La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que para que exista reconciliación deben superarse tres etapas: la verdad, la rehabilitación y la justicia. Seguramente, y más teniendo en cuenta el ambiente político de las últimas semanas, si en España se hiciese una encuesta no habría unanimidad a la hora de decidir en qué etapa […]
La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que para que exista reconciliación deben superarse tres etapas: la verdad, la rehabilitación y la justicia. Seguramente, y más teniendo en cuenta el ambiente político de las últimas semanas, si en España se hiciese una encuesta no habría unanimidad a la hora de decidir en qué etapa estamos, aunque lo que es seguro es que hay casos en los que la verdad aún es una incógnita. En Catalunya hay unas 9.000 personas enterradas en 151 fosas de la guerra civil repartidas por todo el territorio. La mitad están situadas dentro de cementerios.
A diferencia de otras comunidades, aquí se calcula que la mayor parte de restos corresponderían a soldados, y esto, según los técnicos, dificulta su posterior identificación.
Contador a cero
La Generalitat ha empezado a redactar una ley para establecer qué criterios se seguirán para abrir estas fosas y, en aquellos casos en los que sea posible, devolver la dignidad a muchas víctimas anónimas de la guerra civil. El Ejecutivo catalán será el primero en regular por ley estos procesos. Una vez disponga de un borrador del texto, lo someterá a la consideración de un grupo de expertos con la previsión de aprobar la normativa en otoño de este año.
Ya el anterior tripartito redactó un decreto, bastante restrictivo, en el que se limitaban las condiciones para solicitar la apertura de una fosa. Por ejemplo, había que acreditar, previamente, la identidad de al menos una de las personas enterradas.
La expulsión de Esquerra Republicana del Gobierno catalán en el 2006 hizo que el decreto se quedase por el camino. Ahora el nuevo Ejecutivo de izquierdas ha puesto el contador a cero. De momento una comisión interdepartamental ha empezado a trabajar para preparar un primer documento.
Arqueología forense
Según la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Maria Jesús Bono, con la ley se pretende establecer un modelo más «científico» parecido al que ya se aplica en el País Vasco, donde aunque no exista una normativa específica, el Gobierno de Juan José Ibarretxe fue pionero en el apoyo a la recuperación de la memoria histórica y la apertura de fosas.
En el caso de Euskadi, la Sociedad de Ciencias Aranzadi es la más activa en la búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil. Uno de sus miembros más destacados, el profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberría, dirige un equipo de 20 personas dedicado a recoger testimonios y archivos. Este forense, que está asesorando al Gobierno catalán en la redacción de la ley, considera que «la dictadura impuso el olvido y ahora se trata de dignificar técnica y humanamente la actual democracia».
El profesor Etxeberría fue también el encargado de abrir las primeras fosas en España y asegura que, por su experiencia, el hecho de aplicar un criterio técnico permite no reabrir heridas sociales. «Más bien al contrario. En pequeños pueblos en los que hemos practicado exhumaciones hemos comprobado que ante la recuperación y el posterior homenaje de estos olvidados, vecinos y familiares han coincidido a la hora de ver que aquello estuvo mal».
Las experiencias
La primera exhumación que se llevó a cabo en España fue en Priaranza del Bierzo en el año 2000. Desde entonces se han abierto 115 fosas. De estas, tres están situadas en Catalunya. Son las de Olesa de Montserrat, Can Maçana (El Bruc) y Mas Puigvistòs, en Prats de Lluçanès. Pero solo en esta última, en noviembre del 2004, se pudieron recuperar restos: siete cuerpos, de los cuales seis correspondían a soldados. El séptimo era un civil, Claudi, cuyo único delito fue ser un hombre de 30 años, refugiado en el pueblo. Esto le llevo a la muerte como sospechoso de ser republicano.
En Andalucía, la Junta subvenciona el proceso de localización y apertura de algunas de las 318 fosas que existen en esta comunidad. Y en Extremadura se está elaborando un mapa de los enterramientos comunes de la guerra civil.
70 años después de que la Generalitat republicana nombrará jueces especiales para ordenar exhumaciones que sirviesen de prueba en juicios, ahora, sin tribunales, se reinicia el proceso para devolver la dignidad a miles de ciudadanos.