El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la […]
El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pasionistas cobren pensiones más raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el derecho a las pensiones de incapacidad y viudedad.
Es absolutamente falso que el sistema público de pensiones esté en peligro. Nunca estuvo tan saneado como ahora. El pasado año la seguridad social ha tenido un superávit de más de 8.000 millones de euros. La reiterada cantinela de que cada vez hay más jubilados, que viven más años y que esto es insostenible, lo llevan repitiendo desde hace más de 30 años. Estas previsiones catastrofistas realizadas por entidades y economistas pagados por los Bancos y las Aseguradoras tienen un único objetivo: debilitar progresivamente el Sistema Público de Pensiones para que los Fondos de Pensiones Privados acaben siendo, en la práctica, una opción obligatoria para quien quiera sobrevivir con un mínimo de dignidad durante su vejez.
Ante los argumentos empleados por el Gobierno y los Poderes Financieros que le apoyan en esta intensa campaña mediática para justificar este durísimo recorte de las Pensiones hay que decir que las proyecciones demográficas empleadas no tienen la más mínima fiabilidad, como lo demuestran los sonoros errores de las predicciones demográficas de las últimas décadas, también cuando manifiestan que en el 2060 el gasto en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%. Hay que aclarar que ese porcentaje que se anuncia como insostenible para nuestro país en el año 2060 es similar al que mantienen actualmente algunos países europeos sin ningún problema. Hay también que recordar que hace 50 años nuestro país gastaba en pensiones un 3% del PIB y que, tras haberse casi tripliclado el gasto y aumentado singificativamente la esperanza de vida de los jubilados, el sistema no sólo no ha quebrado sino que está en mejores condiciones que nunca. Y todo esto sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Así, según las propias previsiones sobre crecimiento económico del Banco de España, el PIB para el año 2060 se habrá multiplicado por 3, crecimiento que garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el gasto en Pensiones. Pero el futuro del sistema público de Pensiones no debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico sino en la financiación directa por parte del Estado de las Pensiones, pues, hay que señalar que España es de los pocos países de la Unión Europea en los que las Pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones sociales, siendo lo normal que se costeen con los ingresos normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones no tendría por qué suponer ningún problema, de la misma manera que el Estado gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras parasitarias como el Ejército o la Iglesia que son económicamente insostenibles. El Estado debe garantizar unas pensiones dignas a todos los trabajadores.
España es, junto con Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea con las pensiones más bajas: casi el 60% de los pensionistas cobran una prestación inferior al SMI.
Es cierto que hace falta una Reforma del Sistema de Pensiones, pero justo en el sentido contrario al que propone el Gobierno: una Reforma para reducir la Jubilación a los 60 años, aumentar de manera significativa las cuantías de las Pensiones, reducir el número de años necesarios para acceder a la jubilación, etc. y financiar estos cambios con un aumento de la presión fiscal sobre las rentas de capital de manera que se compense el enorme trasvase (un 13% del PIB) que en los últimos 30 años se ha producido desde las rentas del trabajo a las rentas del capital.
Ante este gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores que pretende realizar el Gobierno no podemos permanecer impasibles. Ahora más que nunca se hace necesario salir a la calle sin más dilación a mostrar que no estamos dispuestos a permitírselo. El estado español es en materia laboral uno de los que más «flexibilidad» (más modalidades y posibilidades de contratación eventual) concede a las empresas en Europa. Evidentemente, dicha flexibilidad tiene unas repercusiones directas en el empleo, pero también en el sistema productivo, que se ve resentido en la productividad: disminuye la calidad y por tanto la competitividad. Además, produce como efecto «secundario» un mayor número de accidentes laborales: que España encabece las cifras de accidentes mortales y graves en Europa no es casualidad. Las continuas reformas laborales que hemos padecido han agravado la temporalidad, de manera que el 95% de los contratos realizados son temporales; nos encontramos así a trabajadoras contratadas a través de las empresas de trabajo temporal (ETT’s) durante periodos que superan los dos años, y en muchas ocasiones no llegan a cotizar en los periodos de descanso como fines de semana, vacaciones, días festivos, etc. La clase trabajadora ha sufrido tras estas reformas una merma de derechos tan profunda que será difícil recuperar una mínima capacidad de respuesta ante tanto abuso de la patronal. A todo esto hay que sumarle que las ETT’s puedan convertirse en asociaciones con ánimo de lucro y comiencen a establecer cánones a sus usuarias, como ya está ocurriendo en algunas empresas vía on line.
Por si fuera poco, la remuneración media del estado español ha bajado con respecto a la europea en un 34%. En los sectores mayoritarios como la hostelería, desciende hasta los 15.164 €, mientras que en Europa es de 21.461 €. Los datos son contundentes, y demuestran cómo la patronal y la clase corrupta de la política se enriquecían desmesuradamente, mientras las trabajadoras poco a poco recorrían la senda de la insuficiencia. Pero si las diferencias salariales con respecto a Europa son enormes, también lo son en el interior: en el sector de la banca, por ejemplo, la remuneración es de 40.012 €, que es un 164% superior al de actividades con menores retribuciones.
También podemos presumir de vivir en el estado con menores presupuestos sociales de la Unión Europea (UE). Si en Europa el gasto público representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), aquí no llega al 40%. La merma en las prestaciones sociales ha llegado a niveles tan escandalosos que el Estado ha tenido que invertir tímidamente 640 millones de euros como parche para los parados que agotaban y continúan agotando las prestaciones de desempleo. Esta cantidad resulta ridícula si tenemos en cuenta a los millones de trabajadores desempleados y si la comparamos con los 99.000 millones otorgados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La ayuda prestada a la Caja Castilla La Mancha, por ejemplo, es de 750 millones, y la indemnización por despido para quienes realizaron la pésima gestión fue de 20 millones de euros.
La posibilidad de «flexibilizar» nuevamente los despidos se cierne sobre la clase obrera, de forma directa o indirecta. Como ya es sabido, la patronal desea convertir sin coste alguno contratos indefinidos en contratos a media jornada, rebajando no sólo las horas, sino también los salarios y las prestaciones sociales. ¿Qué impedirá el despido de esas trabajadoras con indemnizaciones irrisorias? Esta situación puede generalizarse de tal manera que despedir a una trabajadora sea prácticamente gratuito. Si hace unos años un estudio revelaba que para una empresa de 50 trabajadores un despido suponía un coste cero (incluyendo salarios de tramitación e indemnización) gracias a las subvenciones y a las bonificaciones sociales, ahora se deben de estar frotando las manos, o mejor dicho: los bolsillos. Por si ello fuera poco, avanzamos hacia la desaparición de las pensiones, y quienes nos han llevado a esta crisis salvaje quieren privatizar los fondos de la Seguridad Social.
La CNT tiene muy claro cómo atajar esta situación: · Reducción de la jornada laboral, que estimularía tanto la contratación como la producción. · Supresión absoluta de las horas extra, que causan un profundo perjuicio a la economía tanto individual como colectiva. · Recursos del Estado destinados a las trabajadoras y trabajadores, y no a las empresas. · Eliminación de las subvenciones que reciben banca y cajas de ahorro, permitiendo que la burbuja inmobiliaria caiga definitivamente, reduciendo el ahogo que padecen las personas que se encuentran hipotecadas, pero sobre todo abaratando el mercado inmobiliario y reduciendo los precios de alquiler o compra a valores adecuados a la realidad social existente. · Retirada inmediata de las tropas que el estado español destina a operaciones internacionales, que acentúan aun más los problemas sociales y de miseria, y suponen unos costes inadmisibles.
La CNT es una organización de trabajadores y trabajadoras, simple y llanamente. No admite subvenciones y conserva un espíritu de transformación social intacto desde su fundación. Te invitamos a participar en este proyecto, que día a día demuestra que la única posibilidad efectiva es la solidaridad, el apoyo mutuo y la acción directa de la clase obrera.
¿Te vas a quedar cruzada de brazos?
Ven y pelea por tu presente.