La investigación policial, dirigida por el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, se inició a principios de 2005 tras la ‘desaparición’, el 24 de enero de 2005, de 500 kilos de cocaína de un contenedor con 1.017 kilos de esta sustancia que estaba bajo vigilancia policial en el Puerto de Barcelona a petición del […]
La investigación policial, dirigida por el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, se inició a principios de 2005 tras la ‘desaparición’, el 24 de enero de 2005, de 500 kilos de cocaína de un contenedor con 1.017 kilos de esta sustancia que estaba bajo vigilancia policial en el Puerto de Barcelona a petición del departamento de narcóticos de Estados Unidos.
Según un informe eleborado el 4 de julio por el Área de Delincuencia Organizada de la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña, al menos 5 guardias civiles, un ex-inspector de policía, un policía local y dos mossos d’esquadra forman «parte activa de esta organización criminal de narcotráfico, presunta autora del robo de un contenedor de cocaína en el Puerto de Barcelona». Dicho contenedor se encontraba bajo vigilancia policial.
Según este informe, «los agentes policiales no sólo participaron en el robo sino que, además, asesoraron y orquestaron el golpe facilitando a una banda de traficantes la información concreta para perpetrar la acción». Además, «y con posterioridad, alertaron a los delincuentes acerca de las pesquisas que sobre ellos iban realizado lo agentes contra el crimen organizado de la Guardia Civil».
En las decenas de intervenciones telefónicas que se han realizado, los delincuentes se jactan de la protección policial que reciben. Uno de ellos, Javier Segura, alias ‘Trapero’ dice literalmente: «mientras haya ‘pikos’ y ‘maderos’ con hipotecas pendientes, nosotros tranquilos».
Enriquecimiento injustificado
Según las pesquisas llevadas a cabo en los últimos 16 meses por agentes de élite de la Guardia Civil, se ha producido «un enriquecimiento injustificado por parte de los agentes implicados». A uno de ellos, además, se le han descubierto cuentas en Andorra.
Algunos de los guardias implicados estarían relacionados con la promoción de más de 200 pisos en un pueblo cercano a Lugo, población donde dos de los principales narcos habían montado una promoción urbanística.
En el informe, que consta de 14 páginas, se detallan los encuentros clandestinos entre narcos y guardias civiles además de cómo intentan protegerse los unos a los otros. El Grupo EDPA de Barcelona concluye el informe, remitido al fiscal y a la juez de instrucción, pidiendo el procesamiento de estos agentes.
Conversaciones telefónicas
Las conversaciones telefónicas no tienen desperdicio. En una de ellas, el narco David Barbam, alias ‘el Chufo’, y Daniel Rivelles, alias ‘el Bolo’, informan a sus amigos, miembros de la Policía y la Guardia Civil, sobre la matrícula de determinados coches que les están siguiendo. Dichos agentes verifican que se trata de vehículos policiales camuflados y les alertan de ello. Alguno de estos guardias alerta también a los delincuentes de que no hablen por teléfono porque «los tienen pinchados».
El día 20 de septiembre de 2005, el guardia civil procesado en este caso, alerta a un traficante «de que existen tres o cuatro contenedores marcados por la policía, por lo que no deben acercase al puerto». Este guardia civil es ex-agente de información de tráfico ahora destinado en el puerto y está considerado como cabecilla de la organización.
De las intervenciones telefónicas no sólo se desprenden las conexiones con el narcotráfico. Dos de estos guardias civiles y dos narcotraficantes sobornaron a un concejal de un ayuntamiento barcelonés para la concesión de una licencia de apertura para una discoteca en la que invirtieron conjuntamente. Al concejal le pagaban 3000 euros a la semana.
El día 9 de junio de 2005, un ex-inspector de policía y un guardia civil hablan de repartirse un «trabajillo» al 50%. El 20 de julio, dos de los narcos imputados hablan de pagar a este policía unos 3000 euros. La cita y el presunto pago tienen lugar en un restaurante de la calle París de Barcelona. Daniel Rivelles le dice a un presunto camello que si le pillan con droga «dé el nombre del citado inspector y en el peor de los casos le quitarán la droga, pero no le detendrán».
En base a este informe, la juez instructora del caso estudia las medidas judiciales a adoptar.