Colectivos sociales presentaron ayer en Madrid una propuesta de convenio con el Canal de Isabel II para regularizar el suministro de agua -o llevar agua allí donde no está instalada- en domicilios habitados por personas sin título de propiedad ni alquiler. El convenio, que ya se aplica en otras comunidades autónomas y municipios como Barcelona […]
Colectivos sociales presentaron ayer en Madrid una propuesta de convenio con el Canal de Isabel II para regularizar el suministro de agua -o llevar agua allí donde no está instalada- en domicilios habitados por personas sin título de propiedad ni alquiler. El convenio, que ya se aplica en otras comunidades autónomas y municipios como Barcelona y Terrassa, da también respuesta a la necesidad inmediata de 70 vecinos y vecinas realojados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en cuatro bloques en Vallecas, y a otros 56 en el municipio de Arganda, y que están a la espera de que el propio Canal presente un convenio para regularizar la situación de los bloques con suministro y dotar de agua a 20 de esas viviendas (40 personas repartidas en dos bloques y tres viviendas individuales) que no tienen suministro de agua corriente. Así lo anunciaron representantes de PAH Vallekas, Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en una rueda de prensa conjunta.
El 12 de diciembre de 2017, el Canal de Isabel II se mostró de acuerdo en iniciar los trámites para la regularización del suministro de agua en estos y otros casos que les presentara la PAH, en una reunión de los representantes de PAH Vallekas y PAH Arganda en la que estaban presentes Juan Zubizarreta y Lourdes Polo, respectivamente director comercial y subdirectora comercial de la entidad. El acuerdo implicaba la instalación de agua y de contadores sin necesidad del permiso previo de la propiedad. Para ello, el Canal acordaría con los ayuntamientos implicados un convenio específico para atender estas necesidades. Según ha denunciado la PAH hoy en la rueda de prensa, tres meses después de este acuerdo no hay avances concretos y la propuesta de convenio sigue sin llegar. «Ante la poca proactividad del Canal, hemos decidido hacer lo que hacemos siempre: hacer el trabajo que las administraciones no quieren sacar adelante y proponer un modelo de convenio que podría solucionar mañana mismo el problema. Si es un convenio lo que falta, ya lo tienen», señaló Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. La PAH ha solicitado una reunión a todas las instancias implicadas (los ayuntamientos de Madrid y Arganda y el Canal de Isabel II) para presentarles la propuesta de convenio, sin que hasta el momento estas hayan respondido. Se da la circunstancia de que el alcalde de Arganda, Guillermo Hita (PSOE) es el presidente de la Federación de Municipios Madrileños, lo cual hace «doblemente necesaria» la implicación activa de Hita en la solución «por su condición de alcalde de una de las localidades afectadas y de presidente de la institución que coordina y representa a los municipios madrileños», según señaló Sanz.
La propuesta de convenio presentada toma como modelo el que el Grupo Agbar Suez ha firmado con diversos municipios de Cataluña, entre ellos Barcelona y Terrassa, y que en municipios más pequeños como El Vendrell están vigentes desde finales de 2015. El convenio simplemente establece que con un informe especifico de servicios sociales en el que se reconozca la situación de exclusión residencial de las personas que viven en la vivienda y la necesidad de instalar un contador de agua. Esta petición se traslada a la empresa de aguas que procede a realizar un contrato provisional hasta que se regularice la situación con la vivienda. «Es cierto que estos convenios se han conseguido gracias a la presión ciudadana en la calle, es inaceptable que existiendo la solución que desde hace años ya se está aplicando en otros municipios del estado español, estas famílias esten viviendo desde hace años sin un derecho tan básico como es el agua», explicó María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética. «El Canal tiene que actualizar un reglamento de 1975 para poder dar respuesta a este tipo de necesidades, pero mientras tanto no puede mirar a otro lado y desde hoy ya tiene una propuesta sobre la mesan para empezar a trabajar», señaló Gonzalo Marín, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II. «En Madrid y en pleno siglo XXI hay personas que por trabas administrativas, más que por imposibilidad de pagar, no tienen acceso a agua corriente, una necesidad básica y un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en su Asamblea General de julio de 2010. El derecho humano al agua es legalmente vinculante para los países como España que suscribieron el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, por lo que las administraciones públicas están comprometidas a respetarlo, protegerlo y cumplirlo».
«Todas las partes implicadas, desde el ayuntamiento hasta el Canal, pasando por la propiedad, tienen la documentación de todas las vecinas de estos bloques desde hace tiempo. Entendemos que la instalación de contadores tendría que empezar mañana mismo, porque no podemos esperar más», señaló Laura López, de PAH Vallekas y vecina de uno de los bloques sin suministro de agua. López detalló que en los bloques viven menores de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas. A eso se añade las dificultades de vivir sin agua, cuyo efecto en la salud física y mental han sido detallados por la Organización Mundial de la Salud.
Las viviendas afectadas forman parte de la campaña de la Obra social de la PAH, con la que la Plataforma realoja en edificios abandonados propiedad de bancos y fondos a hogares afectados por los desahucios. Todos ellos han ido siendo recuperados por la PAH en los últimos años, desde el más antiguo en la calle Sierra de Llerena de Puente de Vallecas -recuperado en enero de 2012- hasta el más reciente en la calle Londres del municipio de Arganda. De los 5 bloques, 3 están en conversaciones con la propiedad para conseguir alquileres sociales. No obstante, todavía no se ha firmado ningún alquiler social, pese a que en un caso -de nuevo, Sierra de Llerena- las negociaciones comenzaron hace ya más de tres años y se ha entregado en varias ocasiones la documentación requerida por la propiedad. A estos bloques se suman tres viviendas individuales, pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social y localizadas en el municipio de Arganda.
«Todas estas situaciones estarían más que solucionadas si el Congreso legislara para asegurar los alquileres sociales, la vivienda pública, los suministros y la segunda oportunidad para miles de hogares», recordó Sanz, algo a lo que se niega el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. «Mientras el Congreso no legisle en el sentido presentado por la Ley de la PAH, seguiremos llevando nuestras propuestas en todos los niveles, como hoy hemos hecho con esta propuesta de convenio. Y recurriremos a la desobediencia civil y a la acción directa si a pesar de todo estas propuestas no son escuchadas», concluyó.