La crisis crónica; social, económica, política, jurídica, criminal e institucional, que ha padecido y padece Colombia, es consecuencia de tipificas condiciones políticas y socioculturales, impuestas desde las altas esferas del poder, mediante exclusión socioeconómica y política, que propiciaron y arraigaron la conciencia social, que se advierte en la comunidad nacional.
Recordemos aquel principio apodíctico incuestionable: la existencia social determina la conciencia social. Muy pocas personas son conscientes de su realismo y efectos, que pueden revertirse con formación académica-cultural específica.
Las condiciones de degradación social, lejos de revertirse, se han profundizado y degradado sistemáticamente, a partir de 1810, hasta el presente. Los hechos criminales y los resultados del ejercicio del poder lo confirman.
Al respecto, Simón Bolívar lo previó. En 1828 expresó: “En Colombia, impera la servidumbre del pueblo, siempre oprimido por los militares, clérigos, abogados y doctores y eso sucedería aún con la Constitución más democrática, porque depende de la poca educación y del arraigo de las costumbres de sumisión. En Colombia hay una aristocracia de rango, de riqueza y de empleos, equivalente por sus pretensiones a la aristocracia de título y de nacimiento en Europa. Pero considero que las leyes y la educación, podrían ir poco a poco estableciendo el equilibrio social”.
Era la visión y percepción certera del Libertador, hace casi dos siglos, sobre las prácticas políticas y sociales y tendencias en el ejercicio de la política y el poder público en la naciente república de Colombia. No se equivocó.
Y luego, a finales de la década de los 80, 152 años después del presagio del Libertador, el candidato liberal a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán, ante lo que acontecía en el ejercicio de la política y el poder público, en Colombia, expresó su criterio, en los siguientes términos: “Colombia esta dominada por unas élites políticas que, convirtieron la administración del Estado en un Botín, que se lo reparten en pedazos”.
A la fecha, el panorama político, económico, social e institucional, no ha mejorado. Se ha degradado y profundizado más, con el arraigo del narcotráfico, sin que los usufructuarios del poder político, entiendan la gravedad de su actuar y contumacia.
Nunca ha habido voluntad política, ni responsabilidad ética y social de las élites en el poder, hasta el presente, para ejercer la función pública para beneficiar a todos los ciudadanos y lograr desarrollo integral de la nación.
Los resultados están a la vista. Observemos la contumacia y perversidad de la oposición en el Congreso, contra las reformas planteadas por el poder Ejecutivo.
Lo único que prospera y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la criminalidad, el narcotráfico, la segregación social y económica, la corrupción, la impunidad y la anarquía institucional, que se catapultaron en las últimas décadas.
Los resultados: la incontenible violencia y criminalidad, extendida por toda la geografía nacional, el subdesarrollo y la perversidad del poder.
Ante la amenaza de la realidad nacional, ninguno de los actuales candidatos actuales, a la presidencia, plantea ninguna solución práctica, coherente y racional.
Los planteamientos y soluciones deben ser racionales, integrales y sustentables. Respecto a la visión premonitoria del excandidato Galán:
La corrupción, en Colombia, penetró todas las instancias del poder y de la actividad pública y privada. Las investigaciones y la impunidad lo confirman.
Encuestas e investigaciones señalan que empresarios-contratistas precisan que para acceder a contratación pública tenían y tienen que pagar coima. Resultados de encuestas: en 2008, el 54% tuvo que pagar coima; en 2010, el 56% ; en 2014, el 62%, y en 2015, el 94% y que la infraestructura pública, frecuentemente cuesta entre dos y tres veces más, que en el resto del continente. Y nadie se inmuta. Y nadie se inmuta.
Además, otras investigaciones de entidades especializadas, realizadas en los últimos años, concluyeron que por corrupción en Colombia, el fisco público pierde anualmente más de $60 billones, mientras el déficit fiscal crece.
El poder público es ejercido por unas castas políticas y económicas, regidas por un marco institucional laxo, garante de impunidad y de garantías de defensa de los intereses exclusivos de los círculos políticos y económicos que cogobiernan.
La escueta realidad consiste en que sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, la impunidad y el caos institucional, el declive ético y moral del poder en Colombia, alcanzará niveles de anarquía total, similares a México, Haití, Argentina, Ecuador, entre otros.
Sobre corrupción en el poder hay ejemplos emblemáticos y de impresionante cinismo. Entre infinitos casos: Refinería de Cartagena: se robaron más de $13 billones, según Contraloría General, pero el pérfido ministro de Hacienda de la época señaló como responsable al subcontratista, la Chicago Bridge and Iron (CB&I). Ocultó responsabilidades y hoy es candidato a la presidencia de Colombia 2026-2030.
Hay muchos casos similares: Ruta del Sol 2, Odebrech-Luis Carlos Sarmiento Angulo, Variante Rosas-La Sierra en el actual gobierno, Carrotanques y el Aguita de los guajiros. Elefantes Blancos del Huila: El Reservorio, placas Huella, Plantas de Tratamiento de AR, Rehabilitación de la Ruta 45, Carrotanque (Bomberos Huila)-Dusán 2022. El Huila es un polo de corrupción, con registros de dineros públicos robados, que superan los $5.3 billones, en las últimas administraciones y con alcaldes presos o prófugos de la justicia.
Otros en la nación: El Puente rizado Isgaura, viaducto Los Grillos (Santander), la Mojana-Cara de Gato, colapso de los ferrocarriles, la mayoría de concesiones viales nacionales, el festín de recursos públicos en el Sistema de Salud, etc.,etc.
Los órganos de control, el gobierno, los políticos (no hay. Hay politiqueros y delincuentes de cuello blanco) y burócratas de carrera, conocen las causas y consecuencia de la corrupción. La impunidad los protege.
Ante el desastre moral, ético, económico, administrativo y sociopolítico, las élites que desde siempre han gobernado a Colombia, directa o indirectamente, son los responsables del desastre nacional. Guardan silencio, y hoy, prefieren oponerse a todos los programas de desarrollo nacional.
Los responsables únicos, de toda la problemática socioeconómico, de inseguridad e institucional y del precario desarrollo, son los sucesivos gobiernos y la clase política que los secunda y usufructúa, desde hace más de 200 años. 14-06-2025
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.