Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas […]
Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.
Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. «Para empezar, por la política de los hechos consumados», apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. «Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia».
También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.
Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?
La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia
Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. «Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años», añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.
Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. «Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario». En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.
Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.
La vía penal, piedra de toque
La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.
«Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo», explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.
Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.
También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.
¿Hay soluciones?
La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.
La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, «la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad.»
Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. «Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales», reflexiona Agudo González.
Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.
Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. «Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones», apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. «Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad.»
Los casos más destacados
Una ladera sembrada de casas
«Esto es una burla», lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña………Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.
El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. «La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevariación», ilustra Canales.
Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. «Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso».
Con todo, todavía puede ser peor: «En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida», remacha, «pero no nos damos por vencidos».
En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. «Este es un hecho gravísimo», valora Gonzalo Canales, «supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada».
Pescadores en favor de los peces
Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.
La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. «Las recurrimos» señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.
«Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.»
Brufao cuenta con orgullo: «En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.»
La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: «pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.»
Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas «siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables».
En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, «algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público», aclara Brufao.
La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. » En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente».
Feixolin, ‘la escopeta nacional’
«Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!», recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.
«Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete», añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.
La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.
Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación……
«Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros», ilustra García-Antón, quien remarca que «esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona».
«Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones», diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa».
Golf en lugar de paisajes
El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico «Dehesa de Montenmedio «, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que «tiraba la toalla». Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.
Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. «Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico», ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.
«Hay una cosa que queda clara», insisten en AGADEN , «todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.»
En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un «oportuno» incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y «con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.»
En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.
De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.
Madrid, ilegales sin saberlo
Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
«Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997», explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. «Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos»
El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. «Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso», señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. «Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna».
Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y «sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado», apunta Muñoz.
El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. «De hecho el consistorio está empeorando las cosas», expone Muñoz «no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas». Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que «lo que se tenga que derribar, se terminará derribando».
El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.
De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.