«El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos». Antonio Gramsci Lo que ocurre en Colombia en este instante de la vida nacional no sólo es paradójico sino que al igual que lo sucedido el pasado 2 de octubre de 2016, pareciera ser algo irracional e ilógico. […]
Antonio Gramsci
Lo que ocurre en Colombia en este instante de la vida nacional no sólo es paradójico sino que al igual que lo sucedido el pasado 2 de octubre de 2016, pareciera ser algo irracional e ilógico. No obstante, es parte de la complejidad de la vida. La clave es poder entenderlo.
Una guerrilla insurgente hace todos los esfuerzos por integrarse a la legalidad mientras amplios sectores de la sociedad, diversas instituciones estatales (fiscalía, corte constitucional, parte del Congreso), otros grupos armados ilegales, y el mismo gobierno que pactó con ellos su desmovilización e integración a la vida civil, o no se dan por enterados, o sabotean abiertamente el proceso, o entraban de una u otra manera la implementación de los acuerdos. Es cosa de locos.
Para poder aprehender esa realidad es necesario revisar los antecedentes. Intentaremos hacerlo así sea en forma sintética y panorámica para después plantear una mirada de la coyuntura y unas propuestas correspondientes.
1. El Estado colonial, el proceso de paz y los nuevos sectores sociales
Un Estado colonial, profundamente corrupto, anti-nacional, clasista, racista, patriarcal y excluyente, que durante los años 80s y 90s del siglo pasado (XX) fue cooptado paralelamente por el capital trans-nacional y por las mafias de diverso tipo, viene haciendo agua -en continua crisis sistémica- desde hace varias décadas. Esas mafias son integradas por los «nuevos» terratenientes despojadores de tierras aliados a los capos del narcotráfico, grandes contratistas nacionales y transnacionales que no tienen la más mínima ética empresarial, y las poderosas cúpulas de burócratas corruptos coaligados desde lo local, lo regional y lo nacional. Es un fenómeno similar al que hoy se vive en México pero que se intenta tapar y camuflar con el llamado «proceso de paz» que, en últimas, se reduce al desarme de la guerrilla.
Es un Estado fallido en permanente inestabilidad que se alimenta de la economía del narcotráfico y de múltiples economías de enclave (legales e ilegales como la petrolera, minera, agro-exportadora, etc.) pero, que a la vez se nutre del esfuerzo de cientos de miles de pequeños y medianos productores urbanos y rurales, y de millones de trabajadores formales e informales. En esa dinámica han surgido dos nuevos sectores sociales (burguesía emergente y «precariados») que pugnan por sus intereses frente al aparato institucional de ese Estado que no se muestra capaz de integrar y asimilar esos intereses antagónicos sin sufrir graves tensiones e inestabilidades.
La aguda confrontación entre las mafias incrustadas en el Estado, por un lado, y los empresarios, los productores y los trabajadores, por el otro, cansados de tributar para una burocracia profundamente corrupta, genera conflictos y fisuras que amenazan con colapsar el sistema clientelista tradicional pero, a la vez, pueden desencadenar fuerzas sociales que en el inmediato futuro afectarían todo el régimen neoliberal.
La gran burguesía transnacional e imperial es consciente de esa situación. Por ello, ha diseñado una estrategia para asimilar a algunos sectores de la burguesía emergente -usando el «proceso de paz»- pero el organismo colonial heredado pareciera que no es capaz de soportar la combinación de las presiones internas (mafias) y las externas (nuevos sectores sociales). No son sólo los nuevos terratenientes (criminales y parásitos) los que se niegan a compartir partes del poder con las expresiones de la burguesía emergente sino que, en conjunto, las mayorías de quienes parasitan el Estado colonial temen que un verdadero proceso de democratización ponga en riesgo sus intereses [1].
Es en ese juego en el que se ha visto involucrada la guerrilla de las FARC. Los partidos del establecimiento, incluyendo al Centro Democrático («uribismo»), utilizan los acuerdos para impulsar una reforma política que les concede migajas institucionales a los insurgentes (curules en el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales) pero paralelamente les cierran los espacios a los partidos minoritarios que pudieran desarrollar una competencia seria en el terreno electoral. Ellos saben que la expresión política de la insurgencia a corto plazo tiene un techo limitado y que no significa un peligro real.
Además, los jefes insurgentes han planteado que piensan jugar electoralmente al lado de los «liberales sociales» y de otros sectores del establecimiento que han impulsado el proceso de Paz para constituir un «gobierno de transición». Esa es una fórmula que la burguesía transnacional y el imperio estadounidense ven con buenos ojos dado que les permite -en forma ideal- implementar los acuerdos especialmente en el tema de tierras, que no es otro que abrir amplios territorios a la inversión transnacional mientras le hacen «pequeños retoques sociales» a las zonas marginadas y marginales en donde tradicionalmente las FARC tienen sus bases de apoyo. Es con esa «cuota territorial» y entrega de riqueza que piensan financiar el «post-conflicto», no tienen más.
Es por lo menos lo que en teoría se plantea aunque otra cosa será la implementación práctica ante la realidad de que en dichas zonas marginadas y marginales, la economía del narcotráfico tiene su propia dinámica transnacional y criminal que, es aprovechada, a su vez, por toda clase de grupos armados ilegales que aspiran a controlar esos territorios y el flujo de dinero que se mueve a su alrededor. Dentro de esos grupos están los que hoy se mueven con el Clan del Golfo, los reductos de las llamadas Bacrim, el EPL, el ELN y las disidencias de las FARC que pueden ir fortaleciéndose con el tiempo. Eso no le preocupa al gran capital aunque aparente lo contrario.
Las organizaciones sociales, políticas y gremiales que intentan representar esas fuerzas en colisión sufren las consecuencias de ese proceso complejo. Las fuerzas sociales que juegan dentro de ellas entran también en tensión y generan divisiones internas. Es todo el «organismo» el que está cambiando y en medio de ese movimiento va surgiendo lo nuevo. Es por ello que todos los partidos políticos están sufriendo múltiples divisiones internas y realineamientos, de acuerdo a los diversos intereses de clase u otros acumulados históricos (étnico-regional-cultural). Una mirada ligera diría que esa situación se presenta por efecto del «proceso de paz» pero, en realidad, es un proceso más profundo en donde la terminación del conflicto armado es consecuencia de los movimientos estructurales que están en choque tanto en el mundo como en la región latinoamericana y el mismo país.
La gran pregunta es: ¿Podrá el organismo colonial y corrupto asimilar y domesticar a las nuevas fuerzas sociales que pujan por sus intereses o se impondrán nuevas dinámicas que lleven al colapso del viejo sistema y finalmente se desencadenen las fuerzas del cambio?
¿El «gobierno de transición» que se plantea se pondrá al servicio de la asimilación progresiva sin transformar el «organismo colonial» o servirá para desencadenar lo nuevo?
Lo que estamos observando es que las fuerzas que buscan integrarse a la legalidad han empezado a asimilarse a lo viejo -obligados por las circunstancias que incluyen su propia concepción política- porque son fuerzas que están desconectadas de los sectores sociales citadinos que ellos no entienden (empresarios, clases medias y precariado) y, además, no tienen suficientemente claro lo que ocurre con los sectores de la sociedad que los adversan. Es la paradoja del momento.
2. La coyuntura: Gran desorden, gran confusión, gran revolcón
Como parte de la crisis sistémica en que ha permanecido el Estado colombiano, se han presentado en los últimos 40 años diversas expresiones de organización y movilización social que han tenido importantes momentos de beligerancia. Entre esos picos de auge se pueden destacar la lucha por la tierra encabezada por la ANUC a finales de los años 60s y principios de los 70s; el paro cívico nacional de 1977; los múltiples y permanentes paros cívicos locales y regionales de la década de los años 80s; las movilizaciones cocaleras de 1994; y desde 2008 hasta 2016, se desarrollaron importantes movimientos populares y paros de cobertura nacional (cafeteros, agrarios, estudiantiles, mineros, indígenas, etc.) que han sido descritos y estudiados por Edwin Cruz Rodríguez en su libro «Caminando la palabra» (http://bit.ly/2qwdfgk).
Ahora, a mediados de 2017 se vinieron en avalancha los paros cívicos de los «de abajo» (Chocó, Buenaventura), el paro nacional de maestros, el paro de trabajadores estatales y de la justicia, y se anuncian movilizaciones campesinas e indígenas en diversas regiones del país. Pero además, se multiplican las consultas populares contra la minería depredadora «a cielo abierto», las revocatorias de alcaldes corruptos y privatizadores, y la gente empieza a organizarse a todo nivel. La indignación por los escándalos de corrupción (Reficar, Odebrecht y otros) va por debajo, mellando la credibilidad en la democracia representativa y acumulando inconformidad en diversos ámbitos de la sociedad.
«Los de arriba», las castas dominantes y corruptas, están desconcertados y asustados. Temen el «desorden» y tratan de frenar todo. Solo atinan a plantear su tradicional fórmula al calor del «proceso de paz»: reformas en el papel (leyes) y violencias represivas de todo tipo (esmad, bacrim, nuevos «paras», etc.), pero en la práctica quieren cerrar (domesticar) la poca democracia existente, como ya sucede con el Consejo Nacional Electoral que pretende modificar las normas de la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, y con el gobierno central que impulsa una supuesta reglamentación de la consulta previa a las minorías étnicas, que de seguro va a tocar y limitar las consultas populares locales.
Se presenta el contrasentido de que estas fuerzas conservadoras del establecimiento quieren utilizar el «proceso de paz» para arreglar de afán (vía «fast track») lo que sólo tiene arreglo con el desencadenamiento de la más amplia organización y movilización ciudadana y popular. Pretenden hacer creer que con cambios cosméticos a las leyes van a democratizar el país por decreto, mientras la realidad de violencia, la presencia de mafias regionales, el fortalecimiento de los monopolios de contratistas corruptos manejados por sus políticos y los ventajismos en los organismos del Estado, no solo no se tocan sino que en forma descarada se aúpan sin ninguna vergüenza, como ocurre con el caso del Fiscal General y sus relaciones indebidas y fraudulentas con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más grande multimillonario del país, quien quita y pone lo que quiere dentro del Estado.
3. La fábula del atracador y el atracado
La situación del pueblo colombiano se asemeja al siguiente símil [2]: «Un atracador armado hasta los dientes asalta a un experto en artes marciales y le roba todas sus pertenencias. Lo viola y humilla pero le «perdona» la vida. Al atracado le da vergüenza reconocer lo sucedido y muestra el hecho de que salió vivo del incidente como un gran triunfo. Pretende no perder prestigio ante sus conocidos. El atracador se da cuenta de la debilidad del atracado y como tiene pruebas de la «violación» decide convertir el hecho en una estafa continuada. De esa manera, el hombre atracado se ve obligado a presentar al atracador como si fuera un tipo buena gente, respetuoso de la vida y llega al extremo de aceptar que en gran medida él provocó el atraco» (http://bit.ly/2qs4vrs).
Así estamos los colombianos, frente a una clase política corrupta y a una oligarquía imperial que logró instrumentalizar el conflicto armado a su favor y ahora instrumentaliza la «paz». Ellos lograron convertir a las víctimas en violadores; a los rebeldes en «terroristas»; al Estado despojador en «protector»; a los ladrones y atracadores en «pacifistas» y «demócratas». Y lo hacen -además- utilizando la amenaza del «coco» uribista. Es una verdadera estafa y chantaje en donde las víctimas terminan creyendo en sus opresores y le «lavan la cara» a los «atracadores buenos», a los que supuestamente les perdonan la vida, para poder librarse del «atracador malo», del asesino en la sombra.
4. El necesario debate para enfrentar el momento
Tres grandes temas han sido planteados al interior del campo popular para enfrentar el momento: 1) El cumplimiento y la implementación de los acuerdos con las FARC; 2) La lucha contra la corrupción político-administrativa; 3) Las políticas neoliberales.
El problema es determinar la prioridad, lo principal, lo táctico. A Uribe le conviene polarizar la sociedad en torno al tema de la «paz» (que él y su partido pretenden convertir en una santa cruzada contra el «castro-chavismo» que incluye la defensa de la moral, la familia, las buenas costumbres y la propiedad privada). A los corruptos «santistas» y a la gran burguesía transnacional le interesa hacernos creer que la «implementación de los acuerdos» garantiza automáticamente la democratización del país pero sin tocar para nada lo esencial y determinante para el país.
Otros pensamos que el énfasis debe estar en el tema de la corrupción política-administrativa, la recuperación del aparato productivo y la defensa del medio ambiente. No se trata en de aprobar nuevas leyes sino de impulsar una política con hechos concretos. Para empezar, no podemos aliarnos con ninguna fuerza politiquera tradicional, y por el contrario, la idea es construir una fuerza política con todos aquellos que están de acuerdo con la conformación de una «tercería» para despolarizar al país (no uribista, ni santista y menos vargas-llerista).
Por lo anterior, estamos de acuerdo con apoyar el cumplimiento de los acuerdos pero creemos que tácticamente no es positivo colocar ese objetivo como prioritario o central en nuestra propuesta política. Además, lo de enfrentar con «todo» el neoliberalismo, tampoco es muy conveniente, no porque no sea un objetivo importante sino porque en la coyuntura actual debemos acumular una fuerza mucho más amplia, incluyendo a empresarios medios y profesionales que identifican la lucha anti-neoliberal con el «nacionalismo estrecho», creen que esa lucha se reduce a la negación de los TLCs (que ellos han aprovechado), y además, relacionan todo lo anti-neoliberal con políticas y soluciones «estatistas» (paternalistas, asistencialistas) que están fracasando en algunos países vecinos.
Nuestra propuesta es que hay que ir despacio, unir amplias fuerzas anti-politiqueras y anti-corruptas, y avanzar con un gobierno «moderado» mientras se consolida una verdadera fuerza social y, dentro de ella, se construyen nuevas visiones, se fortalecen nuevos sectores sociales, y se consolida un verdadero movimiento y proyecto político que nos permitan avanzar en forma consistente hacia el futuro. O sea, se trata de no torear el «avispero» sin tener con qué responder (que fue lo que le ocurrió a Petro en la alcaldía de Bogotá). Pero claro, aprovechar la oportunidad servida.
5. Desencadenar las fuerzas democráticas y construir una «tercería ciudadana»
La democracia sólo se construye con verdadera «fiesta democrática» y ésta sólo surge cuando se desatan las fuerzas reprimidas y subterráneas de los pueblos y las comunidades excluidas. Para hacerlo en Colombia es urgente y perentorio construir una «tercería ciudadana» para superar la polarización política entre Santos y Uribe, entre la «paz» y la guerra, y no caer en la dinámica que se está viviendo en Venezuela.
Es evidente que si no surge esa tercería política, Uribe y sus aliados tienen todas las condiciones para recuperar el gobierno en 2018. Si ello ocurre, la guerra se acrecentará y Colombia va a entrar en una dinámica peor que la que teníamos antes. La violencia -hoy liderada por los grupos armados ilegales que hacen parte del «Clan del Golfo»- ya ha empezado a aflorar mortalmente. Es una violencia muy similar a la que hoy se vive en México y tiene como base de apoyo a viejos y nuevos grupos paramilitares que se alimentan del narcotráfico y de la minería ilegal.
Una coalición política liderada por las fuerzas «santistas» que estuvieron al frente de la negociación de La Habana, con el apoyo del nuevo movimiento que organicen las FARC y un sector de la izquierda, no tiene la más mínima posibilidad de competir por la Presidencia en 2018, como ya se comprobó el pasado 2 de octubre, cuando estos sectores tenían el manejo del aparato del Estado, el soporte de todas las fuerzas democráticas y de izquierda, el apoyo de la comunidad internacional, de Obama y hasta del Papa. En 2018 esa situación no será igual, Cambio Radical y Vargas Lleras se van a separar de esa «unidad nacional», los de la «U», liberales y conservadores se van a dividir, la Alianza Verde y una parte del Polo ya no están y, además, la presencia de sectores corruptos de la clase política tradicional y la carga negativa que arrastra la insurgencia, no le permitirían obtener el respaldo de las mayorías.
Sólo una «tercería», ojalá alimentada y estimulada por una candidatura «outsider» presentada por un auténtico «movimiento ciudadano», podría reforzar la incipiente y todavía vacilante «alianza anti-corrupción» que parece configurarse en cabeza de Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Esa gran «tercería» política podría atraer a sus filas a Gustavo Petro, alejándolo de los sectores corruptos del establecimiento liberal-santista, y mediante una estrategia totalmente amplia, no partidista, de «nuevo tipo», aprobando un programa adecuado a las circunstancias especiales del momento y unos procedimientos claros y transparentes para escoger el candidato, podría colocarse a la cabeza de una «ola democrática» que por primera vez derrotara a nivel nacional a la casta política tradicional y clientelista.
Esas son las dos tareas que hay que desarrollar. Construir en forma ágil y oportuna ese «movimiento ciudadano» que presente y posicione un candidato proveniente de ambientes diferentes a la política; y paralelamente, alimentar y consolidar esa «tercería» o gran coalición de las fuerzas sanas de la nación para derrotar la corruptela santista, uribista y vargas-llerista.
Si nos lo proponemos lo haremos.
Notas:
[1] El deslinde de Germán Vargas Lleras separándose de la Unidad Nacional «santista», las acciones del Fiscal General, las componendas en las Cortes Judiciales y la actitud de la mayoría del Consejo Nacional Electoral son muestras fehacientes de esa situación.
[2] Es un símil para visualizar la «trampa ideológica» (el «síntoma» de que hablan Lacan y Zizek) que consiste en ese «algo» que hay en nuestro interior que nos impide «ver» la realidad tal como es. Ese «algo», en nuestro caso, no es otro que el «espíritu cortesano».
@ferdorado
Blog del autor: https://aranandoelcieloyarando
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