Un elemento imprescindible y necesario considerar en cualquier proceso de cambio, de mejora o redefinición del Sistema Nacional de Salud de un país, es la forma en que la ciudadanía participa. De forma activa y determinante, en las decisiones estratégicas, en la supervisión de la gestión y en el control de su funcionamiento y financiación. […]
Un elemento imprescindible y necesario considerar en cualquier proceso de cambio, de mejora o redefinición del Sistema Nacional de Salud de un país, es la forma en que la ciudadanía participa. De forma activa y determinante, en las decisiones estratégicas, en la supervisión de la gestión y en el control de su funcionamiento y financiación.
Este papel coprotagonista de la ciudadanía constituye una auténtica «tercera pata» del Sistema de salud y sanidad, junto con la del componente Administración/Titularidad y la de profesionales /trabajadoras.
Una comisión de trabajo
De esta y otras cosas relevantes hemos estado debatiendo en una Comisión llamada de «desprivatización» que se ha reunido en el Ministerio de Sanidad en cuatro ocasiones en los últimos cuatro meses. Explorábamos estrategias y mecanismos que puedan permitir una reversión, una recuperación, un rescate, de aquellos servicios y centros sanitarios que se ha estado privatizando sin contemplaciones y por diversos sistemas.
Tendremos ocasión de exponer los trazos gruesos que hemos ido acercando a los dos lados de la mesa, ocho personas, cuatro a propuesta del Gobierno PSOE y otras cuatro por el Grupo de Unid@s Podemos.
En síntesis se puede avanzar que revertir a público lo privatizado, no es fácil y así lo sabíamos desde el inicio. Pero también concluimos que si hay voluntad y determinación política, es posible. El caso del hospital de Alzira en el País Valencià es paradigmático.
También que las fórmulas de recuperación a «público» deben ser rigurosas, particulares, casi a medida, como consecuencia de aplicación estricta de las cláusulas de concesión o concertación, con inspecciones sistemáticas, con rendición de cuentas, con criterios de eficiencia, con valoración de fechas y períodos acordados y sobre todo con cumplimiento impecable de las leyes y normativas que regulan la prestación de servicios públicos, como la sanidad (o la educación o las atenciones sociales o a la dependencia). Y en ese contexto emerge un punto de gran entidad:
La participación de la ciudadanía
Habitualmente en los Desarrollos legislativos o normativos se suele mencionar el «capítulo participación» al final de texto con un carácter formal, un toque de bien hacer, o como simple constancia de existencia de este importante elemento. La figura de la representación y las funciones de esa ciudadanía suele estar muy limitada a una presencia testimonial. A menudo se habla de un «florero» incrustado en el seno del órgano rector o de control.
Así las cosas, la primera acción en, y para, un proceso desprivatizador debe ser un cambio conceptual al respecto. Una nueva dimensión de la participación social, incluida la ciudadana, en lo que se refiere a funciones, habilidades, competencias y hasta responsabilidades y complicidades.
Hay que desechar el sofisma de que para intervenir, y aún más decidir, en materia de sanidad es necesaria una acreditación académica (en el sector) y/o una determinada preparación técnica. No se pretende que las personas interfieran procedimientos médico-sanitarios (ni técnicos) sobre como ejecutar las prestaciones. Esa función corresponde al equipo de personal profesional capacitado. Pero sí que co-ayuden a concretar qué tipo de sistema de salud eligen y construyen, a qué tipo de atención aspiran, que esfuerzo están dispuestos a aportar, que visión crítica externa introducen, y como están presentes y son garantes en los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Codecisión. Titularidad
Finalmente es esa misma ciudadanía quien financia, mediante impuestos, todo el sistema y por tanto debe ser considerada co-titular, co-decisoria, vinculante. Además de ser la receptora y el objeto final de las atenciones sanitarias. Debe tener voz y también voto. Debe implicarse y lejos de ser tratada como «cliente»,o simple usuario, o paciente pasivo, y debe recibir consideraciones de co-protagonista.
Esta participación debe abarcar una serie de segmentos heterogéneo y orientarse a reequilibrar y reducir/eliminar las desigualdades; ya sean de género, socio-económicas, de origen, etnia y cultura, de discapacidad, etc. Gracias a su dimensión inclusiva, solidaria y universal.
Así deberá garantizarse la participación activa, de la representación ciudadana además de agentes sociales ya incorporados, en consejos, en debates, en órganos de dirección, diseño estratégico, planificación y de control.
La acreditación para estas formas de participación responderá a su mismo carácter, objetivo, tipología, compromiso por el sistema sanitario público (los lobbies ya están presentes). En cualquier caso evitando posibles incompatibilidades o conflictos de intereses, sin afán de lucro, sin esponsorizaciones ni financiaciones de la industria o del mercado. Hablamos básicamente de AA.VV. de plataformas sociales y mareas, entidades en defensa del sistema público de salud, entidades cívicas comprometidas y en conclusión la ciudadanía organizada y empoderada.
Un papel relevante será la colaboración social en la elaboración de planes estratégicos, para una formación inteligible de la ciudadanía, participar en informes técnicos o epidemiológicos, en guías de buenas prácticas, en apuntes de gestión desde la óptica de quien recibe la asistencia. Igual presencia en controles de calidad, evaluación económica y manejo financiero, soporte activo en lo social y mediático a las diversas actuaciones desprivatizadoras, en mecanismos de control y rendición de cuentas y en implementación y desarrollo de auditorías ciudadanas.
Sin esa alianza democrática y sin la reciprocidad de respeto y empatía con la ciudadanía organizada no se podrá construir un auténtico Sistema Nacional y Público de Salud.
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