La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra España por la devolución ilegal de 73 inmigrantes subsaharianos desde la ciudad de Melilla el pasado 6 de octubre, según ha informado esta organización. En la demanda, cuyo letrado director es Alberto Revuelta Lucerga, presidente […]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra España por la devolución ilegal de 73 inmigrantes subsaharianos desde la ciudad de Melilla el pasado 6 de octubre, según ha informado esta organización.
En la demanda, cuyo letrado director es Alberto Revuelta Lucerga, presidente de CEAR Andalucía, se argumenta que España ha violado con esta expulsión colectiva el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el que «nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o malos tratos inhumanos y degradantes».
Asimismo, la organización española insta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se garantice el regreso a territorio español de los inmigrantes expulsados de manera ilegal, para que puedan acogerse a los derechos que las leyes españolas y la protección internacional les reconocen. CEAR también ha acudido a la vía contencioso-administrativa para recurrir los expedientes de devolución de estas personas.
El grupo de inmigrantes ha presentado un recurso en el que solicitan su readmisión en nuestro país, basado en las irregularidades procesales y violaciones de derechos humanos cometidas durante el proceso, por las autoridades españolas y marroquíes.
El recurso, presentado a través de las ONG ‘Women’s Link Worldwide’, SOS Racismo y PRODEIN en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, señala que las violaciones sufridas incluyen tratos inhumanos y degradantes y violencia racista por parte de la Guardia Civil y otros agentes de seguridad del Estado.
Poco después de esta actuación, SOS Racismo denunciaba que las 73 personas recluidas en el presidio de Tánger estaban siendo trasladadas en dos grupos hacia el sur del país, a un destino desconocido.
Una nueva violación
Según la organización, la reaccion de los gobiernos español y marroquí a la presentación del recurso, «lejos de ser respetuosa por una vez con la legalidad internacional, parece, que ha sido tratar de hacer «desaparecer» el problema».
En este recurso se pedía como medida cautelar la vuelta de estas personas a territorio español por el riesgo que había para su vida. Si ahora son deportados, «sera imposible la resolución de este contencioso y con ello el Estado de derecho sufrirá una nueva violación, cometida tanto por quien la lleva a cabo, en este caso las autoridades marroquíes, como por quien mira hacia otro lado, con indicios de sospechosa connivencia, como es el caso del gobierno español».
De confirmarse que están siendo llevados a las bases militares, de las que estan siendo repatriados a sus países de origen, como asi parece, se consumaría una vulneración de los derechos humanos, y en particular de la Convención de Ginebra, ya que entre este grupo hay numerosos solicitantes de asilo, perfectamente identificados, cuya devolución a su país sería ilegal.