Aunque no parezca, al observador común y a las élites políticas y económicas que explotan el poder institucional, las naciones subdesarrolladas permanecen bajo la tiranía de la dictadura del capitalismo global, responsable de todos los males socioeconómicos del planeta.
Y esa condición y situación la propician y defienden incondicionalmente gobiernos secuaces de naciones como Colombia.
La prueba inconfundible, particularmente en las últimas décadas, es el endémico crecimiento de la pobreza, el subempleo, la miseria, la inseguridad ciudadana, la criminalidad, la corrupción y el incierto futuro de las naciones sometidas.
El Consenso de Washington es la piedra angular de la dictadura del modelo económico-social y del sometimiento que padecen las naciones sometidas por las naciones de mayor desarrollo y sus tentáculos verdugos: el FMI, el BM, el sector financiero nacional e internacional y los gremios económicos.
Son los que ordenan cómo gobernar a las naciones sometidas y explotadasa través del poder público institucional. Fue concebido en el decenio de los 80.
Fue ideado para América Latina, pero aplicado a todo el planeta en términos generales. Dominar y explotar el planeta es el objetivo siniestro de minorías dueñas del poder económico y político global, liderado por EE. UU.
Todos los países sometidos al tutelaje y arbitrio del FMI y el BM padecen la dictadura del capital, con beneplácito abierto de gobernantes, clase política y gremios económicos.
Recordemos lo ordenado en el Consenso de Washington:
1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit, de ahí la sostenibilidad fiscal y recortes del gasto público).
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios hacia sectores que favorezcan el crecimiento. ((2)4×1000 para salvar la banca, AIS para grandes agricultores, etanol sin IVA, y precio de sustentación superior al de la gasolina, etc.)
3. Reformas Impositivas (para garantizar el servicio de la deuda pública y del sector financiero nacional, sin tocar intereses de multinacionales, seguridad inversionista)
4.Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés (el sector financiero hace lo que quiera con tal de ganar. Los intereses más altos de la región, están en Colombia.)
5. Un tipo de cambio de la moneda competitivo (y régimen COMERCIAL-financiero SWIFT)
6. Liberalización del comercio internacional (disminución y supresión de barreras aduaneras, consumismo sin planificación, etc.)
7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas.
8. Privatización (subasta del patrimonio público, venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales. (Educación (Icetex), salud, servicios públicos, etc., intensificados en el gobierno de Uribe)
9. Desregulación de los mercados (entre 2.002 y 2.004 Uribe desreguló todos los precios de medicamentos con lo que catapultó la crisis de la salud y la corrupción del sector, etc..)
10. Protección incondicional de la propiedad privada (a través del ordenamiento legal)
¿Cómo han respondido los gobiernos, el congreso y los gremios económicos? Con total sumisión.
Todos los gobiernos de las naciones sometidas por el Capitalismo Salvaje sumisamente adoptaron, desarrollaron y aplicaron el recetario del Consenso de Washington y este fue concebido para profundizar la dominación imperial de Occidente y como respuesta a los avances de los movimientos de izquierda latinoamericana y de todo al planeta de mediados del siglo XX (Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Uruguay, entre muchas otras naciones, considerads ao asumidas como comunistas o favorables al comunismo).
Bajo órdenes y directrices del Consenso de Washington se impuso la privatización del patrimonio público. En el Huila, la CHB, Alcanos del Huila, el Seguro Social, etc.
En lo nacional la privatización de los principales corredores viales, a través de Concesiones y APP viales (leyes 1 5 de principio de los 90) y la introducción del sistema de cobro por el uso de las vías, a través de peajes. El ordenado colapso del Sistema Férreo, para privilegiar el transporte carretero, para estimular el mercado automotriz.
En el sector eléctrico la privatización de la infraestructura oficial de generación eléctrica, en el gobierno de Santos, el ISS, en el gobierno de Uribe, etc., etc.
En el sector de servicios sociales básicos y de derechos fundamentales convirtieron los servicios de Salud en mercancía al servicio de la acumulación de riqueza de unos pocos empresarios. Similar a lo ocurrido con el derecho social a la educación, etc.
Todos lo que esta ocurriendo con el Sistema de Salud y la educación de alguna forma obedecen a la irresponsabilidad social, política y humana de todos los gobiernos que han representados a las élites políticas y a los Gremios Económicos que, como lo puede comprobar cualquier ciudadano, con soberbia y perversidad se oponen a toda reforma institucional que consideren que afecta o menoscaba los intereses del capitalismo salvaje. El Marco Legal por el que se rige el Sistema Político-Económico vigente está estructurado y calculado para defender y proteger exclusivamente los intereses del reducido porcentaje de dueños de la riqueza nacional.
Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción y el declive ético y moral del poder en Colombia, es imposible la reconstrucción integral nacional que requiere Colombia. Las reformas planteadas por el actuar gobierno carecen de coherencia con lo que demanda la nación.
Las reformas requeridas, deben ser integrales y deben garantizar cambios profundos, en el manejo del patrimonio y el presupuesto público y deben garantizar desarrollo integral nacional.
Un racional análisis de lo que ha acontecido en el Congreso, hasta hoy, con las reformas socioeconómicas, presentadas por el actual gobierno, debe concluir que obedece, fundamentalmente a no disponer, en Senado y Cámara, de mayorías afines a los programas del gobierno actual y favorables a los cambios que requiere la nación.
El elector en general, y los activistas políticos, decididos luchadores por el cambio socioeconómico de la nación deben decidir hacer de la campaña política para las elecciones de 2026 un proceso didáctico académico dirigido a todos los electores con el objeto de que entiendan e identifiquen las causas del desastre nacional y puedan identificar a todos los responsables de toda la problemática socioeconómica, laboral, de seguridad ciudadana, de criminalidad, politiquería, mediocridad y retroceso del desarrollo nacional.
Los responsables son todos los gobernantes que han padecido los colombianos desde hace más de 200 años, apoyados siempre por los gremios económico que sistemáticamente se han negado y opuesto al desarrollo integral nacional y a la verdadera justicia social.
El análisis del contenido del presente escrito, frente a la realidad de la problemática socioeconómica y política nacional, si se realiza con absoluta honestidad y responsabilidad social y política, debe constituir insumo imprescindible de la campaña para las elecciones de 2026.
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