Revisado por Caty R.
Continúa abierta la causa en el juzgado de lo penal nº 1 de Gijón contra Carnero y Morala acusados de desórdenes, violencia y de los daños que se produjeron en dos manifestaciones convocadas por el Comité de Empresa del astillero en defensa de los puestos de trabajo del sector naval de la Bahía de Gijón. Por la participación en la primera manifestación en 2004, el fiscal pide dos años y medio y cuatro por la segunda, de 2005. En total seis años y medio para cada acusado. La denuncia fue presentada por la coalición del gobierno municipal PSOE-IU.
Por la primera el fiscal pide además 3.190 euros por la quema de un vehículo que, conviene matizar, llevaba dos años abandonado; sin asientos, sin volante, sin seguro, viñeta, etc., pura chatarra que estaba en la calle simplemente por dejadez del Ayuntamiento.
Por la participación en la segunda el fiscal pide también 5.624 euros por los desperfectos ocasionados en un cajetín de una cámara situado a un metro del suelo y no por los daños ocasionados a la cámara como se ha llegado a decir (incluso a dos cámaras) que está en lo más alto de una columna metálica a 15 metros de altura y que desde la misma, entre otras cosas, se controlaba una parte del interior del astillero y a los trabajadores.
Carnero, ex secretario y Morala actual secretario de la Corriente Sindical de Izquierda lideran desde hace décadas las movilizaciones por el mantenimiento de los puestos de trabajo, oponiéndose y denunciando la recalificación urbanística de los astilleros de la Bahía, razón por la que la dirección del astillero intentó enviarlos primero a Ucrania, para terminar el barco que estaba en construcción y, al no ser posible legalmente, como segunda trama les han «sancionado» con una prejubilación forzosa y abusiva que ambos han recurrido ante los tribunales, de los que esperan sentencia favorable para poder recuperar su empleo.
Sr. Llamazares: Su carta al Sr. Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, en la que le manifiesta su preocupación y le solicita que se interese por el caso abierto contra estos dos sindicalistas, puede describirse literalmente, sin paliativos, como un acto de hipocresía política, pues como Vd. sabe la acusación fue presentada por la corporación municipal del Ayuntamiento de Gijón en la que el tercer teniente de alcalde Sr. Montes Estrada lo es por IU, que junto con otros dos concejales de su partido forman la coalición de gobierno con el PSOE.
Retiren ustedes la denuncia o no, pero no perpetúen el engaño diciendo que están con los acusados mientras ustedes son los que mantienen y atizan la acusación sabiendo, además, que todo este entramado no es más que la consecuencia del pelotazo y la especulación urbanística de la Bahía de Gijón en la que, para más detalle, participa el Grupo inmobiliario PROGEA, formado por más de setenta sociedades controladas por IU y dedicadas a la construcción de viviendas cuyos precios cuadruplican al de cualquier vivienda social.
Entrando en detalles de este gran grupo, la sociedad Proseín es una de las empresas que ha construido dos inmuebles de lujo a los que han denominado «edificios barco» ¡Qué sarcasmo!, justo enfrente del astillero en cuestión, previa recalificación y adjudicación de solares municipales y de los antiguos astilleros por SOGEPSA, empresa pública del gobierno autonómico que es la encargada del diseño urbanístico del PGOU, de la recalificación, de la expropiación y de la adjudicación y venta de los solares.
Pero, precisamente el apoderado de Proseín, la empresa constructora de estos dos «edificios barco», el Sr. Hevia Braña, es también el coordinador local de política económica de IU. Así las cosas no es de extrañar que IU defienda a ultranza desde la corporación municipal el plan urbanístico del ayuntamiento del que forma parte.
Segunda cuestión, Sr. Llamazares, sabe usted más que de sobra que las movilizaciones que desde hace décadas mantiene especialmente este astillero, se deciden y organizan previamente en la asamblea y que ni Carnero ni Morala cometieron los actos de los que son acusados formalmente en la comisaría y en el juzgado por los concejales de su partido, IU, junto con los del PSOE.
La tercera cuestión Sr. Llamazares, que también le afecta, es que en el gobierno asturiano funciona la misma coalición PSOE-IU y como bien sabe Vd. el Fiscal Jefe de esta autonomía está relacionado con este gobierno en el que precisamente, el Consejero de Justicia, Sr. Valledor, es de su partido, IU. Tanto el Fiscal como el Delegado del Gobierno son parte beligerante en esta causa y en la creciente escalada de represión y criminalización que se está haciendo de los movimientos sociales y reivindicativos. Más eficaz hubiera sido que Vd. hubiese dirigido su carta al Fiscal Jefe asturiano o al Delegado del Gobierno, pero esto hubiera sido contradictorio para Vd. y demasiado fácil para los acusados.
La cuarta consideración Sr. Llamazares es que su carta carecía de argumentos, con lo que su escrito se convertía más en un brindis al sol que en algo serio y, más aún, la nula credibilidad de su actitud y la de su partido por la ausencia total de aquello de «A Dios rogando y con el mazo dando», pues en la reciente manifestación del 22 de noviembre en Gijón, en la que participaron quince mil personas, no se vio ni una sola pancarta del partido que Vd. representa y ni siquiera una sola pegatina entre cientos de banderas y pancartas y miles de pegatinas de las más de treinta organizaciones de todo tipo que integran la Plataforma por las libertades y contra la represión, que convocaron la manifestación, principalmente, en defensa de Carnero y Morala. Así las cosas: ¿Quién le iba a creer? Nadie, ni a Vd. ni a su partido y mucho menos el Fiscal General del Estado a quién Vd. se ha dirigido de modo tan descafeinado, como cómplice velado de la acusación.
Por último, Sr. Llamazares, no se preocupe por los acusados, Morala y Carnero a sus 54 y 55 años ya llevan 35 y 40 años de cotización a la Seguridad Social trabajando duro en el astillero sin promoción ni ascensos, ya han sido perseguidos y encarcelados; tienen callo. Tampoco tienen mucho que perder, en los estatutos de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, el sindicato que lideran, no hay liberados, se financia con las cuotas de sus afiliados y eso no da para regalías ni frivolidades.
Pero en definitiva y para terminar, tampoco habrá modo de condenarlos, pues ni han sido ellos -así lo ha asegurado el Comité de Empresa del astillero- ni hay pruebas, ya que los hechos se basan más en acusaciones originadas por la política de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón y del Delegado del Gobierno, Sr. Trevín, que en los «daños» causados que sí es cierto que han sido cuantiosos, pero sólo por el frenazo dado a la construcción de más «edificios barco» en los astilleros en vez de barcos de verdad.