Surgida de entre las ruinas postbélicas de un continente arrasado, y tras el nunca más de los juicios de Nuremberg, la idea de una Europa unida se cimentó -como el propio sistema ONU- desde la afirmación de los derechos humanos de los individuos como inviolables frente a cualquier invocación de la «razón de Estado». La […]
Surgida de entre las ruinas postbélicas de un continente arrasado, y tras el nunca más de los juicios de Nuremberg, la idea de una Europa unida se cimentó -como el propio sistema ONU- desde la afirmación de los derechos humanos de los individuos como inviolables frente a cualquier invocación de la «razón de Estado». La observancia de los derechos humanos primaría, pues, por encima de cualesquiera chalaneos o conveniencias políticas del momento en nombre de la patria, del partido… y de cualquier otra cosa; su contenido esencial no le sería negado a los miembros de ningún colectivo, bajo ningún pretexto: éste sería cumplido, y se haría cumplir, sin excepción, como base misma y legitimación de la entera vida política democrática. Porque de «estados de excepción» y de justificaciones sobre cuando resultaba aceptable excluir a un colectivo de las exigencias mínimas de humanidad ya se había tenido bastante durante la pesadilla precedente: el Convenio Europeo de Derechos Humanos representaría la garantía última en el marco de Europa del catálogo de mínimos consagrado en la Declaración Universal de 1948, reforzado entre nosotros, además, mediante un sistema de control jurisdiccional internacional obligatorio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por eso mismo resulta tan inaceptable la actual situación de los desaparecidos del franquismo, y sus familias, en España -contabilizados por decenas de miles- y el amplio argumentario que ha pretendido, y pretende todavía, anteponer todo tipo de «razones de Estado» a lo que debiera ser un normal cumplimiento del contenido mínimo de los artículos 2, 3, 8, 13 y 14 de dicho Convenio, tal y como se reitera en la jurisprudencia de dicho Tribunal.
Y por eso mismo, al igual que en la primera Serbia democrática post Milosevic -condenada ante la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia Herzegovina sobre la base de dicho mismo Convenio Europeo-, en nuestro país se siguen violando hoy, día tras día, los derechos humanos de los desaparecidos y de sus familias; víctimas éstas últimas del «trato cruel e inhumano» de nuestras autoridades que les han condenado a esperar de por vida a sus seres queridos arrebatados, a vivir a la sombra de un «síndrome Srebrenica» que en el caso español no sé sabe ni respecto a cuantas localidades -escenario de las atroces matanzas de los victoriosos cruzados- habría que renombrar.
Como al Gobierno Serbio, a nuestro Gobierno socialista de las políticas Ikea de «exhúmelo usted mismo» (a su padre, a su madre, a su hermano brutalmente asesinados… es increíble pero exáctamente eso es lo que se ha hecho, y se continúa haciendo, en España) el Convenio Europeo de Derechos Humanos -instrumento conservador y de mínimos donde los haya- también parece quedarle demasiado grande. Quién lo diría. ¿Qué otras cosas le quedan demasiado grandes en materia de derechos humanos a este Gobierno? ¿por qué? ¿qué pensarían históricos del partido ya fallecidos y -lo más importante todavía- ¿qué piensan otros responsables igualmente callados como si también lo estuviesen ante todo este entusiasta copia-pega de Franco y su metodología, franquista, de tutela de los derechos humanos en el caso de los desaparecidos? Qué silencio atronador el de las filas socialistas, cuando es de la grave violación de derechos humanos, y de un trato inhumano a personas de muy avanzada edad, indefensas, de lo que se trata.
Y el caso es que pareciera que uno no se hace socialista para hacer lo que diga su Gobierno sino para defender ideales tan irrenunciables como los derechos humanos, la solidaridad con los que sufren, la justicia… incluso a pesar de lo que su propio Gobierno socialista diga. Aquello que decía Pablo Iglesias que había que llevar a todas partes… con permiso de los que ahora acaban de cargarse también la justicia universal…Impacta el legado concreto en materia de derechos humanos y justicia universal (la misma que resistió 25 años, incluidos los precedentes 8 años de Gobierno Aznar) que van a dejar tras de si nuestros actuales gobernantes, ¿alguien ha iniciado algún tipo de reflexión al respecto en el seno del PSOE tras el reciente comunicado de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch? Porque sea cual sea la coyuntura lo mínimo que podemos esperar de un Gobierno socialdemócrata es que defienda los derechos humanos, más aún los de aquellos que no pueden defenderse por si mismos, y habían hecho de España su última esperanza. ¿Qué les parecería la eliminación de la justicia universal a los miles de brigadistas internacionales que vinieron a España a dejarse la vida, únicamente impulsados por esa misma idea de solidaridad humana cuando las víctimas indefensas a proteger eran las españolas?
Y luego nos molestaremos porque el Comité Internacional de Derechos Humanos nos acaba de decir que desde 1996 no se han producido avances en materias sustanciales de derechos humanos en España. Desde 1996. El Comité Internacional de Derechos Humanos, no Génova.
Algo demasiado importante se ha debido perder en el camino de nuestra (re)construcción Europea -y en algún otro lugar- cuando estamos otra vez con éstas ante el drama de los desaparecidos de Franco. Ante algo tan básico como el hecho de que el contenido esencial de los derechos humanos de varias decenas de miles de personas «no se toca»: el contenido esencial de los derechos humanos se cumple y se hace cumplir con toda normalidad, lo estime o no oportuno para su agenda política quien sea. Sólo un centímetro más allá de haber garantizado su efectivo y normal cumplimiento puede y debe tener lugar la política y las «razones de Estado»; si es de política democrática de lo que estamos hablando y no de una vuelta a empezar en nuestro continente.
Dice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Que al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, se sitúa a la persona en el centro de su actuación.
La situación de los desaparecidos del franquismo y sus familias desafía todo ello, además de resultar de demasiada urgencia, de demasiada gravedad, para tanto intento de andar haciéndole regates, a sabiendas, a toda la legalidad internacional en la materia. Simplemente porque a muchas de estas personas apenas les queda ya tiempo para volver a ver a sus pequeños, para recuperar a sus seres queridos por última vez antes de morir. Y eso es lo primero que nuestro Gobierno del PSOE les está negando en nuestro país, junto a otras cosas igualmente irrenunciables ampliamente reconocidas por el derecho internacional, ¿cómo es eso posible?, más aún ¿cómo es eso posible sin crítica interna alguna ni un amplio debate sobre lo que se está haciendo en todo este tema?
Un Gobierno socialdemócrata de una España de derecho, democrática y constitucional -a la altura ambos de su propio nombre- que reestablezca dentro de su territorio el normal cumplimiento de los derechos humanos del Convenio Europeo que jamás debió faltar es algo posible y debido.
Como también lo es una Presidencia española de la Unión Europea que impulse con más razón -consciente de su responsabilidad moral, aún segundo país del mundo en número de desaparecidos, tanto como del desprestigio internacional del reciente caso de desapariciones de los vuelos de la CIA en Europa- una iniciativa internacional y diplomática de la misma UE en pro de la ratificación del nuevo Convenio ONU contra las distintas formas de desaparición forzada, y en particular contra la todavía desatendida lacra de la desaparición forzada infantil en el planeta.
Cumplido en España el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los deberes de «verdad, justicia y reparación» una tal contribución de la reestablecida democracia española en defensa de otros miles de pequeños hoy amenazados -y para la reunificación de sus familias de los ya desaparecidos- sería la mejor forma de homenajear y honrar la memoria de nuestras propias víctimas, en lugar de una Presidencia española de bombo y platillo… con más de 150.000 desaparecidos en el armario. Los errores se pueden rectificar y reparar poniendo el esfuerzo necesario, los grandes errores también, incluso los terribles. Muchos depositamos nuestra confianza en ZP cuando prometió no fallarnos, y de lo que aquí estamos hablando es de cumplir con los derechos humanos de unas víctimas a las que en la vida se lo han quitado todo, y lo único que les queda ya es que el Estado les devuelva a los seres queridos que les arrebató.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Investigador de Derecho penal Internacional de la UCLM, autor del libro «El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad» (Tirant Lo Blanch, Valencia) y «La nueva ley de la memoria y la vulneración del Convenio Europeo de Derechos humanos» entre otros estudios en la materia.