Desde 2001, A Desalambrar lucha por recuperar caminos públicos, vías pecuarias y cauces de ríos. Un ejemplo que se extiende a otros lugares del Estado y poco a poco toma forma de movimiento. Sólo en el municipio de Córdoba, la Plataforma A Desalambrar calcula que existen más de mil kilómetros de caminos públicos, vías pecuarias […]
Desde 2001, A Desalambrar lucha por recuperar caminos públicos, vías pecuarias y cauces de ríos. Un ejemplo que se extiende a otros lugares del Estado y poco a poco toma forma de movimiento.
Sólo en el municipio de Córdoba, la Plataforma A Desalambrar calcula que existen más de mil kilómetros de caminos públicos, vías pecuarias y cauces abandonados y sin catalogar, de los cuales el 80% ha sido usurpado. ¿Por quién? Por los propietarios de las fincas colindantes que, saltándose la ley, que concibe estos bienes de «dominio público» como «inalienables, imprescriptibles e inembargables», se apropian de ellos para uso y disfrute particular. Cotos de caza, fincas privadas y obras públicas han convertido estos «bienes de dominio público» en auténticos bosques de mallas metálicas, cancelas y alambradas que impiden el paso a caminantes, ciclistas y animales. Según Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, «cuando se malla una finca, se produce endogamia y otros problemas de salud dentro de y entre las especies. Cuando hay incendios los animales quedan atrapados. Además, conduce a que la propiedad envenene a especies ‘indeseables’, ponga lazos y cepos, cace fuera de temporada, tale y are los terrenos, edifique a mansalva, y cometa otras lindezas por el estilo», sostiene.
Las administraciones, y en particular los ayuntamientos, tienen la obligación de inventariar y conservar las veredas públicas, pero muchas veces, la mayoría, ni siquiera actúan contra los atropellos a que son objeto por parte de particulares. Con el propósito de denunciar esta situación y exigir a los poderes públicos que cumplan la ley, una docena de colectivos ecologistas, senderistas y ciclistas de Córdoba crearon en 2001 la Plataforma A Desalambrar. Desde entonces, no han cesado de movilizarse por los senderos públicos de la Sierra cordobesa. Con más de 3.000 denuncias presentadas, se han convertido en el vecino molesto de finqueros y munícipes.
Por eso las relaciones que mantienen con Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba, son todo menos amistosas. Sobre todo desde que fijaron como punto de salida para sus marchas mensuales la casa de la alcaldesa. En ellas, A Desalambrar recorre vías públicas ocupadas y a menudo corta con tenazas las mallas metálicas que bloquean el paso. «En estos momentos preparamos un conjunto de denuncias contra propietarios por usurpación de caminos, tergiversación de sentencias y otros delitos, y contra autoridades (Ayuntamiento, Delegación de Medio Ambiente, Subdelegación del Gobierno) por prevaricación y dejación de funciones», indica Trujillo. Muchas veces, como en el caso de la colada de Torilejos del municipio de Posadas (ver columna), detrás de la apropiación de una senda pública se halla una poderosa familia.
«Después de llevar 30 años transitando por el lugar, la familia Sánchez-Ramade, que posee multicines, concesionarios de alta gama y tiene inversiones en Realia, compró una dehesa y bloqueó el camino con un cierre cinegético para organizar cacerías», indica Serafín Baena, portavoz de un grupo de vecinos que desde hace más de un año lucha por reabrir la vereda. Un combate que, apoyado por A Desalambrar, les ha llevado a sufrir la represión violenta de la Guardia Civil en alguna de sus numerosas concentraciones.
ENTREVISTA A MANUEL TRUJILLO, PORTAVOZ DE A DESALAMBRAR
DIAGONAL: ¿Cuál es tu balance de estos siete años de andadura?
MANUEL TRUJILLO: Los mayores éxitos han consistido en la concienciación de los senderistas y los técnicos de las administraciones ante el problema del derecho de paso, la recuperación aislada de algunos caminos y vías pecuarias, el hecho de que el Ayuntamiento y la Delegación de Medio Ambiente se comprometan, aunque sólo sea de palabra, a recuperar los caminos; la experiencia y documentación considerables acumuladas.
D.: ¿Habéis recibido amenazas o agresiones?
M.T.: Nos ha agredido físicamente el propietario de una finca (de origen sevillano, uno de los hombres más ricos de España) y sus guardas. Un guarda de un conocido especulador cordobés, implicado en el caso Malaya, nos amenazó con pegarnos un tiro. En ambos casos, la Guardia Civil, aunque tenía abundantes pruebas de los hechos, se hizo la sueca.
D.: ¿Qué proponéis para los caminos abandonados y sin uso?
M.T.: Que se cumpla la ley: que se inventaríen y deslinden, y después se abran para el tránsito público. Para ello, siempre hemos ofrecido nuestra colaboración, pero ha sido rechazada sistemáticamente. Finalmente, que se redacte un código de uso para que no se conviertan los caminos en basureros, pistas de quads o cosas similares.
D.: ¿Mantenéis contacto con grupos similares al vuestro?
M.T.: El movimiento se extiende poderosamente, no hay quien lo pare ya. Hay cada día más senderistas y ciclistas por el campo, y más asociaciones como la nuestra. Tenemos contactos con gente de Guadalajara, Salamanca, Zamora, Murcia, Ciudad Real, Mallorca, Valencia, Portugal y hasta Argentina y Puerto Rico, además del resto de Andalucía. El año pasado, en febrero, ayudamos a fundar la Plataforma por los Caminos Públicos (PCP) que aglutina a varios colectivos andaluces además de los anteriores. La PCP ha realizado dos salidas y está preparando la tercera, a las Pedroñeras, en Cuenca, para el 29 de marzo.
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