Unas 300 personas se concentraron ayer 31 de marzo en la puerta del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, para conmemorar en un acto lúdico y reivindicativo el quinto aniversario de estas concentraciones. Convocados por la Campaña por el Cierre de los CIE, entidad que agrupa a 30 organizaciones sociales, los […]
Unas 300 personas se concentraron ayer 31 de marzo en la puerta del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, para conmemorar en un acto lúdico y reivindicativo el quinto aniversario de estas concentraciones. Convocados por la Campaña por el Cierre de los CIE, entidad que agrupa a 30 organizaciones sociales, los participantes exigieron la clausura de estos centros, que calificaron de «cárceles encubiertas». Las concentraciones frente al espeso muro del CIE de Valencia se llevan a término desde hace cinco años el último martes de cada mes.
Entre la lectura de manifiestos, actuaciones musicales, monólogos contra la exclusión y el acompañamiento de una «muixeranga» (torre humana), los portavoces de la Campaña han informado que en el CIE de Zapadores se han registrado más de 50 casos de agresiones policiales (según las denuncias de los internos). Organismos como la Defensoría del Pueblo del estado español, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han pedido que se aclaren los hechos denunciados. Sin embargo, los procedimientos judiciales en muchos casos no se sustancian, dado que a los migrantes que denuncian se les deporta antes de que puedan declarar en el juicio. «Se vulnera la ley; toda persona testigo o denunciante en un proceso abierto ha de poder testimoniar», apunta Betty Roca, una de las portavoces de la Campaña. Por eso destaca como gran hito que Mohamed Rezine Zouhir, argelino de 34 años, pudiera declarar el pasado 20 de febrero en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, por las supuestas agresiones policiales que sufrió en el CIE.
La Campaña contra el centro de Zapadores se impulsó en enero de 2010, después de que se hiciera público el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por encargo del Consejo de Europa, que señalaba la existencia de vejaciones y malos tratos en diferentes CIE, entre otros el de Zapadores.
La tarde del 31 de marzo, a unos metros de este edificio construido en 2006 e inserto en un complejo policial, Abdoulaye, un senegalés de 33 años que reside en Valencia, observa con tranquilidad los actos lúdicos del quinto aniversario. En su día permaneció encerrado 24 horas en el calabozo de la Comisaría de Zapadores, pero las noticias de lo que ocurre en el interior del CIE le llegan de amigos a los que visita. «A la gente le tratan muy mal, les dejan hacer muy pocas cosas; apenas comer (los alimentos que hay), pasear e ir al baño; dentro del CIE hay un patio, ahora bien, por las noches los encierran en celdas sin baño».
Otro senegalés, Papa, colaboraba con la Campaña hace unos años. En buen castellano explica que los CIE «son una vergüenza porque dentro se violan los derechos humanos; hay muchos casos documentados por la Campaña, de hecho, tenemos a dos policías actualmente imputados por agresiones a dos chavales magrebíes; no es ninguna tontería; y no se trata sólo del encierro, pues dentro la policía les insulta, se les pega y se les trata como a perros; a veces para cometer los delitos se les aísla en zonas donde no hay cámaras, para que no existan pruebas». A Papa le afecta directamente lo que ocurre en las calles. Explica que en la Estación del Norte (ferrocarril), las de Metro o en el paso inferior para acceder a Ruzafa (barrio con numerosa población inmigrante), hay controles policiales «que me recuerdan a los que hacía la Gestapo».
Pegada a la puerta azul del muro, junto a dos policías nacionales, Noemí es una de las que sostiene una pancarta de solidaridad con los internos de los CIE británicos, actualmente en huelga de hambre. Esta mexicana tiene claro que en los Centros de Internamiento para Extranjeros se vulneran muchos derechos humanos, «sobre todo el de la libertad». Le han contado los compañeros que en el CIE se producen palizas y torturas de manera injustificada, además de una mala alimentación. Por tanto «pediría que se cerraran, y que hubiera más facilidades para la regularización de los derechos».
Las ONG afirman que se mantienen en Zapadores las deficiencias señaladas hace unos meses por la Defensoría del Pueblo. En concreto, la plaga de chinches, la necesidad de ropa de abrigo para los internos que no dispongan de ella; la falta de calefacción y de duchas con agua caliente. «Desde hace cinco años las condiciones de indignidad e insalubridad continúan siendo las mismas en el CIE», se leyó en el Manifiesto del acto.
La falta de delimitación y control del poder que detenta la policía dentro de los CIE propicia la vulneración sistemática y flagrante de los derechos humanos, afirman las ONG. Uno de los últimos casos con trascendencia pública es el de Mohamed Rezine Zohuir, quien denunció en febrero ante el juez que dos agentes le propinaron patadas y golpes hasta producirle una brecha en la cabeza. Como consecuencia de las agresiones, a Mohamed Rezine se le aplicaron 17 puntos de sutura en la testa. Además, el interno soportó, según su testimonio ante el juez, insultos racistas por parte de la policía. Una segunda querella fue presentada por el abogado de Ben Younes Sabbar, ciudadano marroquí de 34 años, por supuestas torturas que le hicieron perder un diente y sufrir moratones por todo el cuerpo.
Betty Roca apunta que en las movilizaciones frente al CIE se producen altibajos de concurrencia. Los «picos» (400 personas) coinciden con las denuncias ante los medios de comunicación. Una de las más relevantes fue, en abril de 2014, la huelga de hambre de una parte de los internos, «cansados de las deportaciones, de los operativos policiales por sorpresa y de las diversas prácticas que quiebran psicológicamente a las personas», según informaron. La huelga se convirtió en la acción de respuesta a la detención (con esposas) de 11 inmigrantes de nacionalidad maliense en el CIE de Zapadores, a los que se sacó del centro sin que se les hubiera comunicado previamente la deportación. En esas fechas, el Ministerio del Interior fletó un vuelo de Air Europa con destino a Mali, país en conflicto.
El informe «¿Cuál es el delito?», presentado en abril de 2013 por la Campaña por el Cierre de los CIE, cita algunos de los «casos paradigmáticos» sucedidos en el centro. En julio de 2010 una ciudadana marroquí que residía en Orihuela, Noura, pasó la noche en la comisaría tras ser detenida. Noura aseguró que esa noche sufrió abusos sexuales en el calabozo por parte de un policía. Sin embargo, la denuncia por maltrato (llegó a abrirse un procedimiento penal) no paralizó el proceso de deportación, tras 40 días de encierro en Zapadores. A finales de 2010 las ONG hicieron público un caso de «castigos colectivos» en el CIE; varios reclusos denunciaron golpes, patadas y palizas, precedidas en ocasiones de una provocación policial. La represión se encarnizó con quienes denunciaron lo ocurrido. Por ejemplo, un solicitante de asilo salvadoreño, que aseguró ser agredido por dos policías y expulsado tras dar a conocer los hechos.
En octubre de 2011 varios jóvenes argelinos denunciaron golpes, malos tratos y vejaciones en el CIE de Zapadores, tras resultar detenidos por la policía después de darse a la fuga. Pero uno de los ejemplos más desgarradores de la tenebrosa historia de Zapadores es el de Austin Johnson, expulsado el 1 de junio de 2012. Al llegar a su país, Nigeria, fue ingresado tres días en el hospital por el «trato brutal» (según su testimonio) de los agentes que le custodiaron durante la deportación. Su hija nació en Valencia ocho días después de ser expulsado. En abril de 2012 los afectados fueron cuatro menores argelinos, que llegaron en patera a las costas de Andalucía. Tras resultar detenidos e ingresados en Zapadores, insistieron en su condición de menores de edad, informa la Campaña por el Cierre de los CIE. Por la noche uno de los agentes entró en la celda y les golpeó reiteradamente con la porra. Ante la inminente expulsión de las víctimas, las ONG enviaron faxes de protesta a las autoridades responsables del CIE. La respuesta del director del centro de Zapadores consistió en una denuncia ante los juzgados por posibles calumnias «hacia todas las personas que realizan su trabajo en este CIE».
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