Paulino Rivero es uno y trino. Alcalde vitalicio de El Sauzal, diputado de CC desde hace 10 años y presidente de la coalición, superó estas marcas cuando llegó a compatibilizar la alcaldía con el escaño en el Congreso junto con la vicepresidencia del Cabildo de Tenerife y la secretaría general de ATI. Sin duda, por […]
Paulino Rivero es uno y trino. Alcalde vitalicio de El Sauzal, diputado de CC desde hace 10 años y presidente de la coalición, superó estas marcas cuando llegó a compatibilizar la alcaldía con el escaño en el Congreso junto con la vicepresidencia del Cabildo de Tenerife y la secretaría general de ATI. Sin duda, por esta capacidad de trabajo reconocida se le nombró presidente de la Comisión de Investigación del 11-M.
Aunque quizás por tanto exceso de trabajo y preocupaciones le quede poco tiempo para leer libros y pensar con calma las iniciativas parlamentarias que presenta en nombre de la voz de Canarias en Madrid. Una fuerza política con representación en el Congreso debe responder al interés general, como así se presenta en las elecciones, y no defender el interés particular.
Es sintomático que la primera interpelación de CC en el Congreso dirigida al Gobierno, en este caso a la ministra de Medio Ambiente, haya tenido que ver con el concierto Son Latinos, no sobre las medidas de seguridad del Estado en Canarias para evitar una catástrofe similar a la del Prestige en Galicia, por ejemplo. ¿Es eso defender el interés general? ¿Para eso ha sido elegido Paulino Rivero?
Es inadmisible que un diputado que vive en un Comunidad donde la Administración pública, en especial los ayuntamientos, es considerada «el verdadero delincuente medioambiental» por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias interpele a un miembro del Gobierno sobre un concierto musical de dudosa calidad artística que, además, es ilegal.
Como se recordará, en la memoria de la Fiscalía del TSJC de 2001, el Ministerio Público incluía un informe donde se exponía literalmente: «se permite la urbanización turística en zonas alejadas del municipio, en aquellas en que el promotor ha comprado cientos de miles o millones de metros cuadrados a precio de finca rústica, se reclasifica posteriormente en urbanizable y se presenta el correspondiente plan parcial que ya contaba con el beneplácito de las autoridades municipales». El resultado: «un gran pelotazo urbanístico para los promotores (…), construcciones en lugares imposibles, participación de políticos en negocios inmobiliarios (…)». (1)
Según los fiscales, buena parte de los delitos urbanísticos que se consuman en Canarias cuentan con «la cooperación necesaria de la Administración al otorgar licencias que contradicen abiertamente la legalidad, amparándose en la indefinición de la normativa urbanística y sectorial aplicable en unas ocasiones y en otras aplicando la libérrima voluntad del órgano decisor incluso en contra de los informes técnicos». ¿Se deberá a este informe la elaboración de las Directrices de Ordenación?
Uno de los casos más claros se produjo durante la última legislatura de Adán Martín como presidente del Cabildo, cuando la corporación insular subrogó las competencias urbanísticas del municipio de San Miguel, con el pretexto de solucionar problemas en Amarilla Golf, propiedad de Antonio Tavío. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, por medio de una empresa interpuesta, Gestur, se decidió la recalificación de más de 600.000 metros cuadrados propiedad del padre de la ex esposa de Adán Martín, y de otra parcela de 800.000 metros cuadrados que compró el empresario Antonio Plasencia a precio de finca rústica a la familia Marrero, que nunca pudo conseguir la recalificación de sus terrenos como suelo urbanizable. Eso es interés general. (2)
Este «modelo de desarrollo» se traslada a megaproyectos como el Puerto Industrial de Granadilla, que se pretende ejecutar pese a los informes negativos de impacto ambiental de la propia consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, al Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz o a la denominada Vía o Autopista Exterior, que incluyen las expropiaciones de numerosas viviendas para cubrir el terreno de asfalto y cemento, colocar polígonos industriales y logísticos en los alrededores de la vía y preparar el terreno para que los mismos de siempre lo urbanicen todo, incluyendo 210.000 metros cuadrados para la Zona Especial Canaria en Los Baldíos, muy cerquita de la non nata ciudad deportiva del CD Tenerife, ya que sus deudas con CajaCanarias obligarán al club a vender el suelo para construir viviendas. Víctor Pérez Ascanio trabajaba en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna.
El concierto Son Latinos que defiende Paulino Rivero contaba con una subvención del Gobierno de Canarias de 300.000 euros (50 millones de pesetas), concedida a fondo perdido, sin tener que justificar gastos, y otra de 25 millones de pesetas del Cabildo de Tenerife. En 2003 se realizó pese a contar con un informe negativo del departamento de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que se obvió mediante un escrito de dos párrafos suscrito por el consejero de Medio Ambiente, Wladimiro Rodríguez Brito, y mandado por fax a la Demarcación de Costas de Tenerife desde el despacho de José Manuel Bermúdez, entonces presidente en funciones del Cabildo. Como reconoció el propio Brito, la celebración del Son Latinos en 2003 fue una decisión política, no técnica.
Y además, editorialistas, articulistas de opinión y analfabetos radiofónicos con claros intereses en Son Latinos crucificaron en sus medios a Quique Villalba, portavoz de ATAN, organización ecologista que interpuso las denuncias pertinentes para frenar la aberración y pedir que se cumpliera la legalidad vigente. Se está pidiendo simple y llanamente que se acate la Ley y los voceros del Poder ponen el grito en el cielo, como el propagandista que retira lo escrito y que de tantas palmaditas en la espalda que le dan sus padrinos camina con el espinazo doblado.
Y el Cabildo de Tenerife acogió, en agosto de 2003, una rueda de prensa donde Martín Rivero, promotor del concierto y ganador del último premio Canarias de comunicación, anunció una querella por injurias y calumnias, que ya ha sido archivada -ni siquiera se presentaron a la vista- contra el portavoz de ATAN. Con José Manuel Bermúdez compartiendo la mesa en el Salón Noble del Palacio Insular. Eso es defender el interés general.
<>Notas:
(1) Canarias 7 del 9 de abril de 2002.
(2) La Razón, 5 de junio de 1999.