El pasado 29 de mayo, la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) presentó una denuncia ante la Fiscalía con el objeto de que se investigue un presunto fraude en la adjudicación de obras realizado por la Diputación Provincial de Lugo. El sindicato pide que intervenga la justicia ante las declaraciones y actuaciones del Presidente de la […]
El pasado 29 de mayo, la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) presentó una denuncia ante la Fiscalía con el objeto de que se investigue un presunto fraude en la adjudicación de obras realizado por la Diputación Provincial de Lugo.
El sindicato pide que intervenga la justicia ante las declaraciones y actuaciones del Presidente de la Diputación, Francisco Cacharro Pardo, quien pretende zanjar el escándalo con la creación de una Comisión de Investigación que estaría presidida por el Alcalde de Quiroga, Julio Álvarez Núñez, implicado, al parecer, en más de un centenar de adjudicaciones ilegales.
CNT teme que el propósito final del mencionado Presidente sea sustituir a los verdaderos culpables por trabajadores que están a las órdenes de éstos.
Más de 20 años sin solución
Los hechos se remontan a 1984, cuando la Diputación, presidida ya entonces por Cacharro Pardo, acordó la adquisición del Hotel Miño para realizar en este edificio una residencia para la tercera edad. La compra se estipuló en 96 millones de pesetas (cerca de 600 mil euros) pese a que la valoración del arquitecto de la Diputación fue de 68 millones (unos 200 mil euros menos). Incluso en el debate desarrollado en el Parlamento Gallego, Carlos Mella, exvicepresidente económico de la Xunta, aseguró que en sus tiempos de titular le fue ofrecida la compra de dicho hotel en solo 32 millones de pesetas.
Pese a que los partidos de la oposición presentaron tres recursos contra el acuerdo, el Pleno de la institución provincial, controlado por el Coalición Popular (génesis del actual PP), rechazó las alegaciones y aprobó la compra.
Se dio la circunstancia de que dentro de la coalición derechista se hallaba el Partido Demócrata Popular (PDP), uno de cuyos diputados provinciales era, casualmente, el propietario del hotel en venta, Manuel González-Granxeiro Rodríguez, quien en un alarde de honestidad participó en la elaboración del pliego de condiciones para la adquisición de su propiedad.
Veintidós años después el caso continúa sin aclarar y sin solución política o judicial. En su denuncia, CNT advierte que la «presunta» corrupción existente en el organismo provincial es probable que abarque no sólo a la contratación de obras, sino a otros servicios.