Se cumplen cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz concretados en la Habana, Cuba, que hasta el momento han dejado 290 combatientes firmantes y desmovilizados muertos, y una persecución política intacta.
A este fenómeno habría que sumarle la criminalización sistemática de un movimiento social rebelado contra las injusticias de un régimen intolerante que ha utilizado a fuerzas regulares y paramilitares para asesinar en estos cinco años a más de 1270 líderes sociales y que sigue con la practica de sembrar falsos positivos para minar la voluntad de lucha de un pueblo que históricamente ha demostrado ser amante de la Paz verdadera, que es la Paz con justica social y no la paz de los cementerios que es la que pretende instaurar la clase política neoliberal colombiana.
Para el Estado colombiano la guerra continua, continúan los bombardeos indiscriminados que han arrojado la aterradora cifra de por lo menos 22 niños masacrados en 7 bombardeos de las fuerzas militares, continúan los allanamiento contra los manifestantes del movimiento de calles que desde principios 2021 han juntado fuerzas para cuestionar las condiciones de pobreza y marginación que trata de imponerle al pueblo la politica servil del gobierno de Iván “Uribe” Duque.
A tal punto llega la extensión de la guerra, que el Estado colombiano en estos momentos, solicita al gobierno argentino, la extradición del ciudadano Facundo Molares, por supuestos delitos cometidos, según plantean, antes de la firma de los acuerdos de la Habana.
Seguramente muchos de los firmantes del Acuerdo creyeron que se trataba de un proceso en progresión que sentarían las bases para la construcción de una nueva posibilidad política para la sociedad colombiana, pero la clase dominante no entiende otra posibilidad que no sea la de la explotación, la sumisión y el saqueo en beneficio propio, eliminando todo lo que se ponga en su camino.
El gobierno habla de paz, pero mantiene su aparato represivo intacto y en funcionamiento y solo se sienta en la JEP bajo el manto de la impunidad para los perpetradores de masacres y crímenes de lesa humanidad; en cuanto a los derechos de las víctimas y el funcionamiento de la Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, lo que aparece en primera línea es la falta de voluntad política del gobierno para satisfacer las solicitudes de los diferentes sectores que agrupan a las víctimas que manifiestan no haber sido tenidas en cuenta o han sido excluidas del proceso; a esto se suma la escases de recursos asignados por el gobierno central para cumplir los objetivos de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Pero veamos las distintas voces que se expresan en torno a este proceso:
Otro de los protagonistas Milton Toncel (Joaquín Gómez), expresa:
”Debe reconocerse que, si bien el gobierno de Duque no ha logrado su propósito inicial de hacer trizas el Acuerdo Final, sí ha avanzado en la pretensión -con el concurso de las fuerzas políticas que lo acompañan- de variar la trayectoria e impulso inicial, reduciendo lo pactado al desarme guerrillero y a un proceso de reincorporación que copia las prácticas de las estrategias contrainsurgentes del DDR (desmovilización, desarme, reintegración)”
En conclusión, la paz se conquista con lucha y con política, para ese logro tan merecido que reclama el incansable pueblo neogranadino, debe haber interlocutores confiables que actúen al servicio del pueblo y no al calor de los intereses ajenos a las necesidades populares.
Es hora de que una Asamblea Constituyente, sin ningún tipo de exclusiones convoque a la paz apuntando al progreso y bienestar de los sectores de la producción y el trabajo, garantizando a la colectividad que el Estado y las leyes van a proteger a los sectores mas vulnerables y que el respeto por la vida y la seguridad del pueblo serán la piedra angular para la construcción de la Nueva Colombia.
Fuente original: https://noticiaspia.com/cinco-anos-de-la-firma-de-un-acuerdo-de-paz-con-sabor-amargo/