Desde que el día 18 de abril estalló el escándalo Catalangate/Pegasus la respuesta de la Generalitat, que sepamos, se ha centrado en la exigencia de ceses en el Gobierno de Sánchez y de una reunión entre ambos presidentes.
Aunque los cambios de responsables del máximo nivel son necesarios porque las mismas personas en los mismos cargos suelen ser incapaces de resolver los problemas que se enquistan durante sus mandatos, nada garantiza que los nuevos jefes modifiquen unos procedimientos que consisten en señalar las personas a las que hay que espiar, pero, los hechos lo demuestran, no imponen a los espías los límites que no se pueden cruzar en una democracia.
Y nada asegura tampoco que los nuevos responsables sean capaces de ordenar ceses relevantes de cargos intermedios. No es necesario recordar las décadas que un personaje como Villarejo se mantuvo en su puesto, blindado por la cantidad de información sensible que manejaba y que podía convertir en vulnerables incluso a los más poderosos, y no me estoy refiriendo a los líderes independentistas.
Sobre la reunión entre Sánchez y Aragonés, es evidente que no se celebrará en formato debate con periodistas y millones de espectadores. Es decir, será secreta, con lo que ambos políticos crearán un mundo solo suyo, de ambos, que será lo que entre ellos hayan pactado no informar a la sociedad. De esa forma buscarán fortalecer sus respectivas posiciones actuales, muy debilitadas, frente a los críticos que les rodean, sobre todo aquellos con los que comparten reuniones de partido y de gobierno.
Mientras tanto, nadie denuncia los gigas de vida privada de decenas de personas, o de cientos o de miles, según las interacciones que los espiados principales hayan mantenido durante estos años, que siguen en el CNI y que en el futuro podrían ser utilizados, para beneficio propio, por delincuentes como el citado Villarejo.
Para evitar este gravísimo peligro, la Generalitat de Catalunya debe exigir al gobierno de Sánchez la destrucción de todo lo espiado, sea cual sea el organismo dependiente del Estado español que haya realizado el espionaje, y tanto si se ha realizado con o sin autorización judicial. Es evidente que se trataba, siempre, de persecución política, y eso es inadmisible.
Debe procederse a la destrucción total de todos los soportes de cualquier clase donde se pueda conservar cualquier información espiada. No está la cosa para hacer bromas, pero Sánchez puede llamar a Feijóo para que le envíe a los expertos de Génova 13 en la destrucción, a base de martillazos, de los discos duros de los ordenadores del PP.
Para certificar la destrucción de todo lo espiado deben estar presentes, como mínimo, la Generalitat, observadores internacionales de Europa, de la ONU, de Citizen Lab y de la empresa israelí NSO propietaria de Pegasus.
Se debería levantar un acta que incluya la relación de todas las personas espiadas y las fechas en que se les espió, devolviendo a cada una de ellas los originales de todos los documentos, imágenes, conversaciones y demás contenidos espiados antes de la destrucción de todas las copias que se hayan realizado, por si en el futuro las víctimas del espionaje necesitaran utilizar esa información en su propia defensa.
Por supuesto, ningún organismo público de cualquier condición, sea cloaca, juzgado o del tipo que sea, podrá conservar copia alguna de lo espiado, ni de la información relacionada con cualquier espionaje realizado.
La destrucción de todo lo espiado con Pegasus a los catalanes, y también al presidente y a la ministra de Defensa, ya que se han metido en el mismo saco sin que nadie se lo pidiera, es también una gran oportunidad para el gobierno del Estado, pero Sánchez no se atreverá, pues piensa que se interpretará como una muestra de debilidad.
No se da cuenta de que el pasado viernes 6 de mayo, en Barcelona y también sin que nadie se lo pidiera, proclamó que siente “un profundo respeto por Catalunya y sus instituciones” lo que para millones de votantes del PSOE y de cualquiera de las derechas españolistas, más o menos ultras, solo se interpreta como una muestra de debilidad, pues la mayoría están a favor de que se les espíe, y mucho más, aunque solo estén haciendo política.
Por ejemplo, García Page acaba de amenazar a Puigdemont para el caso de que se atreva a regresar a España, ante la posibilidad de que lo haga como miembro de una comisión del Parlamento Europeo para investigar el espionaje contra los independentistas. Mire usted por dónde.
Última hora: enciendo la tele y las noticias informan que el presidente de la Generalitat no considera suficiente una reunión con Sánchez para arreglar lo del espionaje y reclama transparencia. Me alegro, pues una reunión secreta entre dos para arreglar las consecuencias, muchas ya irreparables, de las actuaciones secretas del Estado violando las intimidades personales de decenas, cientos o miles de personas comenzaba a sonar ridículo, además de imposible.
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