de una mejor calidad de vida a los miembros más vulnerables de la sociedad….. Como es bien sabido, la corrupción engendra decisiones erróneas…Sobre todo, distorsiona el desarrollo económico y social, lo cual es especialmente dañino en los países en desarrollo. Con demasiada frecuencia, la presencia de la corrupción significa que los más pobres del mundo, quienes menos pueden soportar los costos, deben pagar no sólo por la corrupción de sus propios funcionarios, sino también por aquella de las empresas de los países desarrollados. Es más, las pruebas disponibles demuestran que si no se limita la corrupción, crecerá, y exponencialmente». Continúa TI afirmando que, actualmente, «se acepta de manera generalizada la noción de que el gobierno moderno necesita rendir cuentas; sin la rendición de cuentas, ningún sistema puede funcionar de tal manera que promueva el interés público en vez de los intereses privados de quienes tienen el control».
Pues bien, para conocer la calidad de nuestra democracia y ante las futuras reformas de muchos estatutos de las Comunidades Autónomas, supuestamente promovidas para perfeccionar el funcionamiento descentralizador de los gobiernos en el desarrollo del Estado autonómico, así como por las demandas de algunos partidos nacionalistas, a muchos ciudadanos nos gustaría conocer alguna evaluación pública seria, rigurosa, imparcial y creíble, sobre el estado del arte del funcionamiento y la integridad comparada de nuestro sistema administrativo público, que abarcase al conjunto de los niveles territoriales de Administraciones central, autonómicas y locales. Una evaluación que nos permitiera conocer qué gobiernos, y de qué manera lo hacen, administran los recursos públicos con mayor eficacia y calidad y más atienden a las demandas ciudadanas. Cuánto se recauda y cuánto se gasta y de qué manera en cada nivel de gobierno territorial, y qué servicios se ofrecen y de qué calidad en cada una de nuestras Administraciones Públicas. En concreto, a la ciudadanía nos gustaría saber también qué Administraciones son más honestas y en cuáles de ellas se dan las condiciones objetivas más propicias para el desarrollo de comportamientos corruptos. Se trata de trascender el rifirrafe continuo entre partidos políticos. La ciudadanía consciente y crítica debe ser autónoma en la formación de su pensamiento y, en este supuesto, debe conocer objetivamente los indicadores precisos y los resultados de la evaluación de los impactos sociales de la puesta en práctica de unas y otras políticas públicas.
Además, a esa ciudadanía crítica, activa, inconforme, nos preocupa las escasas vías de participación institucional, independientes de los partidos políticos, para «controlar» democráticamente las políticas y a las instituciones y, por tanto, nos interesa la gestión de la anticorrupción, puesto que somos el principal «grupo de interés» (stakeholder) más concernido por la buena administración de los recursos públicos, mucho más allá de la casi exclusiva que parecen detentar y atribuirse las empresas de comunicación que, usándola en ocasiones al servicio de intereses espurios, sobre todo les interesa la mera gestión mediática, espectacular, rentable, del escándalo. Los ciudadanos que, frente al neoliberalismo depredador de los roles del Estado que sólo canta a las excelencias higiénicas del mercado, hoy defendemos el protagonismo del Estado y el desarrollo de políticas públicas frente a la desregulación y privatización, somos los más interesados en la rendición de cuentas, no sólo respecto de su función gestora o de su garantía de aplicación de la legalidad vigente, sino sobre sus funciones de inspección «in vigilando» y regulación, que siguen siendo imprescindibles, de la actividad económica de las empresas privadas y organismos financieros, evasoras o proclives a evadir el pago de impuestos o, simplemente, el cumplimiento de la Norma. Somos esa ciudadanía crítica la que demandamos la integridad de los servidores públicos y, por ello, no estamos dispuestos a creernos que tengan que ser las empresas o las instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial de Wolfowitz) las que demanden esa honestidad a políticos y gestores públicos, por puros intereses de responsabilidad social o por sus genuinos valores democráticos.
Señor Presidente del Gobierno, juzgue usted mismo, al igual que los lectores de este editorial, la oportunidad y validez en el «aquí y ahora» de algunos ejemplos de indicadores facilitados por Transparencia Internacional, para evaluar el servicio público como pilar esencial de integridad:
¿Respetan los ministros la independencia y el profesionalismo de sus funcionarios públicos de alto rango? ¿Se espera que expresen su opinión «franca y abierta» a los ministros? ¿Se realizan esfuerzos continuos para racionalizar la burocracia y hacerla más abierta, eficiente y accesible al público?¿Se pregunta con frecuencia su opinión a los usuarios para determinar los niveles de satisfacción?¿Existe un acuerdo mutuo entre las partes por el cual los ministros no deben interferir en el manejo cotidiano de las dependencias de que son responsables? ¿Tienen los medios de comunicación acceso a las dependencias gubernamentales?¿Se proporciona información de manera regular sin que las solicitudes tengan que ser previamente autorizadas por el ministro responsable o el jefe del departamento? ¿Son responsables los gerentes de la corrupción o del desempeño inadecuado de sus subordinados? ¿Existen mecanismos de denuncia en que pueda confiar el personal? ¿Existen registros de obsequios, cortesías, etc. para los servidores públicos en puestos vulnerables?…
Ahora tiene el señor Zapatero en su mano, utilizando para ello por ejemplo las llamadas Conferencias de Presidentes puestas en marcha en la actual legislatura, promover este tipo de rendición de cuentas, efectiva y útil para el conocimiento social y desarrollo democrático de la ciudadanía española, de cuyos resultados nada conocemos al temernos que, seguramente, nada se ha hecho hasta ahora en la actual experiencia de vida política democrática desde finales de la dictadura franquista. Solo con una información rigurosa y transparente descriptiva de los comportamientos de aquellos que dirigen y sirven al interés público, podrá ayudarse a dotar a los ciudadanos de los suficientes elementos reflexivos de consistencia objetiva para el juicio electoral, y a la mejor valoración de los defectos, virtudes, éxitos o fracasos en los comportamientos devenidos de nuestros gobernantes y de nuestras Administraciones. Hasta ese momento, de no hacerse así, se alimentará la ceguera de una ciudadanía que no podrá elegir adecuadamente ni votar con conocimiento suficiente de causa, al no disponer de los necesarios elementos de juicio para ejercer sus derechos democráticos.
Tenemos derecho a saber qué políticos y gobernantes están dispuestos a rendir cuentas, en estos términos estandarizados internacionalmente, sobre la calidad de los servicios públicos y el funcionamiento democrático de las instituciones.
* Editorial de Re(d)forma En Serio