Marzo representa para Bolivia un mes cargado de simbolismo acompañado de una dolorosa carga histórica. Esto porque en el mes de marzo la sociedad boliviana conmemora la pérdida de su cualidad marítima, tras la invasión de su territorio por tropas chilenas el 14 de febrero del año 1879, dando inicio así a la que históricamente […]
Marzo representa para Bolivia un mes cargado de simbolismo acompañado de una dolorosa carga histórica.
Esto porque en el mes de marzo la sociedad boliviana conmemora la pérdida de su cualidad marítima, tras la invasión de su territorio por tropas chilenas el 14 de febrero del año 1879, dando inicio así a la que históricamente se denomina como Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre.
El territorio boliviano al que hago mención refiere a la región conocida en el siglo XIX como el Departamento del Litoral. Invadido por Chile, sin previa declaración de guerra, tras la decisión de las autoridades bolivianas de aumentar en 10 centavos cada quintal de salitre exportado por las compañías de capitales anglo-chilenas, que operaban en ese Departamento. Esa medida fue rechazada por el gobierno chileno -por presión de las compañías instaladas en suelo boliviano- que sin expresión formal de inicio de las hostilidades irrumpió en la ciudad de Antofagasta un 14 de febrero del año 1879, ocupando el territorio y expulsando las tropas y autoridades bolivianas acantonadas allí. Esto determinó que el gobierno del país altiplánico pusiera en acción el Tratado de Alianza Defensivo con el Perú, firmado el año 1873 para ser activado en caso de agresión de un tercero.
La zona conquistada por las tropas chilenas fue creada el año 1829 -pocos años después de la declaración de independencia boliviana- como Provincia del Litoral, constituyéndose en Departamento el año 1867, con una superficie de 120 mil kilómetros cuadrados y 400 kilómetros lineales de costa. Delimitando al norte con el río Loa, que formalizaba su frontera con la República del Perú y al sur por el río Salado, constituyendo la frontera con Chile. Dicho Departamento tenía en su jurisdicción los puertos de Cobija, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, además de los pueblos del interior del desierto: San Pedro de Atacama y el pueblo minero de Calama.
Precisamente en este último lugar, el día 23 de marzo del año 1879, las tropas chilenas, en pleno desarrollo de la contienda, se trabaron en combate contra tropas bolivianas y defensores civiles de Calama, encabezados por Ladislao Cabrera y Eduardo Abaroa -considerado el principal héroe civil boliviano- que murió en la defensa del puente Topater. Desde esa batalla, Bolivia ya no volvería al Pacífico, sumando así 137 años de enclaustramiento en su condición de mediterraneidad.
Un manantial o un río? ¡Esa es la cuestión!
En un artículo de marzo del año 2012 – que escribí tras el discurso por el Día del Mar dado por el Presidente Morales, que muestra también la consistencia en el mensaje, consigné que el mandatario boliviano calificó a Chile como un «mal vecino, que no puede seguir siéndolo en pleno Siglo XXI» Igualmente registré la opinión del analista paceño Jorge Zambrana Jiménez, quien señaló que «la ocupación chilena del litoral boliviano nos cercenó un pedazo de territorio, que constituía la verdadera válvula de nuestra vida, pues hemos quedado completamente aislados del mar y con un carácter tributario de las naciones limítrofes… la invasión chilena fue una acción filibustera que agredió, ocupó, degradó y comenzó a dominar nuestro litoral por la fuerza militar y la violencia usurpadora… Lo que ha hecho Chile con Bolivia no tiene antecedentes en la historia mundial. Ningún Estado ha condenado a la asfixia perpetua a otro, como en el presente caso, cercenándole sus únicos vitales pulmones habilitados»
La opinión de Zambrana considero que es transversal a la sociedad boliviana, incluyendo a sus partidos políticos. Para Zambrana «Chile tiene la obligación moral, política y ética de restituir a Bolivia su acceso propio y soberano al mar, terminando con el funesto tutelaje que ha imperado hasta hoy…. El Gobierno transandino debe aceptar que persiste el problema y que no tenemos una «aspiración» a conseguir algo que es suyo, sino un derecho a recuperar nuestro mar, el litoral y los puertos soberanos que nos fueron arrebatados» … tras la batalla de Calama el día 23 de Marzo del año 1879.
Desde ese momento, desde ese día de un mes que es considerado tan funesto para nuestros vecinos, deviene en el hito histórico por excelencia de Bolivia, denominándolo el Día del Mar. Se constituye así, año a año, en el momento propicio para dar a conocer su demanda centenaria: volver soberanamente al océano Pacífico. Por ello, no resulta extraño y no debe sorprender a las autoridades chilenas que Evo Morales Ayma, el presidente boliviano, haya elegido ese día de este año 2016, para señalar que su país acudirá a instancias internacionales para reivindicar nuevamente la necesidad de un retorno soberano al océano Pacífico pero, agregando un elemento que ya ha sido mencionado en otras oportunidades, pero que da cuenta de los afanes reivindicativos del vecino país: discutir sobre la soberanía y la utilización de las aguas del Silala, consideradas por Bolivia como un manantial y por Chile como un río. Parafraseando la centenaria obra del dramaturgo Inglés William Shakespeare en su obra Hamlet y su soliloquio en el acto tercero, escena primera podemos sostener «manantial o río, esa es la cuestión» tras las palabras del mandatario boliviano.
En el Día del Mar 2016, en el departamento de Cochabamba el presidente Evo Morales reseñó lo que pretende su Gobierno «hemos decidido no sólo hacer demanda por la salida al mar con soberanía, hemos decidido ahora, como no nos quiere resolver Chile sobre las aguas del Silala en el departamento de Potosí, como el país pacifista que somos vamos a acudir a La Haya para que Chile respete nuestra soberanía en las aguas del Silala». Morales afirma que dicha presentación está acorde con el Derecho Internacional, a pesar que el Gobierno chileno asegura que está haciendo uso de aguas de curso internacional. Morales invitó públicamente al Gobierno chileno a que acuda al cantón Quetena y confirme que las aguas del Silala son un manantial, aguas de bofedales y no aguas internacionales.
Ni agua dulce ni agua salada
Chile, por su parte, un día antes del discurso del presidente boliviano presentó un video que según el Gobierno de Santiago demuestra que Bolivia tiene acceso pleno al Pacífico a través de puertos chilenos, con declaraciones de ciudadanos bolivianos que viven en Chile y un trabajo audiovisual que deja más dudas que certezas ¿Por qué? En un sentido estricto dicho video muestra más la dependencia de los puertos chilenos y la economía del norte del país sudamericano al comercio que se tiene con la vecina nación, que un tema de soberanía. Ducho video hace alentar pocas esperanzas de solución a esta negativa chilena de conversar sobre soberanía, ya sea sobre el agua dulce del Silala o el agua salobre del Pacífico.
Más que un tema de soberanía, lo que se percibe es que sin el comercio con Bolivia, ciudades como Arica e Iquique no tendrían una vida económica como la que poseen. Los 300 camiones que día a día circulan desde Bolivia a Arica son prueba de la vitalidad de un comercio que requiere, no sólo una mirada económica y de intercambio, sino también política, colaborativa, solidaria, de buena vecindad. Pues, ¿qué pasaría si esos camiones no llegan a suelo chileno y se privilegia una salida por Perú? ¿Podría contestarse a ello con la simpleza ¡qué lo hagan!? Como suele hacerse cuando la idiotez rebasa la racionalidad. Si esto sucediera ¿A qué niveles se alzarían las tasas de desempleo de un norte de por si deprimido?
El comercio exterior de Bolivia depende fuertemente de Brasil y Argentina, mientras que Chile es el octavo principal país de origen de las importaciones bolivianas, con un 4% del total de éstas. Al mes de marzo de 2015, de las 800.000 toneladas que se han movilizado por el puerto de Arica, 81% corresponde a carga boliviana. El viceministro boliviano de Comercio Exterior, Clarems Endara, afirmó en diciembre del año 2015, que el 80% de las exportaciones e importaciones de su país en 2015 se movió por puertos chilenos y ello implica un movimiento que esos puertos deben cuidar, defender, pues implica empleo en sus respectivas ciudades. Pero, ello suele perderse en declaraciones altisonantes donde el chauvinismo impera, como aquellas de Dirigentes del Partido Demócrata Independiente – UDI – el Senador Ultraderechista Juan Antonio Coloma, quien señalado la necesidad urgente de salirse del pacto de Bogotá.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, en una fuerte declaración tras las palabras de Morales respecto a llevar a Chile a tribunales internacionales señaló que «No importa cuántas demandas interponga Bolivia en tribunales internacionales, Chile no cederá territorio soberano. No cederá soberanía. Que se entienda bien. Vamos a defender nuestros intereses nacionales con todo», recalcó Muñoz añadiendo que «si se materializa una demanda respecto al uso de las aguas del río Silala, en cualquier momento Chile va a contrademandar a Bolivia».
Igualmente, el canciller chileno presentó un mapa que se adjunta al tratado firmado en Chile y Bolivia el año 1904, para demostrar el supuesto carácter internacional de las aguas del Silala. Dicho mapa fue criticado por Morales apelando a una petición anterior del gobierno chileno donde solicitaron permiso a la prefectura de Potosí, departamento donde se ubican las aguas, para hacer uso de ellas. No cabe duda que esta defensa a ultranza de la «soberanía chilena» elevará los índices de aprobación del canciller de un Gobierno con escasa adhesión ciudadana.
La conceptualización respecto a qué se habla cuando nos referimos al Silala no es una nimiedad. Dependiendo de cómo se le considere: un manantial, agua de bofedales o un río de curso internacional, se signará la valoración distinta que se tiene de ese curso de agua, con implicancias históricas, jurídicas, con derechos y obligaciones amparadas por las leyes internacionales, si se trata de un manantial o un curso de agua de tránsito continuo entre países fronterizos.
Para Bolivia, las aguas del Silala son una manantial, agua de bofedales conformado por 94 ojos de agua, que nace y está en territorio boliviano. Las aguas del Silala están situadas en el cantón Quetena, entre los puntos de límite del tratado de paz firmado entre Bolivia y Chile a 5 kilómetros de la frontera con Chile. A la altura de las localidades del país trasandino de Caspana, Caspana, Chiu Chiu. Consiste en un afloramiento de aguas subterráneas, que forman vertientes con un caudal promedio de 7 litros de agua por segundo y que tiene un sistema de canalización construido hace más de un siglo por la compañía Inglesa The Antofagasta and Bolivian Railway Company. Destinado en principio para uso económico y que a lo largo de errados olvidos y hasta irresponsables conductas políticas y económicas bolivianas, intereses económicos y apropiaciones chilenas, se ha ido postergando su solución. Consta que el Gobierno de Evo Morales ha tomado, desde el inicio de su mandato, la recuperación de esas aguas, como se manifiesta en su inclusión en la agenda de los trece puntos en su acápite 7.
La mencionada empresa se adjudicó el uso y aprovechamiento de las aguas el año 1908, principalmente para abastecimiento de poblaciones del sector, para suministrar agua a las locomotoras de vapor, riego como también las faenas mineras. Esas aguas en la actualidad son recolectadas en un estanque ubicado a 20 metros de la frontera en territorio chileno donde es concentrada y tratada. 8 kilómetros más abajo existe una represa donde se almacenan las aguas y llevada mediante cañerías para surtir del preciado elemento a las ciudades y pueblos chilenos de Calama, Chuquicamata, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla.
La posición chilena difiere sustancialmente de la boliviana, pues señala que las aguas del Silala provienen de un río Internacional -que aparece mencionado en el tratado de 1904- y que un curso natural de agua que baña a dos países no puede ser dispuesto en forma unilateral y su contencioso debe ser tratado por un tribunal internacional. Recordemos en esto que el año 1997 la prefectura de Potosí dispuso la revocatoria y anulación de la concesión de aguas hecha el año 1908, esto bajo el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El año 1999 mediante el decreto supremo 25.500 dispuso la licitación pública para el uso de las aguas del Silala, que Chile desconoció en abril del año 2.000
El Gobierno boliviano ha decidió plantear nuevamente en instancias jurídicas internacionales su demanda sobre este contencioso, que lo enfrenta a Chile y eso, mirado del punto de vista de las relaciones internacionales hay que percibirlo positivamente pues implica amparar las reivindicaciones y aspiraciones por los caminos del diálogo y la paz, más allá de los deseos de los gobiernos chilenos, sin excepción, que han pretendido, históricamente, resolver sus contencioso en lo que se ha denominado la política del bilateralismo.
Bolivia y ha así ha sido declarado, está dispuesto a tomar otras medidas como es bombear el agua hacia territorio boliviano exclusivamente y hacer perforaciones, después de estudios de hidráulica, geológicos y geográficos necesarios, que le permitan cambiar el curso de las aguas. Llegada esa posibilidad ¿cuál será la reacción chilena? ¿PagaráChile los 1.600 millones de dólares que dice el Gobierno boliviano le adeuda Chile por el uso de las aguas del Silala?
Suelo sostener cuando escribo o hablo sobre el centenario conflicto, que nos enfrenta con Bolivia que si bien es cierto que la política internacional suele tener un dinamismo que desborda a muchas cancillerías anquilosadas, entre ellas la chilena, con requerimientos de permanentes ajustes, el Gobierno boliviano presidido por Evo Morales ha logrado dar en el clavo a la hora de enfrentar la política exterior chilena: mostrar su contradicción tanto en el plano interno como en su verbalización. Bolivia y principalmente bajo las administraciones de Evo Morales ha entendido, que el bilateralismo aislado no tiene sentido en un mundo como el que vivimos en este tercer lustro del Siglo XXI.
Mantener un conflicto sin posibilidades de catalizar su discusión y la posibilidad de llegar a un entendimiento es una imperiosa necesidad, política, económica, diplomática pero también con la exigencia de vislumbrar las relaciones internacionales con un enfoque distinto y no seguir eternamente en una disputa que tanto daño le hace a ambos pueblos.
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La disputa verbal entre los gobiernos de Chile y Bolivia ha llevado más agua al molino de la discordia, incrementado por la decisión de responder con vehemencia a lo que tradicionalmente es la reivindicación marítima boliviana en la conmemoración del Día del Mar. Conducta que refleja las fuertes presiones que sufre el Gobierno chileno, con una política interna con enormes problemas y que le permite tener una válvula de escape por esta vía.
¿No es así como suele entender la diplomacia y la política chilena los argumentos de Bolivia cuando se refiere a sus contenciosos con nuestro país? Suena extraño, pero tiene enorme coherencia y racionalidad el achacar a los problemas internos los discursos y acciones que involucren a actores internacionales. En lo específico, la pretensión boliviana de acceder soberanamente al océano Pacífico, tras ser vencido en la guerra que enfrentó a ambos países entre los años 1879 y 1881, une la puesta en marcha de una operación diplomática destinada a poner en el tapete de la discusión jurídica internacional, el tema del uso y disfrute de las aguas del Silala, consideradas por Bolivia como un manantial y por Chile como un río de curso internacional.
Problemas Internos, salida externa
El discurso del presidente Boliviano Evo Morales en la conmemoración del Día del Mar el pasado 23 de marzo, reiteró la reivindicación centenaria de volver al océano Pacífico soberanamente, uniéndose a otra reclamación, también de larga data: las aguas del Silala. El Gobierno chileno reaccionó a través del canciller Heraldo Muñoz afirmando que « no importa cuántas demandas presente Bolivia, Chile no cederá soberanía… Bolivia se va a estrellar con un Chile unido con una política de Estado» .
Por su parte, la mandataria chilena, tras reunirse el día lunes 28 de marzo con el canciller Muñoz señaló que «el Gobierno de Bolivia alega ahora ser dueño de recursos hídricos que son compartidos, las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia el territorio por un efecto de una ley tan clara como es la ley de gravedad «. Para la presidenta chilena, en caso que el Gobierno boliviano concrete su demanda en instancias internacionales, Chile va a contrademandar para resguardar sus derechos «El Gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere instrumentalizar a los tribunales internacionales».
Para el canciller chileno la demanda de Bolivia es parte de una «política hostil hacia Chile, probablemente por la desesperanza que sienten respecto a la demanda marítima, porque saben que no van a conseguir el resultado buscado, es decir la soberanía… esta nueva demanda buscar distraer la atención sobre sus problemas internos pero también de lo que puede ser el desenlace de la demanda actual. La comunidad internacional se va a dar cuenta muy claramente que aquí ya no es el mar, no son los ríos sino que cualquier excusa para tener un planteamiento hostil con nuestro país y eso va a debilitar la posición internacional de Bolivia, pues eso demuestra debilidad».
E se muro de corte transversal al que hacía referencia Muñoz tuvo su primer ladrillo en la voz del presidente del partido ultraderechista chileno Unión Demócrata independiente -UDI- el Senador Hernán Larraín, quien lamentó que las declaraciones de Evo Morales « hayan tomado el camino de la agresión judicial a Chile, renunciando al dialogo y al proceso de integración. Lo único que va a lograr el presidente boliviano es judicializar la relación entre ambos países … las agresiones judiciales a Chile no van a conducir a ninguna parte ni va a lograr un centímetro de nuestro territorio jamás». Larraín advirtió que Chile no puede prestarse para los gustos de Bolivia y en ese marco es evidente que Chile debería retirarse del Pacto de Bogotá.
En general las autoridades chilenas señalan, sin distinción, que Bolivia suele efectuar estos reclamos como una manera de ocultar sus problemas internos. Sin embargo el análisis riguroso de la conducta del país altiplánico en materia de reivindicaciones marítimas, hídricas, comerciales, portuarias o la utilización de las aguas del Silala han tenido una línea coherente Nada nuevo bajo el sol, a pesar de las dificultades internas bolivianas a las que suele hacer referencia Chile, derivadas de acusaciones de tráfico de influencia contra Evo Morales en beneficio de una expareja -Gabriela Zapata Montaño- y una empresa ligada a inversiones Chinas -CAMC Engineering, que mantiene contratos con el Estado- unido al tema del hijo que tuvo con Zapata y las investigaciones por corrupción contra exministros, parlamentarios y dirigentes del MAS ligados al Fondo Indígena por cerca de 7 millones de dólares. Adicionemos la derrota en el referéndum de reelección presidencial, como también cierta oposición proveniente sobre todo de organizaciones de izquierda y sindicatos campesinos. Nada que pueda ser considerado tan grave como la crisis interna que vive el mundo político chileno.
Efectivamente, empleando el mismo predicamento que suele utilizar la política chilena frente a las demandas bolivianas, es posible pensar entonces que la reacción gubernamental chilena, sus políticos y aquellos que suelen expresar su opinión cargada de un belicoso chovinismo en foros y medios de comunicación, se deba precisamente a los enormes problemas internos que presenta, no sólo el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet -con los índices de aprobación más bajos de la historia- sino también la clase política en general y los poderes del Estado como el legislativo, sumido en una profunda crisis de credibilidad.
El uso irregular de fondos privados para la actividad política, el contubernio delictivo con empresas privadas, ha cruzado los marcos éticos y judiciales y marca la agenda pública. Sobre todo cuando una de las referencias de este cruce de intereses refiere a la Sociedad Química de Chile -SOQUIMICH- exempresa estatal apropiada por el exyerno del dictador Augusto Pinochet, el empresario Julio Ponce Lerou, que lo mismo financiaba a parlamentarios de la derecha que del centro y la socialdemocracia chilena representada por la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista. Incluso parlamentarios y candidatos presidenciales muy ligados, en su condición de víctimas o cercanos a familiares que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura pinochetista. Ese hecho signa la crisis moral de una clase política que trata, por todos los medios, de resguardar sus privilegios y que se niega a cambiar estructuralmente las bases del país.
Sumamos el escándalo por tráfico de influencias, que afecta al hijo de la presidenta y su nuera por la compra de unos terrenos cerca de la capital chilena, como también la conducta empresarial inmoral en la colusión por el papel higiénico, la venta de medicamentos, el cártel de los pollos, entre otros, que tiene sumido al país en una crisis transversal y donde cualquier elemento que sirva para distraer la atención es utilizado por una clase política y empresarial, que sabe y suele actuar unida. Ese marco, de partidos políticos, instituciones estatales y un Gobierno desprestigiado orienta las preocupaciones hacia lo externo y Bolivia aparece como el mejor blanco ¿Por qué no? Si el argumento ha servido para Bolivia, ¿Por qué no para Chile? Resulta lógico pensar que en materia de política interna y externa no puede existir una teoría de cuerdas separadas, son parte de una misma conducta como país.
Lo bilateral ya no rinde frutos
La estrategia chilena de llevar permanentemente a Bolivia al escenario de lo bilateral se ha repetido de manera incansable sin que Bolivia acepte, exclusivamente este marco. Esto preocupa a una cancillería chilena que durante décadas usufructo de esa postura y de la crónica debilidad política interna y externa boliviana, que sin duda, antes de la toma de posesión de Evo Morales como jefe de Gobierno el año 2006 era un análisis bastante cercano a la realidad. Pero, una década de gobierno masista, con una línea estratégica exterior definida como una Política de Estado irrenunciable, permite advertir una Bolivia muy distinta en sus planteamientos, su estrategia política, diplomática y comunicacional.
Sobre todo en el avance de temas de inclusión social, estabilidad social y política, un crecimiento económico que ha hecho hablar del «milagro boliviano», nacionalización de riquezas naturales, una agenda ambiental y obras de infraestructura que están cambiando el rostro al país. La errada percepción de la cancillería chilena y la clase política, repetida a coro por la mayoría de los medios de comunicación, es una constante, errada y contumaz que nos condena a no llegar una solución, que frena la posibilidad de estrechar lazos y desarrollar el norte chileno, el sur peruano y el occidente boliviano.
Bolivia no es la misma y sobre todo en el aspecto de su política exterior, distanciada de la vetusta visión chilena, que en el plano externo parece ir de tumbo en tumbo, sobre todo en su relación con los gobiernos sudamericanos, forzándolo a buscar alternativas de estrechamiento de lazos con los gobiernos de Colombia y México. Nuestro país, en el trazado político regional, vive una especie de papel secundario. No así en lo económico, donde las empresas chilenas dan muestra de una mayor flexibilidad y dinamismo, invirtiendo allí donde haya gobiernos indígenas, de izquierda o autodefinidos nacionalistas como en el Perú y que en su momento también denunció a Chile en los organismos internacionales. Esa marginaldad tiene cierta válvula de salida con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, con objetivos similares al chileno: mirar más al norte que a sus compañeros regionales.
La orientación externa de lo que hay que sostener frente las demandas bolivianas, según documentos de uso interno de la cancillería chilena -elaborados algunos como cuestionarios frente a interrogantes que se planteen a las autoridades- mencionan, por ejemplo, la posibilidad que Chile se retire del Pacto de Bogotá . Exigencia que ha ido adquiriendo más vuelo, sobre todo en aquellos políticos del ala más belicosa de la política exterior chilena, ligados preferentemente a la derecha chilena -como los senadores Francisco Chahuan, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y el Diputado José Manuel Edwards- pero también de partidos de Gobierno, como es el caso del senador DC, Ignacio Walker y el diputado Jorge Tarud el PPD.
En ese plano, la decisión de salir del Pacto de Bogotá para Chile no sería coherente «con nuestra posición como país serio, respetuoso del derecho internacional y firme defensor de los medios pacíficos de solución de controversias. La comunidad internacional podría verlo como un retroceso del compromiso de Chile con las reglas del juego internacional y tendría un enorme impacto en la imagen de Chile«. Si se considera que es grave y contraproducente, según el documento mencionado, ¿por qué se está avanzado por esta vía?
Articulo del Autor cedido por Hispantv
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