Dos notorios personajes adscritos a la «progresía monárquica» que hizo posible la Transición política en la década de los 70 han sido noticia esta semana. Se trata del consejero delegado de PRISA, -la empresa propietaria del periódico El País– Juan Luis Cebrián, ex director de los informativos de la TVE franquista, académico de la Lengua […]
Dos notorios personajes adscritos a la «progresía monárquica» que hizo posible la Transición política en la década de los 70 han sido noticia esta semana. Se trata del consejero delegado de PRISA, -la empresa propietaria del periódico El País– Juan Luis Cebrián, ex director de los informativos de la TVE franquista, académico de la Lengua y factotum del rotativo durante los últimos decenios; y del magnate catalán de la comunicación Jaume Roures, ex trotskista, propietario del periódico Público y de Mediapro, potente empresa mediática que gozó de los favores del gobierno socialdemócrata de Zapatero a través de contratos privilegiados.
UN ACADÉMICO MULTIMILLONARIO
Según se ha sabido ahora, el primero de ellos –Juan Luis Cebrián– ganó la escalofriante cifra de 13,6 millones de euros el pasado año. La empresa PRISA, de la que Cebrián es hoy el máximo ejecutivo, hizo público el pasado martes estos suculentos emolumentos anuales en una Junta General ordinaria de accionistas. Esta increíble cifra, que rebasa todo lo imaginable en los tiempos que estamos viviendo, confirma a Cebrián como el segundo ejecutivo mejor pagado en España, superado tan sólo por Pablo Isla, presidente de Inditex que ganó nada menos que 20,3 millones de euros.
De acuerdo con el desglose de conceptos, el hoy flamante académico de la Lengua, que en su día fue uno de los principales muñidores mediáticos de la Transición a la Monarquía juancarlista, recibió esa cantidad como resultado de la suma de diferentes apartados: 1.200.000 € como retribución fija; 1.020.000 € como variable; 6.200.000 € (1,2 € en metálico y 5 millones de € en acciones) extraordinarios por la operación de Liberty; 1.700.000€ en acciones por su compromiso de permanencia en el cargo; 2.290.861€ de retribución variable en especie en acciones devengadas en 2011, pero que percibirá en 2012; 853.440€ como compensación extraordinaria mediante entrega de acciones por compromiso de permanencia; 300.000 € derivados de su relación contractual anterior con la compañía; 39.170€ por beneficios sociales (primas de seguro de vida y accidentes y asistencia sanitaria); y 6.000 € por dietas de asistencia a los Consejos de Administración. . Paradójicamente, mientras este Ejecutivo de la progresía juancarlista rebasa todos los límites imaginables en sus percepciones salariales, el pasado mes de abril los directivos del rotativo «El País» informaron al Comité de Empresa sobre su intención de proceder a un expediente de regulación de empleo para despedir a un número importante de asalariados. Pero no ha sido éste el único ERE protagonizado por la editora del periódico «El País». El pasado año fueron puestos en la calle 2.500 empleados de la empresa por el mismo procedimiento, con el pretexto de que el rotativo estaba sufriendo pérdidas.
También el pasado mes de abril la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo efectiva una sanción de 160.000 euros al periódico de PRISA por las condiciones laborales que sufrían sus becarios. El Comité de empresa había recriminado al Grupo por la utilización de becarios de la Escuela de Periodismo con un régimen laboral similar al de los trabajadores contratados.
JAUME ROURES, CONTRATOS A CAMBIO DE APOYOS MEDIÁTICOS
Pero las noticias sobre los opacos trajines económicos del personaje que desempeñara un papel decisivo en el rumbo político de la transición juancarlista no concluyeron con las referencias a los emolumentos de Juan Luis Cebrián. La actualidad económica y judicial terminó enredando también a quien en el curso del último lustro pretendió recoger la antorcha abandonada por el periódico El País.
Esta misma semana, el magistrado Alberto Mata Saiz confirmó que el magnate de la comunicación Jaume Roures, propietario de la empresa Media Pro y del recién clausurado periódico Público, había estado utilizando sociedades en Holanda con el objetivo de encubrir una fortuna que sobrepasa los 500 millones de euros. Según el juez, Roures se ha estado beneficiando a través de este procedimiento de las ventajas fiscales que le ofrece ese país del norte de Europa. Según un trabajo publicado recientemente por el periódico «El Economista», «en las cuentas anuales de 2009, presentadas el pasado enero, la sociedad holandesa Mediacapital BV, controlada por Roures, éste tiene una participación del 32,06%; Witgoud Invesments BV -también holandesa- y propiedad en un 90% de Mediacapital BV y en un 10% de Cavendish Square Holding, firma de inversión de la multinacional de publicidad WPP) posee otro 20%; en Torreal posee el 19,84% y el resto de socios el 28,10%.»
De acuerdo con lo publicado por el periódico «El Economista», Jaume Roures ha estado obsesionado por ocultar su patrimonio, evitando que ninguna de sus propiedades figure a su nombre. El juez acreditó, igualmente, que una vez desaparecido el gobierno del socialdemócrata Rodríguez Zapatero, Roures había perdido todos los contratos que tenía con RTVE.
El multimillonario catalán decidió cerrar el periódico Público en cuanto comenzó a tener claro que las perspectivas electorales del PSOE eran nulas. En una medida gestada con algunos meses de antelación, el pasado 28 de febrero Jaume Roures presentaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a través del cual se procedía al despido del 84% de la plantilla del diario, dejando en la calle a 134 de los 160 trabajadores del periódico. Sólo 26 permanecieron en la empresa con la función de mantener activa la página web del rotativo. Con motivo de ese acontecimiento, los trabajadores despedidos pusieron de relieve la contradicción existente entre la línea editorial que decía mantener el periódico y la decisión de Roures de apoyarse en la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP para ponerlos en la calle.
Los trabajadores que quedaron en la empresa se constituyeron en cooperativa con la finalidad de poder realizar una oferta que les permitiera continuar trabajando en la página web bajo la cabecera de «Público». Hace unos días, no obstante, sus propósitos se vieron amargamente frustrados. Roures, que como muchos ya sabían ha resultado ser un tiburón insaciable, presentó una oferta a los administradores concursales del periódico que superaba con creces la que la cooperativa de trabajadores podía ofrecer. El pasado 22 de mayo, la cooperativa laboral hizo un comunicado en el que entre otras cosas podía leerse:
«En este país es legal endeudar una compañía dejando de pagar a proveedores y trabajadores, declararla en concurso (antigua suspensión de pagos), enviar a la mayoría de la plantilla al paro y recomprarla con una nueva sociedad participada por los mismos accionistas, dejando la mayor parte de la deuda pendiente. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el diario Público, propiedad de la editora Mediapubli, por cuya cabecera, entre otros activos, han presentado oferta los mismos accionistas que la han gestionado y llevado a la quiebra… Sobre la sombra de inmoralidad planteada en el acto por la cooperativa de ex trabajadores, el administrador destacó que «no está prohibido por la ley» y que a la nueva oferta «la honra la transparencia…».
Ambos casos, el de Cebrián y el de Roures, constituyen dos lecciones ejemplares para la legión de ingenuos que todavía se empeñan en valorar las palabras por encima de los hechos.
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