Lo que puede observar diariamente cualquier ciudadano colombiano, sobre la errática, irresponsable y perversa conducción de los destinos de la nación, le pueden explicar y demostrar que Colombia ha sido gobernada, desde siempre, por una aristocracia de rango, de riqueza, de oportunismo burocrático y corrupta, que ha sometido a la comunidad nacional a un testado de servidumbre y resignación, bajo el disfraz de democracia, libertad, coadyuvadas por el embrujo del consumismo.
Bajo esa visión, objetivos e hipocresía, planificaron y lograron el conformismo social colectivo, que les ha permitido mantener el poder institucional y económico, indefinidamente, hasta el presente.
Los resultados están a la vista. Todo contra el buen suceso socioeconómico, institucional, social y moral.
Ahí están las causas de del caos y la anarquía institucional, la politiquería, el clientelismo con su desastrosos resultados: corrupción generalizada, apocalíptica inseguridad ciudadana, pobreza y miseria, como caldos de cultivo para el narcotráfico y el crimen organizado, que han convertido a Colombia en Estado Fallido.
La corrupción es consecuencia directa de la laxitud institucional y del sesgado marco legal que la sustenta. Así fue concebido e instrumentada desde los órganos del poder público, con complicidad de la misma sociedad que la tolera y reelige a sus representantes en las esferas del poder.
Lo comprueba el diabólico espectáculo de politiquería, clientelismo y corrupción que desarrolla el régimen, desde las altas esferas del gobierno de turno, para interferir y direccionar el presente proceso electoral.
Para asegurar el propósito y objetivo, todos los gobiernos cooptan órganos de poder específicos, como la Procuradurías General de la nación, la Fiscalía y la Contraloría General, para tenerlas a su especial servicio. Eso hizo Duque Márquez y lo podemos evidenciar hoy.
El origen y existencia de organizaciones criminales e ilegales tienen relación directa con la irresponsabilidad, oportunismo, debilidad institucional y concupiscencia del poder.
Organizaciones no gubernamentales diversas, señalan cifras billonarias, robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones comprueban algunas. Pero el poder institucional, no entiende la gravedad del crimen, ni articula procedimientos para derrotar el flagelo. El presente gobierno hizo su aporte con la eliminación de la ley de garantías y con ella le abrió un boquete de más de $50 billones al presupuesto nacional.
La corrupción y la descomposición moral y ética del poder han alcanzado dinámicas que se tornan incontenibles. La corrupción propició el colapso de los partidos políticos y descomposición moral generalizada, del poder público.
Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público.
Son prueba de ello, las andanzas frecuentes de don Cesar Gaviria, don Vargas Lleras, el mañoso cirirí y fatalidad nacional, Uribe Vélez, entre muchos otros
Los resultados del ejercicio del poder público, son exponencialmente nefastos y evidentes, para las mayorías, empobrecidas y excluidas, como ridículas y diabólicas las acciones del poder y sus usufructuarios.
Lo prueba el hecho de que, en los últimos 60 años, en todos los niveles del poder púbico, cada gobernante ha resultado peor que el anterior, con muy escasas excepciones.
De ese infeccioso caldo de cultivo, se nutrieron y nutren los Carteles de la Toga, del Soat, de exmagistrados y jueces corruptos, carteles de las concesiones viales, la contratación pública, de las pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de Comfamiliar del Huila y Medilacer , de los alimentos escolares PAE, etc., etc. Los resultados de las investigaciones son pírricos y ridículos. Ya transcurrieron más de dos años, y el perverso alcalde de Neiva y sus secuaces siguen sueltos.
¿La institucionalidad y el poder institucional al servicio de los delincuentes?
Muchos hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrato, peculado, etc., la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción ha torpedea los procesos, para evitar resultados en derecho.
Esos delincuentes, han gozado de la impunidad y complicidad social, al convertirlos en personajes admirados, mientras se apropiaban de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.
Bajo el panorama sombrío que amenaza a los colombianos y ante la proximidad de la elección de nueva administración del estado colombiano, las mayorías nacionales, excluidas, humilladas y ofendidas, debe decidir rescatar a Colombia del desastre socioeconómico, ético, moral e institucional que le propiciaron las élites gobernantes durante más de doscientos años de ejercicio del poder público.
Lograrlo es posible mediante la elección de un gobernante probo y capaz de hacer posible la reconstrucción nacional integral.
Colombia demanda ser reconstruida, desde los escombros en que la convirtieron, quienes la han gobernado hasta hoy.
Los grotescos procedimientos que desarrollan desde la presidencia de la república y altos órganos de poder, están calculados y dirigidos a mantenerse en el poder, sin resolver ni atender la satisfacción los derechos legítimos de los colombianos, ni el desarrollo integral nacional.
La reconstrucción nacional, debe cubrir todos los estadios de la administración pública, en todos los aspectos. Educación, salud, empresarial, agropecuario, financiero, etc., articulados con un marco legal acorde con los requerimientos del desastre institucional, en que está sumida Colombia.
Debe atacar de raíz la corrupción y la impunidad, de manera que todo criminal de cuello blanco y sus cerebros y asociados, deben resarcir el daño causado y ser excluidos por ley, del servicio público y la contratación con el estado, por el resto de su vida.
Ese tipo de decisión nunca los aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige. Son condiciones, hechos y resultados que, junto con el controvertido marco legal vigente y la crisis socioeconómica y moral, del estado y la sociedad, tipifican el estado fallido.
Si se tiene la certidumbre que el Congreso no aprueba una reforma vertebral e inaplazable, el gobierno debe convocar al Constituyente Primario y asistirlo en el proceso, hasta lograr el propósito. Son condiciones que se le deben exigir al candidato, para poder reconstruir a Colombia.
Entre todos los candidatos, Petro es el único que es capaz de comprometerse y cumplirlo esos propósitos
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