Leyendo el último comunicado de la Ceoe-Tenerife experimenté un deja vu, primero tuve una tremenda sensación de familiaridad ante la retahíla de exigencias que luego se transformó en sobrecogimiento. Me asaltan las dudas y hasta me pregunto si la reforma laboral ha sido realmente aprobada, si los recortes salariales son sólo una tempestuosa amenaza que […]
Leyendo el último comunicado de la Ceoe-Tenerife experimenté un deja vu, primero tuve una tremenda sensación de familiaridad ante la retahíla de exigencias que luego se transformó en sobrecogimiento. Me asaltan las dudas y hasta me pregunto si la reforma laboral ha sido realmente aprobada, si los recortes salariales son sólo una tempestuosa amenaza que todavía no se refleja en las nóminas, o si la flexiseguirdad es simplemente una palabreja para el quebranto y la tortura… Lo cierto es que los dirigentes empresariales parecen engullidos por un bucle de requerimientos que se repiten a diario, un machacón día de la marmota que amenaza constantemente nuestros derechos sociales y laborales.
Hoy, igual que ayer, exigen mano dura con «esos (cinco millones van ya) que se apuntan al paro porque sí», con los funcionarios que, como apuntó el presidente porque sí de la Ceoe, Juan Rosel, «son unos prepotentes e incumplidores». Pero no contentos con ello, siguen apretando a las clases populares, recortando presupuestos públicos en las políticas sociales y en servicios esenciales o restringiendo el acceso a las pensiones y prestaciones sociales. Hoy, igual que ayer, CC.OO. y UGT renuevan su deslealtad y desvinculación de la clase trabajadora firmando con el Gobierno de Canarias y la patronal la segunda entrega del Pacto Social por la Economía y el Empleo y el Pacto por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos, donde se condensa el estrepitoso y reiterado fracaso de las políticas puestas en práctica por el Ejecutivo de Paulino Rivero. Un 30% de paro y unos servicios públicos destartalados y encabezando todas las listas negativas del Estado así lo atestiguan.
Por sus demandas y lamentos hemos conocido que son ellos, los empresarios, los que verdaderamente sufren los estragos de la crisis en Canarias y no los miembros de las más de 16000 familias que sobreviven con 180€ mensuales o de las 95000 que lo hacen con 350, o ese precariado al que vampirizan estos hooligans neoliberales con jornadas laborales interminables y sueldos de miseria. Eso es pecata minuta comparado con las subvenciones que perderán los empresarios por el ajuste presupuestario del Gobierno autónomo y que probablemente haya provocado que José Carlos Francisco, presidente de la patronal tinerfeña, no pudiera celebrar su cincuenta y un cumpleaños rodeado por los más de cien invitados en el mismo y lujosísimo hotel en el que apagó las 50 velas del anterior. Cómo preocuparse por la suerte que puede correr un número indeterminado de personas, cómo detenerse en cuestiones tan prosaicas cuando están llamados a salvar la economía isleña, esa patria para dinerientos, emprendedores, empleadores y buscavidas.
Por ello, sus recetas para estos tiempos de crisis capitalista siguen siendo las mismas que en tiempos de bonanza – más reformas laborales, más precarización, más recortes de servicios esenciales, más exclusión social, más privatizaciones, más desregulación, más regresión fiscal, más pobreza- aderezadas con quejas coyunturales cuando el Estado de Derecho despierta puntualmente de su impuesto letargo, ahora es la Inspección de Trabajo quien sabotea su ímproba labor, antes habían sido los inspectores de hacienda, a los que aún hoy siguen responsabilizando estúpidamente del hundimiento de la economía canaria por no permitirles una RIC a la carta.
Se entiende, por tanto, que en sus salidas a la crisis no aparezca ni una palabra sobre la necesidad de potenciar los mecanismos de inspección para la lucha contra la evasión fiscal, el incumplimiento de convenios o la economía sumergida, sobre todo teniendo en cuenta que este empresariado isleño ultraperiférico trapichea anualmente con unos 6.900 millones de euros de dinero negro, situando a S/C de Tenerife como la provincia con mayor tasa de fraude fiscal, nada menos que un 35,7% del PIB, según el informe de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) en el periodo 2000-2009. Y menos ahora, no mentemos la soga en casa del ahorcado, cuando están rogándole al Psoe que les vuelva a permitir invertir capitales RIC (Reserva de Inversiones Canarias) en deuda pública. El nirvana del estafador, es decir, convertirse en prestamista, paradójicamente, de quien les exonera de pagar impuestos, o lo que es lo mismo, vender el cochino a quien se le robó.
Los economistas neoliberales, los técnicos institucionales y corporativos siguen haciéndonos creer que gozan de la misma infalibilidad que se le atribuye al Papa.De ser cierto ya habríamos remontado el vuelo pues cada nueva medida impuesta era etiquetada como necesaria, ineludible y, sobre todo, como solución definitiva -rescate de los bancos, reforma laboral, congelación de salarios y pensiones, perdida de derechos sociales, y vuelta a empezar-. De eso se trataba, de engañar, de embaucar, de estafar hasta convertir a las clases populares en las víctimas de los mercados y sus aliados autóctonos.
En esta lógica es donde debemos situar toda la acción de la Ceoe y de su presidente, José Carlos Francisco, que fue cocinero antes que fraile ya que a su exitosa carrera como asesor y analista financiero le precedió su etapa de funcionario público como Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias donde también se le presuponía esa clarividencia de la que sigue haciendo gala hoy, aunque la Audiencia de Cuentas de Canarias llegó a considerarlo más como un Houdini capaz de hacer «desvanecerse» más de 40.000 millones de pesetas para ocultar un déficit.
Pero como dijo alguien, las finanzas son sólo el arte de pasar el dinero de mano en mano, hasta hacerlo desaparecer ¿No? Pues eso, así nos va.
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