Espionajes, amenazas, persecuciones y asesinatos contra dirigentes sociales, profesores y sindicalistas sociales y políticos, exiliados/as colombianos…una larga serie de gravisimos hechos ocurridos durante los últimos dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, son el objeto de una impresionante investigación en «ChuzaDas», el nuevo libro del reportero Julián F. Martínez. Un texto que restaura la […]
Espionajes, amenazas, persecuciones y asesinatos contra dirigentes sociales, profesores y sindicalistas sociales y políticos, exiliados/as colombianos…una larga serie de gravisimos hechos ocurridos durante los últimos dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, son el objeto de una impresionante investigación en «ChuzaDas», el nuevo libro del reportero Julián F. Martínez. Un texto que restaura la memoria histórica y la dignidad de todas aquellas/os que fueron perseguidos por operaciones extrajudiciales de infiltración y seguimiento por el Estado. Sacar a la luz este escabroso capítulo de Colombia es imprescindible para que no se repita.
Cuéntanos, ¿quién es Julián F. Martínez?
Es una pregunta difícil porque hablar de uno mismo es una tarea compleja, no sólo por el riesgo de caer en los autoelogios sino porque se debe tener capacidad autocrítica. Julián Martínez es un colombiano común y corriente que encontró en el periodismo la mejor forma de hacer patria. Llevo ocho años desempeñándome como reportero profesional. Actualmente trabajo en Noticias Uno, que es un informativo de televisión independiente que se emite los fines de semana en Colombia. Allí me encargo de temas judiciales, ambientales, derechos humanos, políticos y sobre corrupción en la administración pública. La filosofía del noticiero permite desempeñarnos en varios campos para desarrollar proyectos investigativos de la mano de nuestro jefe inmediato, el periodista Ignacio Gómez. Estudié comunicación social y periodismo y siempre he interpretado que nuestra querida Colombia necesita reporteros que ejerzan el oficio de manera independiente y siempre distante con el poder.
¿En qué contexto surge el libro «ChuzaDAS»?
ChuzaDAS surgió por la necesidad de dejar un documento histórico que restaure la memoria sobre unos hechos que no pueden volver a repetirse. También porque el expediente y el número de procesados iba creciendo y muchas veces en un artículo de un periódico o en un nota televisiva no queda muy claro porqué se desarrollaron estos delitos.
El presidente Álvaro Uribe convirtió al DAS en una policía política para satisfacer su interés personal y político. La policía de la Presidencia ejecutó varios delitos, siendo las interceptaciones ilegales el crimen menos grave, pues el DAS llegó a asesinar a defensores de derechos humanos y sindicalistas por el simple hecho de hacerle critica al gobierno de turno. Además de eso, el DAS elaboró campañas de desprestigio, amenazas de muerte, estrategias de intimidación, seguimientos, espionaje y sabotaje de las actividades que desarrollaban legítimamente los críticos del gobierno Uribe. Cinco grupos fueron declarados como enemigos de la política de «seguridad democrática»: defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas independientes, opositores políticos y magistrados de las altas cortes. Cualquier persona que se encontrara en estos grupos y que mostrara su discrepancia con el presidente, terminaba en la lista de objetivos del DAS.
Entonces, siempre tuve claro desde 2009, época en la que estalló el escándalo, que las Chuzadas del DAS no sólo iba a ser el más negativo del presidente Uribe, sino que la gravedad de los crímenes ejecutados necesitaba un contexto completo para que la opinión pública lo entendiera. De esta manera, un libro podría contarle a la sociedad los motivos y las pruebas en un relato sencillo para que comprendiera las dimensiones de cómo se usó la inteligencia del Estado con fines ilícitos e incluso para proteger a los verdaderos terroristas en Colombia, pues el gobierno del presidente Uribe protegía a los paramilitares, algunos de ellos ingresaban a la Casa de Nariño para reunirse con los secretarios de la Presidencia para elaborar campañas difamatorias contra los jueces de la República que estaban investigando los nexos de los congresistas uribistas con organizaciones paramilitares.
El libro ChuzaDAS no es la transcripción de un expediente judicial, tampoco es una prosa de adjetivos u opiniones mías para enlodar al presidente Uribe. El libro ChuzaDAS es un reportaje de investigación que contiene las evidencias que vinculan a Uribe y a miembros de su familia con este escándalo, las historias de las víctimas que se atrevieron a contradecir su manera de gobernar y las versiones judiciales que se han conocido en el proceso, que no ha terminado. La justicia colombiana ha condenado a dos de los cinco directores del DAS de Uribe, pero todavía faltan por procesar muchos alfiles de su gobierno, quienes tendrán que explicarle a la justicia, por ejemplo, por qué se asociaron con miembros de la Oficina de Envigado, una organización narcoterrorista de Medellín, para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, a esas reuniones asistían los secretarios César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, con beneplácito del presidente Uribe.
En su libro usted habla de «dictaduras silenciosas», y de permanente atropello de las libertades públicas… ¿cómo se tradujeron estos aspectos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez?
En realidad el término «dictadura silenciosa» es del prologuista del libro, el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, quien fue víctima del DAS. A él y a su familia les hicieron seguimientos ilegales. Pero fundamentalmente, lo que el libro revela y que no está sustentado en una opinión sino en pruebas y hechos, es que el gobierno de Álvaro Uribe hizo todo lo posible por restringir las libertades públicas y legítimas de la oposición. A las ONGs de derechos humanos les ejecutaron un plan denominado «Operación Transmilenio», ideado por José Miguel Narváez Martínez, a quien Uribe premió con la subdirección del DAS. Narváez es el mismo que está vinculado al crimen de Jaime Garzón, al secuestro de Piedad Córdoba y al asesinato de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica.
La «Operación Transmilenio» fue una estrategia para deslegitimar la labor de las organizaciones sociales que promovían la defensa de derechos humanos y hablar de paz. Recuerden que hablar de paz en Colombia, en el gobierno de Uribe, era calificado como un acto terrorista, prácticamente convirtieron en política que defender derechos humanos era un argumento para vincular a quien lo hiciera con la guerrilla de las FARC.
Las organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, el Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, porque fueron 120 organizaciones perseguidas por el DAS, estaban desarrollando una tarea legítima que consistía en vigilar la política de «seguridad democrática». Estas organizaciones no solo descubrieron desde septiembre de 2003 que el Ejército colombiano estaba disfrazando de guerrilleros a campesinos y presentándolos como bajas en combates sino que comprobaron el aumento de detenciones injustas por cuenta de la estigmatización del propio presidente. Ese trabajo molestó tanto Uribe que ordenó le a la tropa militar acabar con la «pesadilla de los defensores de derechos humanos». Y efectivamente lo hicieron. Uribe ordenó públicamente ejecutar estos delitos. De esta manera, la opinión pública tiene que recordar estas situaciones incómodas para el país para que no se repitan, pues una sociedad informada sabrá muy bien las consecuencias de elegir a personas como Álvaro Uribe en el poder.
¿Considera que su libro representa un apoyo al argumento de que en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez se diseñaron operaciones sistemáticas contra la oposición política?
En efecto, el libro cuenta la historia, por ejemplo, de los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Ellos dos fueron objetivos institucionales. A ellos dos no solo los persiguieron sino que la Casa de Nariño trató de acabar con la vida de ellos. A los dos intentaron declararles la muerte política.
Hablando de estos dos casos, les cuento que el DAS dividió la operación en tres fases. Primero, a Petro y a Córdoba les interceptaron los teléfonos y los esquemas de seguridad que otorgaba el gobierno para la protección de ellos no era para su integridad sino para espiarlos, pero los detectives y las interceptaciones no revelaba ningún delito. Entonces va la segunda fase, esta consistió en intimidarlos, amenazarlos. Infiltrar sus espacios. Tanto a Petro como a Piedad Córdoba los espiaron a nivel internacional. El DAS logró obtener todo el registro de sus actividades las 24 horas del día, pero nunca encontraron nada ilícito. Entonces ahí entra la tercera fase y es el desprestigio. A los dos se les hicieron campañas difamatorias para que la opinión pública los relacionara con la guerrilla, entonces el DAS hacía panfletos y videos para difundirlos en redes sociales, universidades y embajadas para enlodar el nombre de estas personas. Ese trabajo de desprestigio terminó con la destitución de Piedad Córdoba, por parte del procurador Alejandro Ordóñez en 2010. Lo que no tuvo en cuenta el procurador para ese acto administrativo fue la operación de desprestigio contra Piedad Córdoba. Sin embargo, yo creo que a futuro la doctora Piedad podrá regresar a la política. El libro ChuzaDAS cuenta que subalternos del DAS le contaron a la justicia que la orden de la Casa de Nariño fue crearle un proceso disciplinario a Piedad Córdoba, como efectivamente lo hicieron.
En su libro destaca la relación de las empresas financieras y de telefonía con el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, violando así los protocolos de confidencialidad por estas mismas entidades financieras y de telefonía. ¿qué conexiones se encontraron y en qué aspectos compartían información?
En el capítulo 7, el lector encontrará las pruebas que vinculan a las empresas Movistar y Comcel con el escándalo de las «chuzadas» del DAS. El director de Inteligencia del organismo de inteligencia, entre 2005 y 2006, escribió en un informe secreto que la policía de la Presidencia había sellado un acuerdo con estas dos multinacionales para «canalizar las solicitudes de información en relación con los abonados, llamadas entrantes, salientes y perdidas, y la ubicación de la última llamada. Lo anterior se canalizará con un funcionario de cada empresa móvil, durante las 24 horas y días festivos». Es decir, estas compañías le entregaban al DAS toda la información de sus clientes que el DAS le exigiera. El libro también revela que hay un registro de 183 millones de llamadas. Pese a estos hechos, la Fiscalía colombiana no se ha pronunciado frente a esta revelación. Tal vez en otro país ya habrían investigado este hecho en específico.
Dentro de la llamada «campaña contrainsurgente en Colombia» tenían un instructivo, el DAS, para adelantar todas sus operaciones. Coméntenos, ¿donde pudo obtener esta documentación y qué contenido tienen esos archivos?
Bueno, no puedo revelar mis fuentes de información. Pero básicamente el libro ChuzaDAS está sustentado jurídicamente en 51.500 documentos que la Fiscalía encontró en el DAS en marzo de 2009. Es decir, yo sustento mi investigación en ese número de documentos, pero el ente investigador tiene muchos más, además de que los que se destruyeron, pues la detective que infiltró a la Corte Suprema de Justicia reveló que cuando estalló este escándalo la orden fue desaparecer millones y millones de pruebas. En general, a parte de las interceptaciones lo que hizo el DAS por ordenes de la Casa de Nariño fue elaborar campañas difamatorias para vincular con actividades delictivas a las ONGs, a los periodistas independientes, a los opositores políticos y a los magistrados honestos que investigaban a los parapolíticos.
En materia de desclasificación de archivos de las operaciones de contrainsurgencia y de espionaje, ¿Qué diferencia hay entre los gobiernos de Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos?
Uribe y Santos defienden prácticamente los mismos intereses, no veo diferencia entre esos dos gobiernos en general. Sin embargo, Uribe fue tan imprudente y estigmatizaba tanto a sus críticos que Santos pareciera tener mejor rostro. Y efectivamente, Santos no descalifica a sus opositores señalándolos de terroristas, eso no es una cosa que debamos agradecer, ese es su deber. En cambio, Uribe sistemáticamente señalaba a sus críticos de ser terroristas y eso terminaba en amenazas de muerte, espionaje, seguimientos, campañas de desprestigio que estaba ejecutando el DAS. Los discursos de Uribe ponían en riesgo la integridad y la vida de sus opositores.
Ahora bien, que Santos no haga lo mismo que Uribe no significa que en Colombia se haya erradicado la política de persecución del Estado colombiano contra la oposición o los periodistas independientes. Al gobierno de Santos lo rodea el escándalo de la Policía, específicamente bajo la gestión del cuestionado general Rodolfo Palomino, que está envuelta en un escándalo de interceptaciones ilegales a periodistas como Vicky Dávila, ex directora de la FM, el periodista Enrique Tapias de Noticias Uno, entre otros. Se comprobó que a Vicky Dávila la estaba espiando un carro que pertenece a la inteligencia de la Policía y la justicia no ha podido determinar las amenazas de muerte que padeció el periodista Enrique Tapias que provendrían de la policía. Estos dos periodistas llevan casi tres años investigando la corrupción en la Policía Nacional que incluye asesinatos, nexos con la mafia y una red de prostitución.
Por ahora, no hay ninguna voluntad de desclasificar archivos. Las organizaciones de derechos humanos llevan décadas exigiendo esa desclasificación, pues los seguimientos ilegales vienen de administraciones anteriores a las de Uribe. Lo que diferencia el escándalo del gobierno Uribe con los demás, es que las operaciones ilegales se planificaban en la propia Casa de Nariño a pocos metros del despacho del presidente, no se trataba de una infiltración de la mafia al DAS sino que esa mafia cogobernaba con el proyecto presidencial de turno.
En su libro hay un capitulo en el que usted explica exhaustivamente la denominada «Operación Europa», una operación de espionaje y montajes judiciales contra organismos, personalidades, entidades gubernamentales europeas, ONG´S y colectivos de refugiados. Por ejemplo, la Constituyente de Exiliados/as Perseguidos/as por el Estado, vienen desarrollando una denuncia internacional sobre esta operación. ¿Cómo se estructura y a quién iba dirigida esta operación? ¿qué documentos desclasificados han salido? ¿Puede describirnos los entramados de esta operación en el continente Europeo?
La «Operación Europa» estaba dirigida a espiar a todas las organizaciones sociales que tuvieran nexos con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. También estaba dirigida a desprestigiar a eurodiputados de izquierda que se interesaran en investigar y vigilar la situación de derechos humanos en Colombia.
La operación se estructura a raíz de una visita del presidente Uribe en febrero de 2004 al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Allí el mandatario llamó «guerrillero» al doctor Reynaldo Villalba, un eminente defensor de derechos humanos colombiano que fue en esa época a Europa para denunciar los verdaderos hechos que rodeaban a la política de «seguridad democrática». Desde esa fecha, se nombró a un detective del DAS para que coordinara el espionaje en el viejo continente. Se tiene constancia que por lo menos 20 organizaciones de derechos humanos de España, Francia y Belgica fueron espiadas por el DAS. Por estos hechos, hay dos querellas penales, una en Bruselas y otra en Madrid, contra Álvaro Uribe, Jorge Noguera y Germán Villalba, a quienes acusan del espionaje internacional.
La tarea consistió en desprestigiar a estas organizaciones a través de panfletos y creación de páginas web para vincularlas con las FARC. El detective Villalba tenía que infiltrar las reuniones de esas organizaciones, tomar fotografías de los participantes y elaborar bitácoras para enviarlas a Bogotá y allí informar al presidente sobre estas actividades. El libro cuenta la historia de cómo el detective Villalba infiltró una reunión en España de colombianos exiliados miembros del partido comunista. El hombre hizo bitácoras con esa información y se robó el listado de nombres de los participantes. Todavía no sabemos ni en Colombia ni en Europa las dimensiones de ese espionaje, pues aquí es poco lo que se ha investigado al respecto. Esperamos que haya justicia, pues el libro ChuzaDAS cuenta, además, que un exiliado colombiano en España que aparece como víctima de esos seguimientos allá posteriormente fue asesinado en Colombia cuando regresó.
Básicamente los entramados de esta operación tenían como objetivo desprestigiar a estas personas ante el mundo, enlodar a las organizaciones colombianas y a los ciudadanos europeos que se interesaban en la situación de nuestro país. Y por supuesto que el movimiento de exiliados en Europa, la mayoría de ellos víctimas del conflicto armado, terminaron siendo espiados por el DAS.
¿Los poderes fácticos regionales tenian conexión con la chuzadas del Das?
Todo el aparato de inteligencia del DAS en Colombia se orientó para perseguir a las organizaciones de derechos humanos. Las 27 seccionales que tenía el DAS no estaban para proteger la seguridad nacional sino que tenían una directriz expresa para espiar y perseguir a los contradictores del presidente. Fueron 7039 personas, la mayoría de ellas sin saber que estaban siendo utilizadas, las que estaban dispuestas para satisfacer los caprichos del presidente Uribe. Todo lo que ejecutó el DAS y que hoy tiene a miembros del gobierno Uribe condenados, fue sin orden judicial. Todo se ejecutó bajo la sombra y creyendo que la sociedad nunca se iba a enterar de estos ilícitos. Y todavía nos falta por saber mucho, pues tengo claro que mi libro relata a penas el 1% de lo que hizo Uribe con el Departamento Administrativo de Seguridad.
«Uno de los síntomas más claros de la enfermedad del poder consiste en confundir los intereses personales con los del Estado… Las herramientas de inteligencia del Estado fueron usadas para perseguir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los periodistas que investigaban los nexos entre políticos afines al gobierno y las mafias paramilitares. El trabajo de Julián F. Martínez muestra como esa operación criminal fue articulada desde la Casa de Nariño (casa del poder ejecutivo colombiano)».