Otro avance en las reivindicaciones ciudadanas: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, con fecha 12 de abril, estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo planteado por la Comissió Ciutat-Port contra la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitida en marzo de 2021.
En concreto, la resolución del TSJ, “anula la sustitución de Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como órgano sustantivo en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia”.
La APV es un organismo público que depende del Ministerio de Transportes, cuyo titular es Óscar Puente, del PSOE; la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental está vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que lidera Teresa Ribera, también del PSOE.
Evaluó y celebró -en una rueda de prensa el 2 de mayo, en Ca Revolta de Valencia- esta “importante sentencia” la Comissió Ciutat Port: “Confirma las reiteradas advertencias de que, tanto el MITECO como Puertos del Estado, han querido eludir sus responsabilidades en una macroactuación con un gran impacto ambiental, incluso a costa de convertir a la Autoridad Portuaria, promotora de las obras, en juez y parte para poder decidir sobre la evaluación ambiental de su propia obra”.
Constituida en 2019, la Comissió está formada por cerca de 200 organizaciones del estado español; entre otras Acció Ecologista Agró; las asociaciones vecinales Grau-Port y la de Veïns i Veïnes de Natzaret; CGT-País Valencià; Ecologistes en Acció-València; la Federació d’Ensenyament de Comisiones Obreras; Greenpeace; Intersindical; Litoral per al Poble; Per L’Horta y València Saludable.
A falta de un mes para que finalice la Campaña de micromecenazgo (Frenemos la ampliación del puerto), la Comissió ha recolectado 10.000 euros para tres objetivos: la paralización del proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia; la demolición del dique norte y la reversión integral de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) portuaria; además el 31 de mayo está prevista una manifestación en Valencia contra el macroproyecto.
En un comunicado del 2 de mayo sobre la sentencia del TSJ, los colectivos ciudadanos plantearon la siguiente exigencia a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y candidata del PSOE en las elecciones europeas, Teresa Ribera:
“Que reconozca públicamente su error en la pretensión de alterar, más de 14 años después de la DIA de 2007, las responsabilidades asignadas a cada administración, trasladando a la APV la facultad de decidir sobre la evaluación ambiental de unas obras con incuestionables repercusiones en las playas y graves riesgos para la laguna de L’Albufera”.
Una de las ocasiones en que Óscar Puente defendió la ampliación de la Terminal Norte fue durante su visita al puerto valenciano, en diciembre de 2023; el ministro apareció en las fotografías del acto con otros dos valedores de la iniciativa: el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también del PP; los empresarios valencianos se han mostrado asimismo favorables.
Pocas semanas después se hizo público un artículo en la revista Urban Science, realizado por investigadores del Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV) y que alertaba sobre los posibles daños; según los investigadores, tres playas ubicadas al sur del puerto (Pinedo, El Saler y La Garrofera) pasaron de una superficie de 170 hectáreas de arena en los años 90 a 43 en la segunda década del siglo XXI.
“La mayor reducción fue tras la ampliación del puerto entre los años 2010 y 2012”, detalló la UV en un comunicado; el reporte, basado en imágenes por satélite, concluye que la merma de arena está relacionada con la expansión portuaria, por ejemplo con la Marina Real Juan Carlos I o la preparación para las pruebas de la Copa América de regatas, celebrada en Valencia en 2007 y 2010.
“Por la dinámica de las corrientes marinas (norte-sur) en esta parte del Mediterráneo, las playas del norte de las grandes infraestructuras crecen, y las del sur pierden arena”, concluye la investigación universitaria, que la Comissió Ciutat-Port ha citado entre las razones contra el macroproyecto.
El Gobierno de España autorizó, en diciembre de 2023, la licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la Terminal Norte; el monto estimado en la licitación es de cerca de 656,7 millones de euros; las previsiones oficiales señalan que la terminal tendría una capacidad para 5 millones de TEUS (unidad de medida de carga en el transporte marítimo), que se agregarían a los 7,5 millones actuales.
El Ministerio de Transportes valora que la nueva infraestructura implica “poner a disposición de los operadores (multinacionales del transporte marítimo) una nueva terminal pública de contenedores”; de este modo podrán desarrollar su actividad los mayores buques de alta generación (portacontenedores MEGAMAX de hasta 430 metros de eslora); así, en un marco de colaboración público-privada, la inversión total prevista es superior a los 1.600 millones de euros.
La APV hizo públicos, el pasado 9 de abril, los nombres de las cuatro grandes constructoras líderes de las UTE (Unión Temporal de Empresas) que aspiran a ejecutar las obras; se trata de Acciona, Dragados, FCC y Sacyr; la Autoridad Portuaria tiene previsto que la nueva infraestructura cuente con una superficie de 137 hectáreas y cerca de 2.000 metros de línea de atraque.
Pero frente al proyecto de ampliación y sus consecuencias, continúa la movilización ciudadana; además de la manifestación anunciada el próximo 31 de mayo, más de 20.000 personas se manifestaron ya el 16 de junio de 2023 en Valencia; y hasta el 5 de mayo ha podido visitarse en el municipio de Catarroja, integrado en el Parc Natural de L’Albufera, la exposición colectiva Artistes contra la ampliació del port.
Entre los motivos del rechazo, la exposición apunta que supondría “duplicar la capacidad de contenedores del puerto”, que se sitúa actualmente en las primeras posiciones del Mediterráneo, y Europa, en tráfico de containers.
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